Chihuahua., Chih

A nivel mundial, México desafortunadamente es una de las naciones más afectadas a consecuencia de los crímenes cibernéticos, que continúan en aumento y permanecen en la más completa impunidad, ya que tan solo entre enero y junio del año en curso nuestra nación sufrió la cantidad extraordinaria de 3.1 mil millones de intentos de hackeo cibernético.

La proliferación y el aumento en la cantidad de ciberdelitos en nuestro país, debería de ser motivo suficiente de preocupación para la ciudadanía y sus representantes, ya que, según información recopilada por firmas internacionales dedicadas a la ciberseguridad, como KPMG o Cyber Edge respectivamente, las cuáles ubican a nuestro país en la tercera posición a nivel mundial en número de ataques cibernéticos y en el primer puesto a nivel mundial en la  consecución y éxito de  ataques cibernéticos, la mayoría de los cuáles no son castigados por las  autoridades competentes. (Con información de Rafael Ramírez, El Sol de México, 21/09/20).

Inclusive los comicios electorales  del próximo domingo 6 de junio, tras haber arrancado oficialmente a inicios del mes presente el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se encuentran bajo amenaza ante la vulnerabilidad de la ciberseguridad en nuestro país, ante lo cuál piratas informáticos y cibercriminales buscarán  aprovecharse de estas fallas cibernéticas, en este caso situadas específicamente en el sistema electoral de cómputo, como consecuencia del recorte de fondos presupuestados destinados a la defensa  del ciberespacio en nuestro país.

Sin embargo, considero que además debo de externar mi preocupación hacia la reciente propuesta del diputado federal por el partido gobernante Morena, Javier Salinas Narváez, de incluir a personal militar proveniente de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, tales como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional en tareas dedicadas a la vigilancia y el monitoreo informático en nuestro país.

Considero que tales tareas, sumadas a la vigilancia de puertos y aduanas del país, así como la construcción de obras y bancos públicos no corresponden a nuestras Fuerzas Armadas, tales funciones deberían de corresponder a un organismo autónomo e imparcial, con mandos civiles y no militares; sin embargo la creación de tareas dedicadas a la vigilancia, la seguridad y el desmantelamiento de estructuras y organizaciones criminales sí lo es.

La militarización de la vida pública del país corresponde a uno de los ejes actuales que utiliza la actual administración federal para posicionarse y mostrar fortaleza, sin embargo, en una nación soberana y con sólidos valores democráticos, tal propuesta correspondería a un agravio hacia las normas jurídicas y a la salud de la vida democrática en nuestro país.

El Ejército no puede convertirse en el "Gran Hermano" de la nación, teniendo a su disposición la vigilancia y el monitoreo constante de la ciudadanía mexicana.

Por un lado, considero que es algo positivo el que los legisladores mexicanos hayan mostrado señales de preocupación ante el aumento de crímenes cibernéticos, presentando al menos tres propuestas destinadas a combatir está problemática moderna, que amenaza con convertirse en un futuro no tan lejano en una verdadera bomba de relojería.

La polémica propuesta del diputado Nárvaez contempla modificar el artículo 73 de nuestra Carta Magna, con el fin de crear una defensa cibernética encaminada a realizar "un esfuerzo que debe darse para proteger a la sociedad, en la que estarían involucradas instituciones importantes como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, entre otras, reforzando los mecanismos de prevención e investigación del delito".

Organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos en el ciberespacio mostraron su preocupación hacia este proyecto de ley, el cual busca vendría a sumarse a la extensa lista de funciones que el Gobierno Federal busca delegar a las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, también se encuentra la propuesta realizada a inicios de mes por el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, para fomentar la creación de una Ley General de Ciberseguridad, la cuál busca impartir penas que van desde 8 a 12 años en prisión, así como cuantiosas multas que según informó El Sol de México "van de 800 a 2 mil veces la unidad de medida y actualización vigente".

Finalmente contamos con la propuesta de reformar a la Ley de Seguridad Interior, con el fin de calificar a los hackeos cibernéticos como una severa amenazada a la seguridad nacional, realizada por la diputada perteneciente al también partido Morena, Eugenia Hernández.

Según afirmó Hernández  en una ocasión, este proyecto de ley surgió a la luz a raíz del ataque cibernético que sufrió la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando su infraestructura cibernética se vio vulnerada por ciberpiratas que exigían un rescate de cinco millones de dólares estadounidenses, a cambio de devolver la información sustraída ilegalmente.

La ciberseguridad no solo es un mecanismo clave para proteger la información vital de las empresas, de la ciudadanía y de sus instituciones democráticas, también debería de ser una prioridad y un tema que debería incluirse más en la conversación y en el escenario nacional, regional e incluso internacional, ya que además de ser actos ilícitos que afectan al patrimonio y a la seguridad de los ciudadanos mexicanos, también le cuesta mucho dinero a las finanzas públicas del país ya que, según estimaciones divulgadas por instituciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), cada año los delitos cibernéticos pueden causar pérdidas a la economía nacional por hasta 9 mil millones de dólares estadounidenses.

Sumándole a esta compleja operación aritmética, el aumento del comercio electrónico y el pago por la vía digital, a raíz de la pandemia actual de Covid-19, el número de ciberdelitos podría aumentar exponencialmente en el transcurso de los próximos meses.

La seguridad cibernética de una nación no debería de ser tomada a la ligera o a modo de broma, es un asunto importante que personalmente espero que adquiera la importancia que debería de tener.

Es una de las asignaturas pendientes y uno de los retos del México moderno.