Chihuahua, Chih.

De confirmarse la noticia de que el cadáver encontrado en Choix, Sin. -asesinado de un balazo en la nuca- corresponde a quien en vida respondiera al nombre de José Noriel Portillo Gil El “Chueco”, estamos frente a otro episodio, de los ocurridos en los últimos días, en los que las bandas criminales evidenciaron una mayor eficacia que las policías y fuerzas armadas para encontrar a presuntos criminales.

Y que, además, aplicaron la única justicia que conciben y en la que viven permanentemente, la de la violencia extrema, la del ajusticiamiento.

Días atrás, en Matamoros, Tams., fueron dejados en la vía pública a cinco supuestos sicarios, supuestamente responsables de haber secuestrado a 4 norteamericanos y haber ejecutado a dos de ellos.

No tenían órdenes de hacer eso, alegaron los supuestos mandos de esa banda criminal. Los dejaron en la calle y avisaron a las autoridades  para que fueran encarcelados.

Luego serían vinculados a proceso.

En el caso de El Chueco pasaron 9 meses -y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenándole al gobierno mexicano la imposición de medidas cautelares de protección a 11 personas de la región Tarahumara- sin que dependencia alguna pudiese detenerlo, quien fue señalado como uno de los objetivos prioritarios, no sólo del gobierno local, sino del Estado mexicano, en virtud de la trascendencia de los asesinatos a que se vinculaba a Noriel Portillo, los de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y de un joven identificado como Paul Berrelleza.

Aparentemente El Chueco fue ejecutado y el cadáver rodeado de más de casi dos decenas de casquillos, en lo que pudiera ser la celebración de los sicarios ante la caída de quien durante años fuera el amo y señor de la región de Cerocahui.

Y cuando se asienta que fue el jefe, habrá que decirse que se habla del total de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, por ello que haya muerto de tal manera agrega más desazón y desesperanza pues solamente confirma que el crimen organizado es la única ley en esa zona y, por tanto, es la que aplica su justicia.

No hay datos que nos lleven a pensar que su muerte fuera el castigo por el asesinato de los sacerdotes jesuitas; a menos que, como lo señalan varias fuentes, los hechos de junio pasado hubiesen “calentado”  -esto es, que hubiese propiciado la llegada más elementos policiacos y militares- la zona para esa banda criminal, razón por la que los jefes llegasen al extremo de ordenar su ejecución.

Pudiera ser válida tal especulación, pero hay un hecho contundente que la desmiente: La queja de la comunidad jesuita ante la CIDH a fin de obtener las medidas de protección para varios de ellos, debido a que el organismo internacional consideró que los jesuitas señalados “se encuentran en una situación de riesgo grave, urgente e irreparable”. 

En su resolución, el ente internacional pide al Estado mexicano que “adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal, y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra”.

La medida fue expedida debido a que los jesuitas denunciaron que luego de varios meses, tanto los elementos de la Sedena, como de la Guardia Nacional abandonaron la región.

Además, y contrariamente a lo declarado ayer martes por el presidente López Obrador, la masiva filtración de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), (efectuada por los Guacamaya Leaks) “a la que EL PAÍS tuvo acceso, reveló que el Ejército conocía desde hace por lo menos dos años antes de la tragedia de Cerocahui prácticamente todo sobre el cacique: sus alianzas con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tráfico de droga que utilizaba y el régimen de terror que impuso a la población civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el guía fueron acribillados”. (Nota de Beatriz Guillén, El País, 3/02/23).

Y es que el presidente dijo que que "El Chueco" y la operación de su célula delictiva en la región eran tolerados por las autoridades locales. 

¿Sólo éstas?

Aparentemente no fue así, de acuerdo con los archivos de la Defensa Nacional. 

El Chueco dirigía una célula criminal que, como prácticamente todas las existentes -ahora, y en el pasado- actúan bajo la anuencia o permisividad de autoridades locales, municipales, estatales, mandos militares y/o de la Guardia Nacional.

¿Si no es así, entonces, cómo?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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