Chihuahua, Chih.

El 26 de septiembre pasado, mientras los familiares de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa, abrigados por miles de estudiantes, trabajadores y pueblo en general en la Ciudad de México y otros muchos estados de la República, exigían justicia, ese mismo día un juez federal dictó auto de libertad a favor de 8 implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos Hildardo López, alías “El Gil”, que la PGR identificó como líder de los Guerreros Unidos, quien ordenó levantar y asesinar a los estudiantes.

El juez primero de distrito de procesos penales, con residencia en Tamaulipas, decretó la libertad de esos sujetos por “falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada”.

Lo de siempre. El ministerio público deliberadamente integra mal y de malas la carpeta de la investigación para que el juez no tenga “elementos suficientes de prueba” para procesar al imputado.

Así se las gastan para burlar la justicia.

Tan ese así, que ese mismo día, al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, ícono de la corrupción y ahora también de la impunidad, se le redujo la pena de cárcel de 25 a 40 años que por ley se le aplicaría, gracias a que la Procuraduría General de la República (PGR), “no pudo” acreditar el delito de Delincuencia Organizada y Operaciones con recursos de Procedencia ilícita (Lavado de dinero).

Todo estaba fríamente calculado. Desde el 21 de Agosto pasado, la PGR retiró el delito de delincuencia organizada y lo sustituyó por el de Asociación Delictuosa, que no es considerado delito grave y por tanto tiene una penalidad menor al de delincuencia organizada (de 5 a 10 años de prisión).

Desde luego, el ex gobernador durante el proceso abreviado que se le realizó, aceptó ser responsable de los delitos de Asociación Delictuosa y lavado de dinero que se le imputan, sin inmutarse e inclusive con alegría pues no solo se le redujo la pena de prisión (la cual, “si se porta bien”, se le puede rebajar otros tres años), sino además se le impuso una multa de solo 60 mil pesos, ya que por tratarse de delitos formales quedó exonerado de la reparación del daño, por aceptar entregar 41 bienes patrimoniales ( 21 terrenos y 20 propiedades).

Vaya que le salió barato. El ex gobernador, hoy en prisión, desvió más de 75 mil millones de pesos y posee un total de 80 propiedades, según se ha informado, en diversos medios de comunicación.

En este caso, no hubo “falta de elementos de la PGR” para probar la culpabilidad de Javier Duarte. Los ministerios públicos se esforzaron al máximo para demostrar que el ex gobernador era culpable de los delitos referidos.

Todo estaba debidamente armado. Llevaron documentos y testimonios, no de las víctimas o de denunciantes, sino de ex colaboradores del primer círculo en el gobierno de Javier Duarte, que de operadores del desfalco del erario pasaron a ser “testigos protegidos”, para no ir a parar a la cárcel, cada uno de los cuales declaró cual fue su función en el desvío de recursos de las finanzas estatales.

Tan estructurada estaba la pantomima, que el juez Marco Tapia miraba fijamente a Javier Duarte, y le cuestionaba una y otra vez, si aceptaba su culpabilidad, como lo relata el portal Animal Político:

Comparto dos preguntas que el Juez hizo al ex gobernador durante el juicio abreviado.

“¿Quiere renunciar a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, que usted es culpable de lo que se le acusa?”

Respuesta de Duarte: “sí su señoría”.

“Entonces le voy a volver a hacer la misma pregunta para que no queden dudas…” ¿Admite usted, en este momento, la responsabilidad de los delitos que se le imputan?

Respuesta: “En base al principio de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta…si su señoría la acepto.”

La última respuesta me llamó poderosamente la atención porque unos días antes del proceso abreviado, en una entrevista con un periodista, hizo uso de ella, para demostrar que no tenía rencor a nadie, pues “yo solo fui el pagador de contratos falsos a empresas fantasmas con dinero del erario”, dijo de manera socarrona.

¿A que lealtad e institucionalidad se refiere este ícono de la corrupción y la inmunidad?

Indudablemente a la que pactó con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Es evidente que desde que presentó su renuncia a la gubernatura, convino con Peña Nieto, asumir en lo personal toda la responsabilidad del desfalco financiero, a cambio de que no se detuviera y procesara a su esposa de una parte, y de la otra, que la PGR fuera benevolente en su proceso jurídico penal.

Los dos han respetado ese pacto de impunidad a la corrupción que, desde mi punto de vista, también se está utilizando para blindarse mutuamente de la verdadera justicia y medir fuerzas con el próximo presidente de la República.

Tengo para mí que la orden de libertad al líder de Guerreros Unidos que levantaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la misma PGR, y la reducción de la pena de prisión a Javier Duarte, las dos el mismo día del cuarto aniversario de la tragedia de Iguala, no es casual.

No hay que olvidar que algo similar ocurrió el 21 de agosto, día en el que inició el proceso formal de transición de poderes y se puso en libertad a Elba Esther Gordillo y la PGR anunció que se reduciría la pena de prisión al ex gobernador de Veracruz porque no se le pudo acreditar el delito de delincuencia organizada.

En política no hay casualidades. Se miden fuerzas abierta o soterradamente mediante actos desafiantes que obstaculicen al adversario para demostrar que tienen músculo y pueden descarriarlo.

Espero que AMLO descifre el mensaje que le están enviando y actúe en consecuencia.

De no ser así, la cara oculta de la impunidad que prevalece en el sistema de Procuración y Administración de Justicia, seguirá vigente, para desgracia de su gobierno y de los ciudadanos.