Chihuahua, Chih.

Las promesas de gobierno que López Obrador ha dado a conocer, de manera reiterada, a la opinión pública de hacer una realidad cotidiana el cumplimiento de ciertos principios constitucionales que, durante décadas, fueron y siguen siendo, letra muerta, forman parte de su proyecto de “Constitución Moral”.

Muchos analistas políticos coinciden en afirmar que en estos cinco largos meses de esta etapa previa del nuevo gobierno federal, el Presidente de la República electo ha proclamado algunas políticas públicas plausibles como el plan de austeridad del gasto público, a pesar de que deja intocable el multimillonario financiamiento público de los partidos políticos; y otras, que se ajustan a su modo personal de gobernar, como lo es una reestructuración administrativa federal.

En efecto, de nueva cuenta, el ritual sexenal de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para crear Secretarías de Estado, al gusto del gobernante en turno, se da a unos cuantos días de la toma de protesta de López Obrador con la finalidad de dar sustento legal a las nuevas “dependencias” del gobierno morenista.

El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del articulado de la LOAPF para ‘institucionalizar’ tres tipos de Comisiones; las intersecretariales, las consultivas y las presidenciales; las cuales podrán ser creadas al completo arbitrio (o capricho) del Presidente de la República.

Las Comisiones Intersecretariales serán creadas “para el despacho de asuntos en los que deban intervenir varías Secretarias de Estado y estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos (sic) funcionarios de la administración pública federal”. Estas comisiones harán el papel de reuniones informales para definir asuntos cuya competencia corresponda a varias secretarias.

En cambio, las Comisiones Consultivas estarán conformadas por profesionales, especialistas y representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia; su objeto será “resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre un tema específico” establecido en su Decreto de creación.

La estructura de estas comisiones podrá ser ubicada dentro de una dependencia del Ejecutivo. En el dictamen de reforma, se precisa que las conclusiones de las Comisiones Consultivas “no serán vinculantes”. ¿Acaso no sería más prudente ‘institucionalizar’ las “consultas populares”.

Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por los integrantes antes señalados, “así como por exservidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno… se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación”.

Amable lector, ¿Podrá ser usted capaz de imaginar una ‘capirotada oficial’ integrada por secretarios de estado, funcionarios públicos, exservidores públicos, profesionales, especialistas y representantes de la sociedad civil?

La reforma a la LOAPF contiene una serie de incongruencias jurídico-políticas. Una de ellas, es la siguiente: Estos tres tipos de ‘comisiones’ podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente. En otras palabras, López Obrador podrá crear -a su entero capricho- cuanta comisión considere necesaria; tan solo para refrendar que sus promesas de campaña no son ‘promesas del corazón’.

Ahora bien, si las opiniones emitidas por esas ‘comisiones’ no son vinculantes, es correcto que los cargos de las comisiones sean honoríficos; por lo que su desempeño no será causal de inhabilitación para ocupar otros cargos públicos o actividad privada; tal y como se establece en el dictamen de reforma.

En mi próxima colaboración analizaré otras reformas a la LOAPF que constituyen una regresión de la función pública y avizora otras formas de dedazo en los cargos públicos.