Chihuahua, Chih.

En un acto que inmediatamente nos retrotrajo a las primeras semanas-meses del gobierno de Javier Corral, la gobernadora Maru Campos reveló lo que, sin duda, constituye una de las informaciones más escandalosas referentes al gobierno de su antecesor:

“La gobernadora Maru Campos dio a conocer que fueron detectados 583 ‘becarios’ que durante la administración pasada cobraban 20 mil pesos mensuales sin tener funciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Social… En total, el gobierno de Javier Corral Jurado destinaba cada mes 11 millones 600 mil pesos para el pago a ‘aviadores’, sólo en esa dependencia”. (Nota de C. González, O Chávez, C. Lozano, El Diario, 1/X/21). 

Indudablemente que la administración corralista adoleció de gravísimas fallas: Mala administración; adquisiciones y adjudicación de obras y servicios de manera ilegal; un derroche, este sí faraónico, -parodiando las expresiones del priismo, con las que calificó a varios de los actos del entonces gobernador Francisco Barrio-, además de un inmenso caudal de irregularidades, entre las que destacan sobremanera el descuidado ejercicio del presupuesto.

Todas y cada una de ellas, que ameriten sanciones penales y/o administrativas, deberán seguirse puntualmente. Sobran las razones para hacerlo, pero el nuevo grupo gobernante está obligado a ser extremadamente cuidadoso en la denuncia del desastre dejado por Corral; el fracaso de éste en el enjuiciamiento del exgobernador Duarte y varios de sus colaboradores está muy presente.

No puede repetirse semejante frustración ciudadana.

Y es que, si bien coinciden en la cifra final, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, reveló que, como fruto de la revisión de la cuenta pública 2018 del gobierno del estado, encontraron que “dicha dependencia utilizó un recurso para programas sociales para financiar el pago de nómina de colaboradores, según los resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Estatal 2018”, cosa que es indebida, pues resultó que una parte de los beneficiarios de los programas eran las personas encargadas de ejecutarlos, lo que es violatorio de la ley. (Nota de Bernardo Islas, El Diario, 3/X/21).

La ASE encontró que se habían empleado alrededor de 11 millones 600 mil pesos de los programas para el pago de salarios de los encargados de los programas, pero la cifra era de todo el año.

Detectó que “la Secretaría de Desarrollo Social realizó gastos del 1 de enero al 7 de septiembre de 2018, para la realización de eventos para personas mayores ‘MACHÍ’, por lo cual se erogaron 7 millones 935 mil 825 pesos por concepto de ‘pago de subsidios’ para colaboradores de programas, sin que exista la obligación para efectuar esos ‘por lo cual se encuentran injustificados’, resolvió la Auditoría Superior del Estado. El dinero estaba destinado al programa social “Atención Sujetos Prioritarios 2018”. (Ibídem).

En otra observación, la ASE encontró un gasto de 3 millones 676 mil 210 pesos por el mismo concepto y extraídos del programa mencionado.

La respuesta de la dependencia no satisfizo a la ASE debido a que violó los “Lineamientos para el ejercicio del gasto público del 2018”, que establecía la prohibición de gastar el dinero destinado a usarse en los “eventos para personas mayores y no para el pago de quincenas a los colaboradores de programas”.

Ante esos hallazgos, la ASE presentó una denuncia administrativa el 1 de Junio de 2020 ante la Secretaría de la Función Pública.

A raíz de las “observaciones” hechas por la ASE (así se le denomina, en el lenguaje técnico de las revisiones de las cuentas públicas, a las irregularidades encontradas en las auditorías, las que se someten a los funcionarios de la dependencia auditada, para que justifiquen la supuesta irregularidad y si a juicio de la ASE no hay justificación legal, entonces deberán derivarse a la Secretaría de la Función Pública, o a la Fiscalía General, según sea el caso) la Secretaría de Desarrollo Social le cambió la denominación al personal empleado.

Pasaron de ser “colaboradores” en tiempos de Víctor Quintana, a “becarios” con Luis Aguilar y Ramón Galindo, lo que tampoco se justifica y así se los “observó” la ASE. No se pueden emplear recursos de los programas sociales para el pago de nómina.

El auditor Acosta Félix, en el curso de una entrevista radiofónica (Aserto-Radio, 5/X/21),  dijo desconocer de dónde provenía la información ofrecida por la gobernadora Campos, aunque le llamó la atención la coincidencia del dato y se mostró de acuerdo en la postura anunciada por Mario Vázquez, líder de los diputados del PAN, en solicitarle a la ASE una revisión de los datos informados por Maru Campos pues, tanto Víctor Quintana, como Luis Aguilar y Ramón Galindo, negaron la existencia de los “aviadores”.

Víctor Quintana Silveyra negó que durante su gestión haya contratado becarios y aclaró que el personal encargado de la operación de centros comunitarios, promotores en colonias populares, trabajadores sociales y terapeutas, entre otros, laboran bajo un esquema especial de subsidios y contratos eventuales debido a que no había plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda “y con percepciones de máximo 15 mil pesos, no de 20 mil, como dijo la gobernadora”. (Nota de C. González, O Chávez, C. Lozano, El Diario, 1/X/21).

A su vez, el ahora diputado panista Luis Aguilar confirmó lo anterior pero le agregó el dato de que las percepciones de colaboradores-becarios iban desde los 8 mil a los 20 mil pesos.

Más enfático resultó ser el también ex secretario de SEDESO, Ramón Galindo Noriega, quien dijo que “No saben del tema (Maru y denunciantes), es una falta de respeto a las personas y es muy fácil, si están encontrando 583 aviadores, que pongan la denuncia, no los van a encontrar”. (Nota de El Puntero, 1/X/21).

Y a pesar de lo sostenido por el Auditor Héctor Acosta, Galindo defiende, aún hoy, que no hay irregularidad en el hecho de contratar gente bajo el “régimen de beca o subsidio”.

Bueno, a las irregularidades ya detectadas por la ASE, deberán sumarse las cometidas en agravio de los trabajadores contratados (si es que existieron en el número señalado, tanto por la gobernadora, como por los exsecretarios) bajo el peor esquema laboral, sin prestaciones, sin contrato de por medio y en la mayor de las incertidumbres.

Pero cualquiera que fuera el caso, tanto la ASE, como el gobierno del estado están obligados a aportar todos los elementos informativos del caso y proceder en consecuencia y, sobre todo, cesar la contratación de personal bajo ese esquema, ideal para el uso patrimonialista del erario en beneficio del partido de los gobernantes.

Conforme pasen los días, tendremos acceso a más información pues la Secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, denunció el hallazgo de más aviadores, información coincidente con la publicada por El Diario, quien publicó el caso de “Yadira Zelene Ortiz Gamboa, hermana de la extitular del DIF Estatal, así como de Ramón Alberto Gamboa Armendáriz y otro miembro de la nómina identificado como Jorge Antonio, ambos primos de Chavira, así como de Carlos Alejandro Silva Carrasco, primo de Javier Corral, todos ellos parte de un grupo de 10 aviadores identificados en la Secretaría de Desarrollo Rural…”. (Nota de César Lozano, El Diario, 4/X/21).

Y también el Secretario de Educación Pública, Javier González Mocken, informó del hallazgo de 60 “aviadores” en esa dependencia.

De ser cierta toda esa información -y la que resulte- podremos apreciar en toda su magnitud el desastre de la docena trágica que significaron para Chihuahua los gobiernos de Corral y Duarte.

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