Chihuahua, Chih.
Una vez más, podemos afirmar (con pruebas en mano) que las consideraciones vertidas por el diputado panista Miguel La Torre en la iniciativa de creación de la Judicatura del TSJ se sustentan en una quimera política: que los Consejos de la Judicatura, “apuntan fundamentalmente a fortalecer la independencia judicial”.
Aún cuando en la iniciativa de reforma a la Constitución Local, se reconoce que “Chihuahua atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos” y que la única manera para remediarlo sería que quienes integren la Judicatura, “sean los profesionales más capaces, íntegros e idóneos”; en la praxis judicial, los dos Consejeros, ‘ejecutivo’ y ‘legislativo’, distan mucho de ser reconocidos abogados.
A pesar de que en la iniciativa se afirma que el Ejecutivo Estatal se compromete a respetar los estándares internacionales establecidos por la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la designación de los Consejeros externos de la Judicatura, fueron designados de manera unilateral y subjetivo y sin ningún procedimiento previo de selección; es decir, fueron nombramientos -muy en boga en el gobierno corralista- de ‘amigos’ políticos incondicionales.
Por desgracia, el propio Javier Corral avaló la franca violación de las garantías jurisdiccionales que garantizarían “que los nombramientos de los consejeros sean resultado de un exhaustivo escrutinio de sus antecedentes profesionales, de mérito y capacidades. Incumpliendo con ello, la máxima de que el Poder Judicial (el máximo órgano de justicia de las entidades federativas) tiene “el papel fundamental de garantizar la vigencia del Estado Democrático de Derechos y una plena vigencia de los derechos humanos”.
Y si a los integrantes de la Judicatura del TSJ (El ‘Frankenstein Judicial’) les importa muy poco el respeto de sus obligaciones en materia de transparencia; mucho menos, les ha de importar cumplir con las garantías procesales de los servidores judiciales denunciados; claro está, con la excepción de la descarada protección a sí mismos. A las pruebas me remito:
En materia de transparencia, en el sitio oficial del Poder Judicial del Estado, en el link de la Judicatura (http://www.stj.gob.mx/cje/index.php) aparece la frase “Recurso en mantenimiento, favor de regresar a la página más tarde”. El hecho de que no exista información alguna de la actividad de la Judicatura, constituye una grave violación a publicidad de la actividad judicial. En otras palabras, opacidad total.
Sin embargo, los actos de corrupción que, sin duda alguna, serán la constante de la Judicatura tiene que ver con la evidente parcialidad en el trámite de las quejas administrativas, ya sean oficiosas o partición de parte. La comparación del trámite seguido en el caso ‘Willy’ y la denuncia en contra de la Consejera ‘Lucha’ Castro, así lo acreditan:
En un lapso de tres días, posteriores a la presentación de un oficio signado por el Ministerio Público de Jiménez, el Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez de Control de esa ciudad. Sin embargo, a más de 10 días de haber sido presentada una queja en contra de ‘Lucha’ Castro, en la que se solicita la separación del cargo, el acuerdo de recepción del escrito aún no ha sido dictado.
Lo anterior, so pretexto de que a partir del 2018, en todas las indagatorias y procedimientos de responsabilidad administrativa deben de acatarse las reglas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicho acuerdo constituye el reconocimiento expreso de que el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial es obsoleto y, por lo tanto, inaplicable.
Mientras tanto, los Consejeros siguen ‘preparando’ indagatorias para expulsar, con la complicidad de los Jueces Federales -temporal o definitivamente- a los magistrados y jueces ‘duartistas’ incrustados en el Poder Judicial. Yo me pregunto: ¿Llegará Javier Corral al extremo de pintar de color azul el ‘Palacio de la Justicia’?
