Chihuahua, Chih.

El fenómeno de la alternancia es concebido como uno de los efectos más positivos de la democratización en México. Los discursos liberales de la democracia conciben a la alternancia como la posibilidad del cambio, como una herramienta para corregir el rumbo. A quienes se equivocan y pierden el rumbo, se les castiga con el voto en contra y la derrota electoral. A quienes se considera con la capacidad de enmendar los errores y retomar el rumbo, se les premia con el voto a favor y el triunfo electoral.

Aunque en el fondo, la alternancia electoral termina siendo un mecanismo que funciona a través de la fe. Nada garantiza que un gobierno de alternancia pueda desempeñar un mejor papel que su antecesor. Si nada garantiza que el cambio de partido y/o de actores políticos, corrija las formas de gobierno y mejore las condiciones de vida de la sociedad, entonces, puede concluirse que el discurso de la alternancia es engañoso de varias formas.

En las últimas décadas, ha quedado claro que la alternancia no es un mecanismo luminoso de la democracia en México, sino que más bien es un mecanismo lleno de sombras que ha generado más incertidumbres que certidumbres. El caso de Chihuahua es emblemático en este sentido. La alternancia panista en el gobierno del estado en las elecciones de 2016, trae consigo los indicios del fracaso. El gobierno de Javier Corral ha sido criticado y puesto en duda en numerosas ocasiones.

Una de las más recientes críticas al gobierno de Corral se relaciona con el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que poseen un perfil evidentemente panista. “La faena ha sido redonda para el gobernador Corral. De tres magistrados logró colocar a tres de los suyos en esa estructura. Durarán en ellos la friolera de 15 años, tiempo suficiente para que, de presentarse algún imprevisto, como por ejemplo, el hallazgo de alguna cosa mal hecha durante su administración, no haya problema alguno…” (Luis Javier Valero, El Diario de Chihuahua, 2 de junio de 2019).

Otra de las críticas recientes al gobierno panista, que se mueve entre los pasadizos que van del poder ejecutivo al poder legislativo, es la aprobación en el Congreso del Estado de una serie de cuentas que presentan anomalías en su manejo (“Pasan cuentas a pesar de irregularidades graves. Limpian diputados anomalías de Fechac, Ichisal y Pensiones”, El Diario de Chihuahua, 31 de mayo de 2019).

El nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa con una notoria inclinación partidista que beneficia al panismo local, y la aprobación de las cuentas públicas de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el Instituto Chihuahuense de la Salud y Pensiones Civiles del Estado, a pesar de las anomalías, son parte de una serie de acontecimientos que son reprobables en todo sentido.

Tal vez sea un exceso comparar al gobierno de Javier Corral con el de César Duarte. Aunque el panismo chihuahuense ha prohijado y tolerado tácitamente, tanto los actos de corrupción que se han cometido en el actual gobierno del estado, como los actos que rompen con la separación de poderes y con el respeto a la autonomía que deben guardar instancias de gobierno como el ICHITAIP, la Auditoría Superior del Estado o el Tribunal de Justicia Administrativa.

No hay forma de justificar el proceder de un gobierno que ha sido permisivo ante sus propios actos de corrupción y que ha usado el poder para generar un aparato que esté enteramente a las órdenes del gobernador en turno, sin respetar la separación de poderes y sin permitir la presencia de los contrapesos necesarios.

Es obvio que cuando se critica y se lucha contra la corrupción de los otros (de los duartistas), pero se guarda silencio y se bloquean las herramientas para actuar en contra de la corrupción propia (de los funcionarios panistas en el gobierno de Corral), se cometen actos que resultan contradictorios y paradójicos.

El discurso y las acciones que el gobierno de Corral ha emprendido en su lucha contra la corrupción en Chihuahua, está atrapado en la red de agujeros de sus propias contradicciones y paradojas. Este es uno de los desbarrancaderos políticos de los gobiernos panistas en las dos primeras décadas del siglo XXI.

El gobierno del panista Ernesto Ruffo en Baja California, el primer bastión de la alternancia democrática en México desde 1989, quedó desbarrancado 30 años después por las equivocaciones y los actos de corrupción cometidos por el también gobernador panista Kiko Vega. La alternancia, que fue un arma a favor para que el panismo arribara al poder en Baja California, se convirtió en un arma en contra. El gobierno de Kiko Vega terminó jugando a la ruleta rusa y el panismo de ese estado cargará con los costos en los años por venir.

En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, están más que demostradas las equivocaciones y los actos de corrupción cometidos. La esperanza de la alternancia, que surgió con las elecciones federales de los años 2000 y 2006, fue desperdiciada por los panistas a lo largo de 12 años.

En los gobiernos de alternancia, en las elecciones federales y locales, los panistas han demostrado su falta de voluntad y de capacidad política para corregir el rumbo y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

En el caso de Baja California, los errores e inconsistencias tardaron 30 años en aparecer como causas de la derrota del panismo. En el caso de la presidencia de la república, los errores e inconsistencia de los panistas tardaron dos sexenios para arrojar sus efectos negativos.

En Chihuahua, los errores e inconsistencias en el ejercicio de gobierno de Corral se han manifestado de forma acelerada y expedita. Los gobiernos panistas en Chihuahua fracasan demasiado pronto y sin dificultad alguna.

El primer fracaso de la alternancia panista en Chihuahua fue el gobierno de Francisco Barrio, en el sexenio de 1992 a 1998. El PAN perdió la gubernatura en las elecciones de 1998.

Después del gobierno de Barrio, el panismo tardó tres sexenios en regresar a la gubernatura y tal parece que de nueva cuenta, el ejercicio de gobierno, en manos de Javier Corral, está convirtiendo en un fracaso a la alternancia. Los claroscuros y las trampas de la alternancia requieren ser analizadas sobre hechos reales, no en abstracto. El ejercicio de gobierno de Corral en la gubernatura proporciona un cúmulo de hechos y un itinerario que pone en evidencia los fracasos de la alternancia en Chihuahua.

¿Qué le acontece al panismo chihuahuense que no logra consolidarse en el gobierno cuando ha arribado a la gubernatura del estado, en 1992 y en 2016? Los desbarrancaderos del panismo encabezado por Francisco Barrio Terrazas y por Javier Corral tienen que ver: A) con las contradicciones y paradojas de un gobierno que no es químicamente puro, B) con la comisión de errores que resultan políticamente imperdonables por sus costos, C) con la falta de voluntad política para darle tratamiento y salida a problemas que ameritan diálogo y entendimiento y, D) con la falta de capacidad para gobernar con resultados efectivos.

En sus ejercicios de gobierno, Francisco Barrio Terrazas y Javier Corral Jurado encarnan las respuestas a dos preguntas que resulta dolientes para el panismo local: ¿Por qué razones los gobiernos panistas en Chihuahua tienden a fracasar? ¿De qué formas en el ejercicio de gobierno de Barrio y de Corral la alternancia se ha convertido en un mecanismo fallido para mejorar las formas de gobierno y para ofrecer mejores condiciones de vida?

En el caso de Morena, el asunto de la alternancia, como un espacio de oportunidad política, debe quedar muy claro.

Los costos de los aciertos y los errores políticos se cobran, algunas veces demasiado temprano.