Chihuahua, Chih.

Cuantitativamente, el sistema de justicia en Chihuahua está muy lejos de ser un modelo de impartición de justicia pronta y eficaz. Ayer, EL DIARIO documentó el déficit de jueces en nuestro Estado: 2.5 por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, el promedio es de 0.9 jueces por cada 100 mil habitantes y el de los defensores públicos es de 2 por cada 100 mil habitantes.

Con estas estadísticas, resulta sencillo explicarse el porqué los juicios, civiles, familiares y penales, se dilatan por años; de tal manera, que los abogados litigantes afirman que en nuestro país predomina la denegación de justicia.

En el ámbito de la procuración de justicia, la información acredita el rotundo fracaso del NSJP: “la función de procuración de justicia (jamás será) exitosa, (si no se) garantizan ciertas condiciones, como la independencia en la labor de los operadores y su permanencia en el empleo, así como modelos de investigación funcionales y políticas de priorización en la persecución delictiva”.

En otras palabras, desde sus inicios, la implantación del injerto del NSJP ha sido el principal factor que ha incrementado –exponencialmente- los índices de criminalidad, no solo en Chihuahua sino además, en todo el país.

Cualitativamente, diversas notas periodísticas publicadas en EL DIARIO, han demostrado ante la opinión pública, que la inmensa mayoría de los magistrados y jueces chihuahuenses, no son las personas idóneas que pudieran garantizar que la  impartición de justicia sea expedita, completa e imparcial.

El ingreso vergonzoso de muchos de ellos (los ejemplos más recientes: los magistrados ‘oxigenizadores’ y los 56 jueces del supuesto concurso de oposición), acreditan la añeja e infame práctica del ‘amiguismo’ político que prevalece en la designación de magistrados y jueces.

En cuanto a los factores que inciden en el incremento de los índices de criminalidad, José Ángel Ceniceros comenta: “El pauperismo como fenómeno universal y consecuencia de la crisis cada vez más aguda, de la organización social capitalista; el (exponencial) crecimiento de la población con la consiguiente aglomeración en zonas urbanas y barrios bajos y el aumento de desocupados, vagos y malvivientes; la notoria desproporción entre el aumento de la población y los servicios públicos, escuelas, hospitales, campos de deporte…”

“El aumento de centros de vicio y de inmoralidad, cuya influencia perniciosa no han podido contrarrestar ni el hogar ni la escuela; la desorientación ética de la escuela  y el quebrantamiento de las normas de la vida del hogar, cuyos ideales pasados todavía no han sido substituidos de modo preciso por normas nuevas que impliquen verdaderos frenos morales; el cine (y las porno-novelas televisivas) como escuela de morbosidad; la relajación de las costumbres…”

Respecto a la política criminal, el insigne jurista Don Raúl Carrancá y Rivas escribe: “El aspecto mecánico, cuadriculado, de la mera aplicación de la ley que corresponda no resolverá el problema de fondo. La verdad es que no estamos preparados para enfrentar esto en su auténtico significado y sentido porque incluso la legislación más perfecta, si la tuviéramos, dejaría de lado lo esencial”.

Para remediar la creciente violencia, Don Raúl propone “contar con los instrumentos sociales, legales y jurídicos adecuados para que impere la justicia. ¿Dónde se hallan? ¿Dónde los tenemos? Por allí hay que empezar, desde la base y origen de la catástrofe, paso a paso, poco a poco y con eficacia, en vez de políticas equivocadas o reformas constitucionales malas y sin el complemento de leyes secundarias buenas”.

En efecto, tanto los legisladores federales, como los locales, carecen de una sólida preparación –y patriotismo- para aprobar la legislación más apropiada para resolver la problemática de la inseguridad pública. “Ellos son los responsables indirectos por herencia, improvisación, irresponsabilidad o iniciativa propia de las cosas que hoy asuelan al país”.