Chihuahua, Chih.

El pésimo desempeño del actual Legislatura acredita que la función legislativa en Chihuahua va en ‘caída libre’ en cuanto a la calidad del quehacer legislativo y a la falta de profesionalismo de los legisladores locales. Sin duda alguna, durante el sexenio de César Duarte, la paulatina degradación de las dos Legislaturas llegó al extremo de ser un reflejo de un servilismo político abyecto por parte de los diputados que las integraron.

En el año 2013, escribí: La actual LXIII Legislatura del Congreso, fruto de una serie de circunstancias políticas que, a la postre, demeritaron la imagen del Poder Legislativo y la calidad del quehacer legislativo; al grado de convertirla en una “Oficialía Legislativa” y la figura del Presidente del Congreso quedó reducida al papel del “edecán legislativo” del Ejecutivo Estatal.

En cuanto al denigrante papel de los presidentes de la Mesa Directiva del Congreso, durante estos tres últimos años, de andar como ‘edecanes’ en todos los eventos a los que acude el Ejecutivo estatal, ya es tiempo que la próxima Legislatura rompa con esta infame y ridícula práctica. ¿Acaso no es suficiente que sea el Ejecutivo Estatal quien designe al pastor del rebaño parlamentario del PRI?

En el ámbito legislativo, el peor ejemplo de los efectos nocivos del compadrazgo político lo es el exdiputado (y hoy Presidente Municipal electo de Juárez) Enrique Serrano. Quien al inicio de su gestión -en un franco arrebato de despotismo- trató de ejercer un inusitado control de los medios informativos que cubren las notas del Congreso. En aquella ocasión, los medios le endilgaron, con justa razón, el apodo de “Enrique VIII”. Desde entonces, el desempeño de la LXIII Legislatura ha sido mísero y sumiso.

En el año 2015, escribí: “Lo que en principio fue una advertencia personal, de mi parte, en el sentido de que la actual Legislatura del Congreso debía de abstenerse en seguir los antecedentes de su predecesora, que la hacían merecedora de ser considerada como la peor Legislatura en la historia de Chihuahua”; sin embargo, aún sin cumplir un año en funciones, ya ha superado, obstinadamente, el mísero desempeño de la anterior.

Previo a señalar las acciones de los actuales diputados locales que nos causan vergüenza ajena, es oportuno explicar esta ‘expresión idiomática’ mexicana… la frase ‘vergüenza ajena’ a la que el Diccionario de la RAE le da el siguiente significado: “La que uno siente por lo que hacen o dicen otros”… Sin embargo, sentir vergüenza (en el sentido de turbación del ánimo, ocasionada por una acción deshonrosa y humillante) por las decisiones asumidas por nuestros representantes políticos, es poca cosa.

Por desgracia, el Poder Legislativo sigue siendo la muestra más evidente del pésimo desempeño de la función pública en Chihuahua. Las dos últimas Legislaturas (“La peor”, comandada por Enrique Serrano, y “la de la vergüenza ajena”, de Rodrigo de la Rosa) son el ejemplo más grotesco de las consecuencias que genera la imposición de funcionarios públicos por consigna política.

Hoy en día, en el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ la pésima calidad del quehacer legislativo sigue su inevitable y ruinosa caída. De nueva cuenta, el despotismo político de Javier Corral atenta en contra de la independencia del Poder Legislativo y, al igual que César Duarte, controla a los diputados panistas y la Agenda Legislativa a su antojo.

En cuanto la reforma electoral, la diputada perredista Crystal Tovar, ha agotado los tiempos establecidos para la reforma constitucional y, a pesar de ello, ha sido insistente en declarar que es posible concluir el procedimiento de reforma a la Constitución Local en escasos 15 días naturales.

Dada la irresponsable pasividad de los diputados que integran la actual Legislatura, el día de hoy presentaré un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) para evitar tan obstinada pretensión; porque solo les queda tiempo para aprobar las reglas de la reelección.



“LEY RISA”:

Otra ocurrencia legislativa del diputado panista Francisco J. Malaxechavarria; ahora, para proponer la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) con el propósito de dar oportunidad a personas para ocupar ‘eventualmente’ la titularidad de ciertos órganos técnicos del Congreso, siendo suficiente “contar con los conocimientos necesarios” para desempeñar el cargo.

El argumento fundamental de esta propuesta, “es dar el valor adecuado al conocimiento y a la confianza” (¿?) para ser titular de ciertos órganos internos del Congreso”. Con esta ridícula argumentación, se pretende incorporar a personas sin estudios universitarios relacionados directamente con ciertos puestos estratégicos del Congreso, como lo son la Secretaría de Administración, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Género.

La iniciativa de ley pretende reformar la LOPL, en los términos siguientes: “ART. 128. Para ser titular de los Órganos Técnicos, se requiere: … III. Tener conocimientos en las áreas económica, administrativa, jurídica o alguna otra relacionada directamente con las funciones propias del cargo…”.

De ser aprobada esta ocurrencia legislativa, habremos de presentar otro amparo, toda vez que resulta inadmisible dar reversa a la profesionalización de las diversas áreas que integran el Poder Legislativo Local.