Chihuahua, Chih.

A raíz del compartimento, por el gobernador Javier Corral, (no es una inferencia, el hecho de “compartir” en las redes sociales alguna opinión, tiene ese valor, el de compartir, es decir, el de coincidir) del artículo de Luis Cardona -ex coordinador de Comunicación Social en Juárez de la administración del actual gobernador) “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”, en una clara, abierta descalificación a la directora de El Diario, porque este periódico -y también en sus plataformas digitales- publicó el video, en el que una mujer repite lo que evidentemente fue obligada a expresar por un grupo armado, los periodistas de este periódico publicaron un severo desplegado en el que critican al titular del Poder Ejecutivo.

Así lo dicen: “La afirmación no sólo criminaliza a los integrantes de esta Redacción –que sólo informamos sobre la existencia y contenido de ese video–, sino que nos coloca en medio de la disputa de los grupos del crimen organizado y vulnera las de por sí endebles condiciones de seguridad en las que se ejerce el periodismo en esta entidad” y le exigen al gobernador proteger el derecho de todos a expresar cualquier idea, por muy molesta, perturbadora u ofensiva que le resulte.

“Proteger ese derecho es parte de las obligaciones derivadas de su protesta de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan” y no, como ayer lo señaló el gobernador Corral, que “ejercemos nosotros también nuestra libertad de expresión y por supuesto que nosotros también haremos uso del derecho constitucional de expresar libremente nuestras ideas sin que por ello, a nadie se le reprenda”, sin darse cuenta que ahora su calidad cambió.

Ya no es el protagonista político que puede debatir con cualquiera, sino que está obligado a proteger y tutelar la libertad de expresión de los chihuahuenses y que, en ese sentido, al descalificar, señalar, acusar, del modo como realizan los actores políticos y sociales, deberá comprender que al ser autoridad no lo puede hacer sin más consecuencias.

Si denuncia que un medio pretende extorsionarlo, está obligado a actuar conforme a la ley, de lo contrario, sólo quedará como el intento de obligar al medio a que actúe periodísticamente conforme a los pagos de publicidad de esa instancia gubernamental al medio.

“La libertad de expresión, tan difícil de proteger en este país y más en estos últimos años, es nuestro derecho. Le guste o no”, le dicen los periodistas de El Diario al gobernante chihuahuense.

Es cierto.

A la postura de los periodistas de El Diario, se sumó la de Artículo 19, la organización de periodistas, en la voz de Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, la que sostuvo que por ocupar una posición de servidor público, el gobernador Javier Corral Jurado no sólo debe proteger la libertad de expresión, sino asumir que las críticas e incluso “el discurso ofensivo” son parte de la democracia. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario, 13/XI/17).

“Corral tiene que asumir que el discurso que le cuestiona, el discurso ofensivo y a veces hasta perturbador forma parte del debate democrático y él, como gobernador, tiene la oportunidad de utilizar los medios de comunicación social para fortalecer este debate, sin llegar al punto de intimidar o amenazar con demandar a periodistas y mucho menos utilizar el aparato del Estado para ir en contra de éste... Su posición como gobernador le obliga a garantizar el derecho a la libertad de expresión y esto significa reconocer que no todas las expresiones le tienen que ser favorables, así no funcionan las democracias y él no se puede aludir demócrata si no acepta la crítica, incluso la ofensa”.

Por todo lo anterior, desde Aserto expresamos nuestra más viva solidaridad a los reporteros, fotógrafos y editores de El Diario.