Chihuahua, Chih.

Con fecha del 8 de julio de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante la petición de un grupo de jubilados y pensionados de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) emitió la recomendación 37 del 2019, dirigida al CP Alberto José Herrera González, Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

En ella le recomienda girar instrucciones a fin de que se resuelva “lo conducente” respecto a la petición planteada “por los jubilados y pensionados del sector educativo”.

Luego, en la Segunda Recomendación le solicita que “se proceda a la reparación del daño ocasionado en términos de la Ley Estatal de Víctimas” y, finalmente, en la Tercera le pide se “ordenen” las medidas tendientes a garantizar “la no repetición de violaciones a derechos humanos, de similar naturaleza a las analizadas, garantizando la seguridad social respecto al pago íntegro de pensión que reciben los jubilados y pensionados, quienes de manera voluntaria podrán aportar cuotas al sindicato…”.

Resulta que desde muchos años atrás, quizá desde 1980, a los jubilados y pensionados de la Sección 42 del SNTE, Pensiones Civiles les descontaba el 1% de su salario por concepto de cuota sindical.

El dinero era entregado, también de manera irregular, a la dirigencia sindical de esta sección, todo ello sin la autorización de los trabajadores, quienes, como ahora argumentan los quejosos y beneficiarios de la recomendación, no podrían ser considerados trabajadores del gobierno del estado, en ninguna modalidad, razón por la que no están obligados a aportar cuotas sindicales, salvo que así lo decidieran mediante una notificación a la Dirección de Pensiones.

Sin embargo, a pesar que así fuera la determinación de los trabajadores, las cuotas no podrían ser entregadas a la dirigencia de la 42a. pues, de acuerdo con los estatutos del SNTE, las cuotas sindicales deben aportarse al Comité Nacional.

De ninguna manera esta organización sindical -con una estructura absolutamente vertical- permitiría que las secciones cobraran las cuotas sindicales de sus trabajadores pues con ello perderían el control absoluto que los jerarcas nacionales han ejercido sobre la organización sindical y los trabajadores del magisterio.

Pero un grupo de jubilados y pensionados -agrupados en la Comisión Sindical Genuina- resolvieron rechazar tal situación y presentar una queja por violaciones a los derechos humanos en virtud de que, tanto Pensiones Civiles, como la Sección 42a. han descontado ese porcentaje a alrededor de 10 mil 800 jubilados, lo que les ha redituado recibir, en números cerrados, más de 2 millones 600 pesos mensuales, de los cuales no rinden cuentas a nadie.

No es poca cosa lo esquilmado a los trabajadores. En la queja los maestros exhibieron un ejemplo: El de un trabajador jubilado en noviembre del 2009, fecha en la que recibió el primer pago, le habrían quitado, hasta agosto del 2018, 39 mil 766 pesos.

Tal situación ha existido desde 1980 sin que los dirigentes sindicales, o los titulares de Pensiones le pusieran un alto, resolvieran respetar la ley y dejar de cobrarles a los jubilados una cuota que nadie autorizó.

Que esa situación existiera en los gobiernos priistas no sorprende pues ambas estructuras -tanto la de gobierno, como la de la dirigencia sindical- emanaron del PRI, pero que persistiera en el mandato de Francisco Barrio debiera concitar algo más que extrañeza.

El colmo ha ocurrido en el gobierno de Javier Corral.

Una vez que los maestros jubilados presentaron la queja, la dirigencia de la 42a y el director de Pensiones, Alberto Herrera, firmaron un convenio mediante el cual la dependencia se comprometía a descontarle a los jubilados ese porcentaje y entregárselo a la dirigencia de la 42a.

Incluso, fueron más allá. No sólo intentaron legalizar un acto ilegal, sino que simularon que la firma del convenio se había celebrado el 15 de mayo del 2018.

No es así.

Ello, porque la queja había sido presentada en junio, ante ello, en el vano intento de legitimar los descuentos y aparentar que estaban actuando legalmente pre-fecharon el convenio, con tanta torpeza que en el texto de la recomendación de la CEDH se acredita la falsedad de tal convenio.

Esto dice la parte medular de tan ilegal convenio: “Que mediante el presente instrumento legal, se pretende reiterar los conceptos por los cuales se les realizan descuentos y/o deducciones a los pensionados y jubilados integrantes del Sindicato, atendiendo a las solicitudes que éste le ha venido realizando”

Aún suponiendo que hubiesen celebrado tal convenio en la fecha mencionada, de todos modos es ilegal, como lo corroboró la CEDH al cuestionar al Comité Nacional del SNTE y éste responder que el único autorizado para firmar todo tipo de contratos, convenios y créditos es el representante jurídico del Comité Nacional del SNTE y que, por tanto, el dirigente de la Sección 42, Ever Avitia, no tenía -ni tiene- facultades legales para firmar el convenio y recibir las aportaciones de los jubilados.

Más aún, Pensiones alegó que los jubilados tenían la obligación de aportar cuotas sindicales debido a su calidad de trabajadores al servicio del Estado, pero la CEDH demostró la falsedad de tal argumentación pues los jubilados ya no le prestan ese servicio, perdieron su calidad de trabajadores del estado.

Pero, además, las autoridades no pudieron demostrar que existiera una autorización para la retención de las cuotas. Los quejosos pidieron, y obtuvieron, que Pensiones respondiera a una petición de transparencia en el sentido de que no encontraron autorización alguna para la retención.

En el mismo sentido, le pidieron al Comité Nacional del SNTE les informara de la existencia de un convenio en el que se autorizara la retención por parte de Pensiones. No existe convenio alguno.

Por si fuera poco, el Comité de Transparencia del Comité Nacional del SNTE confirmó que ha sido criterio de ese órgano sindical no solicitar cuotas sindicales a los jubilados.

A pesar de todo ello, y de que desde junio del 2018 los quejosos pidieron expresamente no se les siguiera reteniendo la cuota sindical, la ilegal conducta de Pensiones y la diligencia sindical continuó.

Hasta ahora, ante la emisión de la recomendación de la CEDH.

¿En dónde quedó el dinero retenido a lo largo de más de cuatro décadas?

No hay duda, conformó parte de la “caja chica” de las dirigencias sindicales de que, de manera ilegal, retuvieron las cuotas sindicales a los jubilados y pensionados, en lo que es, a no dudar, un inmenso atraco a los recursos de miles de chihuahuenses, esquilmados de ese modo.

No es menor la cantidad, de acuerdo a los cálculos de los quejosos, asciende a poco más de 2 millones 600 pesos mensuales el monto de la retención de cuotas a los cerca de 11 mil jubilados, sin que exista un solo documento que legitime tal atraco, uno más cometido por las dirigencias del magisterio que, así, de a poquito en este caso, se apropia ilegalmente de parte de la jubilación de quienes trabajaron más de 30 años al servicio del gobierno estatal, ya fuere como maestros, o como trabajadores administrativos del magisterio.

No existe justificación para hacerlo, pero menos argumentos existen para que el gobierno del “Nuevo Amanecer” continuara siendo parte de lo que puede ser considerado como un delito, en el que los funcionarios de Pensiones Civiles y la dirigencia de la 42a aparecen como directamente responsables.

¿Cuáles son las razones del gobierno de Javier Corral para actuar de esa manera?

¿Acaso el otorgamiento de prebendas a la dirigencia magisterial en previsión de los procesos electorales, del control en el Congreso del Estado y el del “apaciguamiento” de la dirigencia sindical de ese gremio?

Vaya, ¡Cuán delgadita resultó la capa de moralidad política de quienes constituyen el grupo gobernante de Chihuahua!

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