Chihuahua, Chih.

La semana pasada, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo, en la Mañanera, el anuncio de que enviaría al Congreso, una iniciativa de ley para prohibir la terciarización laboral, mejor conocida en el mundo empresarial, periodístico y político, por el anglicismo outsourcing. 

Esto, porque, como su nombre lo indica, implica que los patrones se desentiendan de determinadas obligaciones (que antaño resultaban colaterales a su labor, destacadamente la vigilancia y la limpieza de sus negocios, sobre todo los grandes consorcios), amparándose en compañías diversas compañías que ofrecen servicios especializados. 

Aunque es imposible generalizar, ha habido casos en los cuales -de acuerdo a la autoridad y a especialistas- estos negocios no han cumplido cabalmente sus obligaciones, regateando a los trabajadores el pago de cuotas, impuestos, e, incluso, en algunos casos más extremos, llegando a realizar facturaciones apócrifas.

A pesar de que, a lo largo de casi dos años, el gobierno de la 4T ha llevado a cabo diversas reformas -algunas de ellas de carácter bastante polémico y controversial-, considero que este proyecto de ley, tendiente a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, es una excelente idea, no obstante la compleja coyuntura económica y social que estamos presenciando. 

Esto porque, aunque diversos enfoques, han llegado a cuestionar el talante izquierdista de la autodenominada “Cuarta Transformación”, pienso que una pugna contra el outsourcing es una meta totalmente izquierdista, pues, si algo ha caracterizado a las izquierdas, históricamente, ha sido su solidaridad para con la clase obrera, en diversos contextos y escenarios (aunque, es menester aclarar, ha habido actos que no han sido peccata minuta tampoco, como cuando la entonces Vicepresidenta del gobierno español -durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)— María Teresa Fernández de la Vega, anunció, con bombo y platillo, una legislación que contribuiría a abaratar el despido; enunciado que, por sí mismo, se contrapone a las tesis históricas de la izquierda, como se ha venido mencionando).

En este sentido, una iniciativa presidencial que busque poner escollos a la terciarización laboral, es, a juicio del escribiente, una excelente idea, pues si por algo se han caracterizado los gobiernos neoliberales (no sólo en México, sino en el mundo en su conjunto) ha sido por ensañarse con la clase trabajadora, conculcándole derechos que se creían históricos, al amparo de la competitividad y la atracción de talentos y la inversión. 

Desde 1982, los trabajadores mexicanos han ido perdiendo conquistas laborales. Los contratos permanentes se han ido evaporando, y las estancias laborales eventuales, han ido tornándose más en la regla que en la excepción. 

En el mismo tenor, aquellas pensiones que permitían a sus receptores, contar con un sustento digno cuando el tiempo de laborar hubiese concluido, parecen haber concluido en un tiempo en el cual, las AFORES y los mercados tienen un dominio economicista por sobre las mismas; ello, no obstante que el gobierno actual, delinease una nueva estrategia para lograr aumentar las pensiones, aunque sin romper de tajo con la estrategia planteada durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Pretender regular el outsourcing, implica dar un giro de 180 grados, en la visión que ha (y había permeado) en el Estado y la iniciativa privada en los últimos decenios. En estos tiempos, esta lesiva práctica, que tuvo una relevante expansión en el sector empresarial, no estuvo exenta de ser llevada a cabo por los gobiernos (federal y estatales), pues diversas prácticas que antiguamente desempeñaba la propia burocracia, fueron paulatinamente concesionadas a compañías diversas. 

Es importante aclarar que, desde el curso de la presente gestión, los diputados de la coalición gobernante han puesto algunos escollos a la práctica en mención. Por ejemplo, se ha sabido que, hasta 2018, el personal de seguridad y limpieza con el cual contaba el propio ¡Congreso de la Unión¡ se encontraba contratado por esta vía y no poseía derechos laborales. 

Visualizando esta situación, se procedió a reglamentar su situación, y los intendentes del parlamento, ahora son reclutados directamente por el Congreso, y no a través de compañías de servicios. 

Bajo la misma tesitura, el personal de seguridad ahora tiene como patrón a la cámara legislativa; mientras, han sido adscrito a un sindicato que protege a aquellas personas que se desempeñan en la seguridad privada, y está adscrito al CATEM. 

Bajo el mismo contexto, encontramos a los custodios de los edificios y conjuntos federales, pues, si hasta el pasado sexenio, la federación subrogaba dicho servicio; en la actualidad, el gobierno del Presidente López Obrador ha creado la figura del Servicio de Protección Federal, mismo que, bajo la batuta de Manuel Espino, y en la órbita de la Secretaría de Seguridad, ha creado un organismo cuyo mandato radica justamente en esa esfera: en la contratación y educación de elementos para resguardar las instalaciones federales, con el fin de contar con personal confiable y certificado para el cabal cumplimiento de la tarea mencionada.

Si bien, los pasos tomados por la 4T han sido relevantes, habían sido insuficientes para dar una vuelta de tuerca a la situación que muchos trabajadores padecen a lo largo y ancho del país. 

La reglamentación del outsourcing es una ruptura paradigmática; y, a mi juicio, podría implicar el mejoramiento de la clase trabajadora nacional, a corto y a mediano plazos. En este sentido, me parece curioso que algunos analistas, como Francisco Ortiz Pinchetti y Sergio Sarmiento, rezonguen de la iniciativa presidencial, aduciendo que se perderán empleos. 

Ello porque, aunque el planteamiento referido pudiese llegar a concretarse, es menester que los empleos que se generen, tanto en la esfera pública, como en la privada, sean de calidad; y, con el respeto que se merecen los periodistas citados con antelación, no creo que gran parte de los empleos gestados por esta vía, se encontraran en estas condiciones. 

Ya lo dijo el propio Enrique Galván Ochoa en “La Jornada”, tras destacar que este régimen se le impone a los trabajadores de “cuello azul”, mas no a los de “cuello blanco” o alto rango. Por tal motivo, una iniciativa en este tenor, vendría a brindar condiciones de justicia a la clase trabajadora toda, más allá de rangos o eventuales estamentos, como Galván acertadamente ejemplifica. 

Aunado a ello ¡no creo que Sarmiento u Ortiz Pinchetti aceptasen laborar bajo regímenes lesivos, no obstante su velada (Pinchetti) o abierta defensa (Sarmiento) de los mismos ¡paradójico!

Esperemos que, por el bien del país, las cámaras empresariales den el visto bueno a la reforma presidencial, de manera semejante a como lo han realizado en otras ocasiones (aumento del salario mínimo, por ejemplo). 

Deben recordar el ejemplo del Brasil, donde, tras producirse un aumento en el poder adquisitivo de las clases medias y bajas, hubo un mayor dinamismo y crecimiento económico. Considero que es momento de romper paradigmas. 

Si algo caracterizó a la Revolución Mexicana, fue por hacer justicia a la clase trabajadora nacional, si bien no completamente, sí de manera importante. Para el viejo PRI, el sector obrero era relevante en su dinámica partidaria; y las Leyes Federales del Trabajo, así como las reglamentaciones laborales, resultaban una especie de sinergia entre la clase patronal y la obrera. 

Por desgracia, los gobiernos neoliberales (de todos los colores) fueron olvidando este mantra, y el sector obrero ¡dejó de ser relevante hasta para el PRI! (excepto en las votaciones, como acertadamente enuncia Jorge Zepeda Patterson, pues la CTM seguía siendo estructura, no obstante su desgaste crónico y paulatino). 

Se acerca el aniversario de la Revolución Mexicana ¡repliquemos su espíritu! Una iniciativa, como ésta, contra el outsourcing, es una buena manera de llevar a cabo ese grandioso postulado.