Juárez, Chih.

No podría ser más clara la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, en cuanto a la definición de deuda pública de estos niveles de gobierno, dice así:

“…

VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos;”.

Luego, define el financiamiento:

“…

XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;…”.



Todo lo anterior viene a cuento por el controvertido proyecto de la alcaldía juarense para el alumbrado público, “Juárez iluminado”, impulsado por el presidente municipal, Armando Cabada.

No cabe ni siquiera preguntarse si realizar tal obra es necesaria, impostergable, justa, adecuada, etc., se debe hacer y ya, no hay discusión, el problema radica de donde echar mano de los inmensos recursos económicos necesarios para concretarla.

Más aún, deberá ser una obra que cuente con el mayor de los respaldos posibles, en cada una de sus etapas y si la primera, la de la aprobación del origen de los recursos, atraviesa por la ríspida controversia desatada, mal caminará.

En primer lugar, que la obra es deuda, no hay discusión, es deuda.

¿Cuánto hace que discutíamos si los créditos obtenidos del peaje carretero eran deuda o no? ¿Cuánto hace que el endeudamiento originado por el Plan de Movilidad Urbana comprometió seriamente las finanzas municipales de Juárez?

¿Acaso no sucedió lo mismo con el fideicomiso de los ingresos de los puentes fronterizos, comprometidos por el gobierno de Duarte por más de 10 años?

Digámoslo claramente, comprometer los ingresos del DAP, por supuesto que es deuda, pues si bien no son ingresos que fueran directamente a la caja general de las arcas municipales y pudieran usarse en el presupuesto general, sí se emplean para pagar el servicio de energía eléctrica del alumbrado público, con lo que se garantiza tal servicio.

Ahora bien, que el financiamiento lo garanticen los ingresos del DAP, o que eventualmente lo garanticen los ingresos municipales (impuesto predial y otros) es absolutamente distinto, hasta contrario.

Se podría convenir que un esquema financiero, como el del fideicomiso carretero, podría ser aceptable, siempre y cuando cumplieran distintos requerimientos de carácter cívico y democrático, pero esencialmente que el proyecto fuera sustentado exclusivamente a partir de los ingresos por concepto del DAP y ya, y no, como es la propuesta de Cabada y la mayoría de los regidores, emanados del proyecto del que fuera candidato independiente, pero con la oposición de prácticamente todas las fuerzas políticas acreditadas en el cabildo.

En vez de ello se comprometerán recursos propios del Municipio, en caso de que el (DAP) no sea suficiente para cubrir el costo del servicio.

Tales prevenciones se hacen a pesar de que el oficial mayor del municipio aseguró que el Municipio empezará a pagar a la empresa que gane la concesión del servicio hasta que estén instaladas las 109 mil luminarias que hay en la ciudad, o de que Cabada haya anunciado que “en el proceso de licitación, además del Comité de Adquisiciones del Municipio, participarán representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, de la agrupación civil ‘Plan Estratégico de Juárez’, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas Electrónicos de Chihuahua y del Consejo Coordinador Empresarial”. (Nota de Araly Castañón, El Diario/Juárez, 1/VII/17).

O de que, juntos, Cabada y el gobernador Corral aseveraran la semana anterior que el proyecto de financiamiento no es deuda.

¡Por fin coincidieron en algo, lástima que estén equivocados!

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