A más de 100 días de gobierno, Javier Corral dio a conocer el ‘Acuerdo Ejecutivo’ en el que se especifican las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público que habrán de ser aplicadas por los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal. Dichas medidas, podrían ser consideradas como un agregado de la “Exposición de Motivos” del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2017.

En efecto, ya desde diciembre pasado, todos conocíamos las pretensiones de Javier Corral en materia presupuestal: “asumir el firme compromiso de establecer un plan de austeridad que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit con el que se da inicio a la presente administración”. Tal pretensión, “sería posible por un lado, generando ahorros en el gasto y sobre todo con una mejor eficiencia en el control y seguimiento del gasto, y por otro buscando maneras innovadoras de obtener recursos adicionales”.

Sin embargo, la simple lectura del ‘Acuerdo de Austeridad’ corrobora nuestra opinión en el sentido de que la ‘austeridad corralista’ no es otra cosa que una mera reducción parcial de gastos operativos. Insisto, el ‘Acuerdo Ejecutivo’ de Corral no contiene, en forma alguna, políticas públicas novedosas y trascendentales; sino tan solo, simples medidas ahorrativas coyunturales. Las medidas más relevantes son, a mi parecer, las siguientes:

a) Los gastos que realicen los funcionarios del Poder Ejecutivo, en contravención a las directrices de austeridad, “no serán sujetos de pago por la Dirección General de Egresos”. Yo me pregunto: ¿Cómo y cuándo van a saber los afectados, si la erogación oficial satisface o no las medidas de austeridad? La respuesta es obvia: Cuando vayan a cobrar el pago del servicio y les digan que su pago fue rechazado por haberse incumplido la orden del ‘Señor Gobernador’.

b) Por fin, Javier Corral optó por vender la Casa de Gobierno y la oficina alterna del Gobernador del Estado. Para tal efecto, habrá de girar la correspondiente ‘instrucción’ al Congreso para que éste, a su vez, apruebe la desincorporación de activos, de todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles que se enumeran en el acuerdo de austeridad que no ocupa.

c) En términos parecidos, “se ordena la venta de la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, con el propósito de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y el déficit presupuestal, así como eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las distintas aeronaves”.

Paralelamente a esta medida, se prohíbe a todo el personal del gobierno estatal comprar de boletos de avión en primera clase; y hasta el ‘Señor Gobernador’ viajará, preferentemente, en vuelos comerciales. Y en aquellos casos que se requiera y se justifique, se recurrirá al arrendamiento de aeronaves.

Sin embargo, en el acuerdo de austeridad se precisa que la Fiscalía General conservará el helicóptero Bell 206 matrícula XC-LJA, “para cubrir las necesidades indispensables de los traslados a las poblaciones serranas de la entidad y otros traslados que lo justifiquen.

Adicionalmente, se ordena la venta, mediante subasta pública, de 500 unidades que estaban destinadas a ‘usos no sustantivos’ del servicio público, lo cual permitirá al gobierno estatal, además del ingreso por su venta, obtener ahorros en materia de combustibles, mantenimiento y seguros.

d) Las dependencias del Poder Ejecutivo se “abstendrán de contratar personal adicional eventual, por honorarios, o cualquier otra modalidad, para desarrollar ‘funciones no sustantivas’. Y las entidades del sector paraestatal, deberán de ajustar sus tabuladores de sueldos, a fin de ajustar los sueldos, tomando en cuenta las “funciones similares en la administración centralizada”.

e) Javier Corral -aduciendo un pleno respeto a la división de poderes, a la independencia de los órganos autónomos y a los ayuntamientos- reitera el exhorto a sus titulares e integrantes para “generar las medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público de sus respectivas competencias, con el propósito de que todos los que ejercemos la función pública contribuyamos al manejo responsable de los recursos que aporta el pueblo de Chihuahua”.



¿DECRETO U ACUERDO?

Javier Corral ha sido duramente criticado por la mayoría de los analistas políticos por dar muestras inequívocas de que sigue comportándose como candidato.

En esta ocasión, con motivo del ‘Acuerdo Ejecutivo’ mediante el cual habrán de implementarse medidas coyunturales de austeridad en el gasto público, resulta sumamente criticable que -dada su vasta experiencia y prestigio como legislador federal- pretenda equiparar un ‘acuerdo’ emitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con un Decreto Legislativo.

¿Acaso no es una ocurrencia mayúscula, pretender que el ‘Acuerdo de Austeridad’ surta efectos hasta que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado?

Y no se diga de la aberración jurídico-política de que un ‘Acuerdo Ejecutivo’ conlleve la derogación de “todas aquellas disposiciones que contravengan lo previsto en el presente Acuerdo”.

Yo me pregunto: Su cuerpo de asesores, ¿Está a la altura de las circunstancias políticas que exige un gobierno emanado de una alternancia electoral? O bien, Dado su carácter visceral y conflictivo, ¿Javier asume, prematuramente, el papel de gobernante autoritario y prepotente?