Chihuahua, Chih.

Sin precedentes, la ofensiva de Andrés Manuel López Obrador y Morena en contra de los órganos electorales, a raíz de dos decisiones trascendentales que no le favorecieron al partido del presidente, es más que un ataque retórico, lleva implícito un clarísimo mensaje a la sociedad: La de expresarle que en la resolución de las elecciones está profundamente preocupado el presidente y deseoso de que sus candidatos  y orientaciones sean votados por los electores.

Va más allá, y lo adelantó en varias ocasiones durante las conferencias mañaneras de los días precedentes: Pretende cambiar a los órganos electorales, e insistió en modificar a todos los organismos autónomos, cambios que pretende incluir en la reforma administrativa propuesta por él, para que esos organismos sean incorporados a diversas secretarías, en la mayor parte de los casos alegando el excesivo costo de su funcionamiento, pero que, en realidad, exhibe su rechazo a lo que son -incluso más allá de sus defectos, en la integración y funcionamiento- verdaderos contrapesos al poder cuasi omnímodo del presidente mexicano.

Además, López Obrador argumenta que en la práctica “no sirven para nada”, sólo “para mantener los privilegios de los de antes, a las minorías” pues, alegó, que no son verdaderamente autónomos.

Al ser cuestionado acerca a qué secretaría se enviaría al INE, planteó que al Poder Judicial, y al hacerlo cayó en una contradicción más pues planteó que se le llevaría a ese poder, convertido “en un poder autónomo e independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo…”. (Nota de Agencia Reforma, 29/IV/21).

Sin embargo, unos días antes, cuando fervorosamente salió a defender la ampliación de la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, argumentó que se necesitaba mantenerlo ahí, porque los demás ministros son “corruptos”: 

“¿Qué pasa en la Corte? Si termina el año próximo el actual presidente, Zaldívar, los miembros de la Corte eligen al nuevo presidente, el actual presidente continúa como ministro, pero ya no como presidente y como ya no será presidente, tampoco será presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de cuidar el buen comportamiento de los jueces, magistrados, ministros; es el órgano que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial, vigilando que los jueces no estén como ahora, al servicio de los potentados”. (Nota de Pedro Domínguez, Milenio, 27/IV/21 https://www.milenio.com/politica/amlo-corruptos-ministros-voten-ampliacion-corte)

Y cada que ocurre algo en contra de sus deseos, aflora la verdadera naturaleza de sus concepciones, las que, contradictoriamente y justamente al revés de como lo perciben muchos de sus seguidores, no van en el sentido de desarrollar la vida democrática del país, pero, además, nos permite otear la realidad que él observa, en la cual la transformación democrática es un hecho, y no, como es natural, en caso de que así fuere, parte de un proceso social de una duración más allá del sexenio.

Imposible saber si en verdad ha descartado continuar en el cargo después del período para el que fue electo, pero continuamente deja ver su convicción de que los cambios ocurridos en su gobierno trascenderán después del 2024, y eso nadie lo puede asegurar, incluso en el supuesto que tuviesen un elevado contenido democrático.

Al argumentar sobre la desaparición de los organismos electorales dijo que “… Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático y corrupto pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, sí, por eso ganan muchísimo”. (Nota de Agencia Reforma, 29/IV/21).

¿O sea, en adelante ya no se necesitan esos organismos para efectuar las elecciones? ¿Propone que regresemos al pasado de cuando el gobierno era el responsable de efectuarlas y el Secretario de Gobernación era el presidente del instituto electoral, como cuando el actual Director de la CFE, Manuel Bartlett, lo fue en el gobierno de Miguel de la Madrid y al que, misteriosamente, se le “cayó” el sistema electoral?

No, en el México post López Obrador todavía será necesario contar con los organismos electorales que conduzcan y califiquen los procesos electorales, y deberán ser, necesariamente, autónomos, es decir, ajenos a los tres Poderes de la Unión, especialmente del Poder Ejecutivo, incluido su actual titular.

Y es que hay un hecho, incontrovertible, que es el de la tremenda afición de la clase política (incluida la del partido gobernante, MORENA, por más que algunos de sus integrantes, el presidente López Obrador también, se perciban como ajenos a esa clasificación) a efectuar toda clase de maniobras para agenciarse los triunfos electorales.

Por supuesto, en los días que corren y con los dos hechos que desataron la ira presidencial -la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón; y la ratificación de que ningún partido podrá rebasar el 8% de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados- mostraron que el interés presidencial está puesto en la elección de este año.

El tema de la cancelación de las candidaturas concitó el mayor interés mediático, pero eso no era el más importante -por más que lo sea para el electorado de Guerrero y Michoacán-, ese lugar lo debiera ocupar el de la sobrerrepresentación del 8% en la Cámara de Diputados.

MORENA se ha opuesto tajantemente a tal artículo de la Constitución, con lo que le ha dado la espalda a una postura, mantenida por la izquierda  electoral mexicana, durante décadas, que es el de pugnar por la representación proporcional directa, esto es, que el porcentaje de la votación electoral obtenida, sea igual al del número de diputados que se le otorguen a cada partido.

La violación a tal norma constitucional es la que le ha permitido al partido del gobierno obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ahora pretendía que se mantuviera de la misma forma, mediante el traslado de candidatos de otros partidos, que originalmente eran militantes de MORENA, y que al momento de ser declarados triunfadores se trasladaban a su partido.

Las regulaciones emitidas por el INE -y ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)-, basadas en el articulado constitucional que establece tal norma, le impedirán a cualquier partido, no solo a MORENA, hacer uso de tal argucia. 

Esa es la verdadera razón de la ira presidencial. 

No está segura la mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados, de ahí las despotricadas en contra de dos organismos que aplicaron la ley, más allá de las interpretaciones interesadas, casi todas ellas desproporcionadas -siguiendo el guión presidencial- en las que, casi, equiparan al INE y al TEPJF, a los instrumentos de la mafia del poder que se apresta a arrebatarle al partido de López Obrador la conducción del país.

No es el único tema en el que los pronunciamientos presidenciales provocan una profunda preocupación -además de que los seguidores presidenciales y de la 4T, en clara sincronía con López Obrador, de inmediato tachan de enemigos de la transformación democrática a quienes plantean puntos de vista distintos a los del bloque gobernante-, sin duda que la aprobación del Congreso de la Unión de ampliar el período del ministro presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal debe inscribirse en tal sentido.

Pero las afirmaciones presidenciales, en pos de apoyar tales reformas concitan una más que sustentada preocupación y le otorgan a sus opositores algo más que argumentos verdaderamente sólidos que nutren el discurso de los partidos que conformaron la alianza “Va por México” en el sentido de que López Obrador pretende establecer un poder omnímodo, por encima del orden constitucional.

Nunca, en los últimos 50 años, un presidente había hecho descalificativos tan severos hacia los integrantes de otro de los poderes. 

Podrían, los anteriores mandatarios, y de hecho lo hicieron, hacer cosas totalmente criticables, graves, subvertidoras del orden establecido, pero que un presidente acusara a los integrantes del  máximo tribunal del Poder Judicial de corruptos (incluidos quienes llegaron a la Corte propuestos por el propio presidente) es una inconmensurable exageración, que nos ilustra acerca del verdadero estado de ánimo del presidente, y que es, de modo alguno, lo que el país necesita.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF