Chihuahua, Chih.

No pueden ser coincidencias. 

Unas horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) había liberado órdenes de aprehensión en contra de seis elementos de la Guardia Nacional (GN), presuntos responsables de la agresión en contra de Jessica Silva y Jaime Torres, los contingentes de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional, apostados en la presa La Boquilla, iniciaban su salida.

Ambos hechos fueron vistos con recelo por dirigentes de los agricultores y llamaron al gobierno federal a que no fueran solamente hechos escenográficos y que se correspondieran con la procuración de justicia y con la real salida de las tropas militares de la presa.

Por desgracia, los peores pronósticos se están cumpliendo en el caso de la familia Torres Silva pues a pesar de que se dijo, por la GN y la FGR, que los elementos militares habían sido puestos a disposición de un juez de distrito de la ciudad de Chihuahua, cosa que todavía hasta las 5 PM no se había realizado ni, por otra parte, conocida la identidad de quienes fueron acusados de ser los presuntos asesinos de Jessica Silva y autores de las lesiones de Jaime Torres.

Así, a más de mes y medio de los hechos, a pesar de que fueron ubicados los presuntos agresores, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo los peritajes correspondientes y de que el 28 de septiembre lo trasladara a la FGR, ésta tardó casi un mes para liberar las órdenes de aprehensión y una vez realizado lo anterior, aún no se encuentren bajo la responsabilidad de autoridades civiles los responsables de uno de los hechos delictivos más graves, de los cometidos en agravio de la población civil por elementos de la GN.

El presente caso se convertirá en uno de los emblemáticos sobre el comportamiento y desarrollo de la GN y servirá para medir si el gobierno de AMLO actúa congruentemente en no permitir la impunidad de los aparatos policíacos o militares.

Hasta ahora van mal.