Chihuahua, Chih.
He sido insistente en reiterar que el Presupuesto de Egresos 2023 (PE) del Gobierno del Estado ‘oficializa’ el dispendio institucionalizado del gasto público; lo anterior, dada cuenta que la política financiera del actual gobierno estatal no tiene contemplado implementar una drástica reducción del gasto público acorde a la austeridad que exige la optimización del erario estatal y la ciudadanía.
En otras palabras, tal y como se aprobó el PE, el déficit financiero del Gobierno del Estado crece, día con día, haciendo imposible promover acciones que beneficien -a corto y mediano plazo- a la sociedad chihuahuense; dado el dispendio cotidiano y generalizado de recursos públicos. Acreditémoslo:
1. En el PE 2023, no se refleja que el gasto público vaya encaminado a cumplir una ‘planeación para el desarrollo’ social; entendida como “la ordenación racional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de gobierno, a fin de elevar la calidad de vida de su población”.
2. En materia salarial, se mantienen los inmerecidos sueldos de los organismos autónomos. En el caso del TEE, a pesar de que se redujo el número de magistrados electorales, el presupuesto autorizado es el mismo del año 2022.
3. Por insanos intereses políticos, se mantienen los fideicomisos del FICOSEC y del FECHAC, con un gasto de 450 millones de pesos y 225 millones de pesos, respectivamente; a pesar de que las ‘atribuciones’ de estos dos fideicomisos estatales, son funciones duplicadas y propias del Estado.
4. El gasto autorizado a la Secretaría de Coordinación del Gabinete, es un gasto estratosférico e irracional: de casi 450 millones de pesos; la misma cantidad que se eroga en el fideicomiso del FICOSEC; y más del doble del gasto autorizado al TEE, TEJA e ICHITAIP, juntos.
5. En materia de obra pública, al día de hoy, la inversión estatal es mínima; al extremo de que no existe obra ‘emblemática’ alguna que sea representativa de la actual Administración Pública estatal.
6. En cuanto al salario burocrático, los tabuladores de los servidores públicos estatales, no cumplen los requisitos constitucionales, en virtud de que entre el salario y la responsabilidad de los burócratas no hay proporcionalidad alguna.
7. No olvidemos que los dos últimos gobernadores (César ’El Vulgar Ladrón’ Duarte y Javier ‘El Inútil’ Corral) emitieron sendos planes de austeridad, que no pasaron de ser una farsa política y un vil engaño a la ciudadanía chihuahuense.
8. Al día de hoy, el actual gobierno estatal no ha implementado ninguna política pública tendiente a reducir, considerablemente, el gasto público.
Yo me pregunto:
¿Habrá alguien que le explique a Maru que, sin una política de austeridad, se violenta el principio de racionalidad del gasto público?
¿De plano, Maru no tiene intención alguna de presentar su propio ‘Plan de Austeridad…?
Por otra parte, es oportuno precisar las siguientes consideraciones políticas:
1. El PE constituye el límite máximo del gasto público; el cual se establece no solo financiar la actividad estatal; sino además, para garantizar la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la sociedad.
2. En recientes precedentes jurisprudenciales, el Pleno de la SCJN ha adoptado el criterio de que el gasto público se rige por los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
3, Asimismo, que los pagos a cargo del Estado únicamente deben realizarse siempre y cuando estén previstos en el PE, que genere un control de economía, eficiente y eficaz, en la erogación de los recursos públicos.
4. Luego, “la buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos. Ya que, con sustento en él, deben generarse acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental, para contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales”.
5. En consecuencia, “los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, aunado a la actuación ética y responsable de cada servidor público. Así como la obligación de la administración estatal para crear condiciones de regularidad, funcionalidad, eficacia y eficiencia en favor de los ciudadanos”.
Así las cosas, dado el previsible fracaso de la reforma integral a la Constitución Local, la estructura y organización de la actual Administración Pública estatal que data desde los tiempos del exgobernador Patricio ‘El Rayovac’ Martínez es, sin duda alguna, el mayor obstáculo jurídico-político para que la actual Gobernadora Maru Campos esté en aptitud de sacar adelante su proyecto político sexenal.
Más aún, cuando están a la vuelta de la esquina los procesos electorales concurrentes; y la actividad legislativa se paraliza para evitar, en lo posible, un posible castigo electoral por parte de los electores, con motivo de una pésima y recaudatoria administración pública. ¡Lástima Margarito….!
