Chihuahua, Chih.
Imposible olvidar la ocurrencia del actual presidente de la ‘Tremenda Corte’ cuando afirmó que la corrupción judicial federal no era generalizada; y que mejor oportunidad, para que nuestro colega Jaime García Chávez le enviara el siguiente mensaje: “Le recomiendo que venga a los juzgados y tribunales federales de Chihuahua para que vea de qué color es el oro”.
Pero no solo en nuestro Estado pululan los magistrados y jueces federales corruptos; hoy en día, es una epidemia nacional; ya que, cotidianamente, estos juzgadores federales denigran la función jurisdiccional.
En otras palabras, en los tribunales federales imperan las malas prácticas, entendidas como “aquellas en las que por falta de habilidad; por torpeza o ignorancia del agente, así como por la intención dolosa o fraudulenta; negligencia o ignorancia, generan efectos negativos desde el punto de vista penal, patrimonial, económico, moral, social, o de corrupción, entre otros”.
Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, Adrian Vermeule, “el desarrollo de una ética profesional entre los magistrados o funcionarios institucionales es lo fundamental para ejercer medidas de control en estas instituciones”.
Lo anterior, porque “el poder de los jueces se basa en su legitimidad… la principal necesidad es tener jueces con un sentido internalizado de lo ético, para evitar que se generen problemas”.
Y a pregunta expresa de ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de control para evitar malas prácticas entre jueces? Su respuesta es alarmante: “Si se parte del reconocimiento de una excesiva corrupción en el Poder Judicial, ninguno de estos mecanismos (el control legal o la ética profesional) va a ser suficiente”.
Por desgracia, en nuestro país, estamos lejos de que la justicia federal ajuste su actividad en los principios de profesionalismo y excelencia. Luego, la pretensión de que los juzgadores federales procuren de que “el bien colectivo, el de la gente, prevalezca por encima de cualquier interés particular” es -y seguirá siendo- una quimera de la sociedad mexicana.
En esta ocasión, hago pública la infame actitud del Juez Segundo de Distrito, Lic. Arturo Alberto González Ferreiro, al desechar -de manera por demás arbitraria- la demanda de amparo presentada en contra de la designación de la nueva consejera de la Judicatura, por parte de Javier Corral (a) “El Inútil”.
Dos de los actos de autoridad reclamados por el quejoso, son los siguientes: a) la omisión legislativa absoluta del Congreso del Estado, por no establecer -durante más de dos años- el procedimiento de designación de los consejeros externos de la Judicatura del TSJ.
b) El Acuerdo Ejecutivo 185/2019, mediante el cual el Gobernador designó a la Lic. Minerva Correa Hinojosa, como consejera ejecutiva de la Judicatura, sin tomar en cuenta al universo de abogados chihuahuenses.
Recuerde amable lector, que la Judicatura se integra con cinco miembros: tres magistrados del TSJ, un consejero designado por el Gobernador, y otro por el Congreso. Por ello, la controversia constitucional planteada al Juez de Distrito es, precisamente, la designación del ‘consejero ejecutivo’.
Y vaya usted a saber, si este juez andaba ebrio o intoxicado (o de plano es un corrupto contumaz) porque desechó el amparo, so pretexto, de que “se advierte que el Congreso cuenta con facultad soberana para nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, características que se aprecian como discrecionales y exclusivas”.
¡Por favor! ¿Quién diablos le habrá dicho que el Congreso Local designa a todos los consejeros de la Judicatura? ¿Acaso no leyó, detenidamente, el escrito de demanda de amparo?
Así las cosas, me queda claro que el desechamiento de la demanda no solo evidencia las malas prácticas judiciales que prevalecen en los tribunales federales (por ausencia de ética profesional); sino también, revela una conducta dolosa que amerita su inmediata inhabilitación para ejercer cargos públicos.
