Chihuahua., Chih

El diccionario de la Lengua Española define el término cobardía como la falta de ánimo y valor. Así, una persona cobarde es aquella que tiene miedo ante situaciones difíciles o peligrosas.

A su vez, el principio de respeto a la investidura judicial consiste en que las personas que acuden a los tribunales para dirimir cuestiones jurisdiccionales (penales, civiles, familiares y administrativas) “han de hacerlo con el respeto debido a la investidura de que están dotados los funcionarios encargados del desempeño de la administración de justicia”.

Este principio básico de la función jurisdiccional exige a los jueces “el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y a la consideración debidos, por lo que deben aplicar todas las medidas necesarias establecidas por la Ley para prevenir cualquier acto contrario al respeto del Tribunal… así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública”. 

Por su parte, el principio general de buena fe “impone a las partes el deber de ajustar su comportamiento en el tráfico jurídico; además, exige una actitud positiva de cooperación y… constituye una norma dirigida al Juez para regularizar, conforme a la equidad, la ejecución de los asuntos.

Por desgracia, en México la aplicación de estos dos principios jurídico-procesales es una utopía. La inmensa mayoría de jueces y magistrados son personas carentes de probidad y rectitud en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Al extremo de que el nuevo ministro de la ‘Tremenda Corte’ Juan Luis González Alcántara Carrancá acepta que los mexicanos reclaman “una justicia cercana, una justicia integral, una justicia transparente, en la que prevalezca el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas”.

Lo cual obliga a los juzgadores “a hacer un análisis introspectivo con la mayor profundidad posible, para entender qué es lo que se está haciendo bien para mejorarlo, pero también qué hacemos mal, para poder modificar nuestra actitud y dar una respuesta pronta y satisfactoria a todos la ciudadanía”.

Alcántara Carrancá sostiene que “los que tenemos funciones jurisdiccionales estamos obligados al servicio de la gente, que la tarea de buscar la justicia dentro de nuestro marco constitucional es una labor de principios y de valores, que nos demanda el máximo esfuerzo posible para conseguir ese objetivo”.

En esta ocasión, como en tantas otras, hago una denuncia pública de dos jueces penales de ejecución (que laboran en el Cereso de Chihuahua), tanto por su evidente cobardía, como por su incapacidad de hacer respetar su investidura judicial.

En un procedimiento de ejecución, el juez Luis Carlos Reyes Romero se excusó de conocer el asunto, “en razón de que el representante de la víctima, en dicho escrito de queja refiere ofensas proferidas a mi persona, siendo estas apreciaciones de índole personal y no de una relación profesional entre prestadores de servicios al público, ya que califica mi actuar como ilegal, parcial, ineficaz en mi cargo, con ello, se considera que se verá afectada mi imparcialidad y objetividad dentro del procedimiento respectivo”.

Por su parte, la excusa de la juez Sylvia Padilla Chávez se ‘sustenta’ en que en diverso procedimiento, según la aseveración del apoderado de la víctima del delito, “Usted y la diversa profesionista Gabriela Rascón, fungieron como mis defensoras penales públicas…”

En el caso concreto, la cobardía y falta de probidad de estos dos jueces penales es evidente; ya que -a pesar de ser de su pleno conocimiento que desde hace más de cinco años- la persona que pone en entredicho su integridad profesional, es un sujeto prófugo de la justicia.

En efecto, resulta ridículo que estos dos jueces penales se sientan intimidados e imposibilitados (¿?) para defender su profesionalismo e imparcialidad, ante las calumnias de un sujeto prófugo de la justicia protegido por el corrupto Fiscal General del Estado, César Peniche.