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Justicia retardada en el caso del Campo Algodonero
Sin Retorno

Justicia retardada en el caso del Campo Algodonero 26 de marzo de 2018

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih.

Poco más de 16 años después, luego de haberle destrozado la vida a las familias de los acusados, tres de los presuntos responsables de haber creado la acusación en contra de choferes de rutera Víctor Javier García Uribe “El Cerillo”, y Gustavo González Meza alias “La Foca”, el exsubprocurador de Justicia, José Manuel Ortega Aceves, el exagente de la desaparecida Policía Judicial de Estado, Jaime Gurrola Serrano, y del exagente del Ministerio Público, Jesús Manuel González Guerrero, fueron detenidos, acusados de “haber armado un expediente en el caso del Campo Algodonero para consignar de manera ilegal y arbitraria” a los choferes. (Nota de Salvador Castro/El Diario de Juárez, 24/III/18).

El caso dio origen a un prolongado litigio judicial y a la resolución, en noviembre del 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció al Estado Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio, ocurridos en esta ciudad contra Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

Víctor Javier García Uribe “El Cerillo”, logró sobrevivir y alcanzó su libertad en 2005. Ya había perdido para entonces su trabajo, su familia, hijos y sus amigos. Gustavo González Meza alias “La Foca” no tuvo tanta “suerte”, murió en prisión, en Chihuahua en el año 2003, en circunstancias totalmente extrañas, a consecuencia de una operación quirúrgica realizada en el Cereso, no autorizada por nadie, ni por él.

Era el sexenio de Patricio Martínez y los feminicidios habían alcanzado, a principios de siglo, el tope del terror, seguido por otro, el de la fabricación de chivos expiatorios, tema en el que el gobierno de Francisco Barrio había incursionado inicialmente cuando fabricó un asesino en serie, El “egipcio” Latif Sharif.

La administración patricista fabricó dos parejas de “chivos expiatorios”: A “La Foca” y al “Cerillo”; y a “La Changa” y “La Cheyenne”, pareja a la que acusaron de haber asesinado, en Chihuahua, a Vivis Rayas.

Los tres últimos alcanzaron su libertad en el sexenio de Reyes Baeza.

Enerva recordar los hechos del campo algodonero.

En ese lugar fueron descubiertos los cadáveres de ocho mujeres, con distinta fecha de muerte, algunos hasta con evidencias de haber sido refrigerados.

Días después fueron detenidos La Foca y El Cerillo. Lo hicieron con base a que uno de los detenidos, en relación a otros casos, denominados coloquialmente como “Los choferes”, declaró que El Cerillo era su amigo.

Apresados, fueron acusados de secuestrar a las mujeres, en distintas fechas, de violarlas, golpearlas con un bate en una camioneta Van y luego depositarlas en el campo algodonero.

Primera cosa discordante: El campo estaba en producción y algunas mujeres desaparecieron cuando aún había trabajadores en él. Nunca vieron nada.

Las víctimas son: Claudia Iveth González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Rodríguez, Mayra Juliana Reyes Solís, María Rocina Galicia Meras, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y una más, que hasta la fecha no ha sido identificada.

Los funcionarios judiciales fueron detenidos por una averiguación previa iniciada por la queja/denuncia de los familiares de las niñas y mujeres, debido a que “… En el momento en que fueron encontrados los ocho cuerpos en el denominado Campo Algodonero, las personas encargadas de investigar tenían a su alcance diversos instrumentos y manuales internacionales para llevar a cabo el trabajo; sin embargo, no los utilizaron, evidenciando la serie de inconsistencias, omisiones, negligencias e irregularidades”.

La Foca y El Cerillo fueron declarados culpables por el El juez tercero de lo penal, Alberto Vázquez Quintero, con base en las declaraciones de los acusados y el testimonio de una mujer, que declaró haber visto como un hombre “guapo, bien vestido” subía a la cajuela de su automóvil un bulto, en plena contradicción de las supuestas declaraciones autoincriminatorias de los acusados.

En la camioneta no encontraron rastros de sangre, ni una gota, a pesar de que el procurador de Justicia, Arturo González, y el mandatario, Patricio Martínez, insistieron en la teoría del bat para golpear a las víctimas.

Cumplidor de las órdenes que le giraron, “El subprocurador de Justicia de la zona Norte, José Manuel Ortega Aceves señaló que los testigos los inculparon (a los detenidos), dijo que el abogado Dante Almaraz no pudo estar presente en el interrogatorio de Víctor Javier García porque aún no era nombrado por éste cuando se le detuvo. Sin embargo, el abogado asegura ser su representante desde hace dos años, cuando fue detenido la primera vez”. (Nota de Rosa Isela Pérez, 2/XII/01).

El 25 de enero del 2006 caía abatido por las balas, el abogado Dante Almaraz, a unas cuadras del Palacio Municipal de Juárez, defendía varios de los casos penales más controversiales del momento, era un muerto más de la larga lista de relacionados con los cadáveres del campo algodonero.

Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario