Chihuahua, Chih.

No hay cabida para otra calificación a lo realizado por el grupo gobernante en la parte final de la actual legislatura -en la que cuentan con 16 diputados, uno menos de los necesarios para tener mayoría-: Son faltos de escrúpulos.

Tal calificativo se deriva de la operación blindaje que están realizando en este período, después de las elecciones, en la que adelantaron la designación de magistrados, jueces, de la encargada de los asuntos legales del Congreso, del Auditor Superior del Estado (ASE) y pretenden la del fiscal anticorrupción; además de que intentarán que los actuales diputados aprueben un empréstito más, el 30 de agosto, un día antes de entregar, de 950 millones de pesos para la rehabilitación de las plantas tratadoras.

Mayor falta de respeto a la sociedad chihuahuense no puede haber, igualito que la gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, que el de Veracruz, el panista Miguel Angel Yunes y que el también priista, Alfredo del Mazo, del Estado de México, todos ellos, y Corral, “blindándose” frente a cualquier eventualidad derivada del hecho de no tener una mayoría parlamentaria que los proteja de posibles investigaciones de mal uso de los recursos públicos.

Y no tendrá mayoría en el Congreso, no solamente porque el tsunami pejista le pasó por encima, sino porque una parte importante del electorado chihuahuense ya calificó al gobierno de Corral. No le fue bien.

Si buscáramos evidencias del inobjetable alejamiento de la sociedad hacia el panismo fue el muy publicitado informe de los legisladores del blanquiazul. Alrededor del 90% de los escasos asistentes eran funcionarios, sobre todo del gobierno estatal.

Si César Duarte “oxigenó” el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al nombrar a 13 magistrados -la mayor parte de ellos subordinados suyos-, además de nombrar a un grupo grande de jueces, de manera provisional, adicionales a los previamente existentes, maniobras realizadas a fin de prever procesos penales en su contra, Javier Corral lo ha hecho igual.

Primero, destituyendo arbitrariamente al presidente del TSJ proclive a Duarte, luego otorgándoles atribuciones extra legales al Consejo de la Judicatura -luego de efectuar nombramientos inescrupulosos como los ahora señalados, además de la cuestionada designación de la ex activista derechohumanista, Lucha Castro- y enseguida apresurando al Congreso para que adelantaran la designación de 7 magistrados, así como el del auditor.

No hay cabida a otra interpretación: Corral ha decidido protegerse de cualquier eventualidad y para ello ¡Oh, que novedoso mecanismo! nombra -a través de sus subordinados en el Congreso, que no son solamente de su partido- jueces y magistrados, que eventualmente serían los encargados de los procesos judiciales iniciados en su contra, una vez finalizada su gestión.

Pero, además, se previene -igual que Duarte- nombrando a un Auditor Superior del Estado absolutamente proclive a él y a su equipo más cercano.

Y el engaño es monumental. El actual gobernante chihuahuense pergeña elocuentes discursos acerca de la transparencia, del desarrollo democrático, de la pulcritud y compromiso de su gobierno en tales asuntos.

La realidad lo desmiente.

Miren si no es así.

Para “transparentar” el proceso de selección de los aspirantes a la ASE, inventaron que quien debería hacerlo en primera instancia fuera un panel de especialistas, responsable de entregarle al Congreso del Estado una terna de la cual emergiera el nuevo ASF.

Luego, sorpresivamente, quitaron de los requisitos para ocupar esa posición la de la residencia en el estado de Chihuahua.

Ya estaba realizado el retrato de quien ocuparía ese cargo.

Un antiguo colaborador de Eduardo Romero, desde antes de que éste ocupara la Secretaría General de Gobierno con Francisco Barrio, Héctor Acosta Félix, y que lo acompañara como su más cercano en todos los cargos ocupados en la administración federal de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, entre los cuales se encuentra la Secretaría de la Función Pública federal, y que por esas razones se había ausentado de la entidad, fue llamado a inscribirse como aspirante a la ASE.

Pero el grupo gobernante no deja hilos sueltos. En el panel de “especialistas” designador de la terna, el gobernador Corral incluyó a ¡Eduardo Romero, quien ¡Poquita cosa! actuó como si nada en la definición de la terna.

De esa manera, su antiguo colaborador accede al principal cargo revisor de las cuentas públicas de las actuales administraciones.

Por supuesto que es un hombre de las confianzas del mandatario chihuahuense.

Puede ser un hombre capaz y honesto, su problema, y el del grupo gobernante es que tantas maniobras, todas en el mismo sentido, hacen dudar de la potencial probidad, no sólo de este funcionario, sino del grupo al que pertenece y el modo en que accede a la ASE.

No es lo único preocupante. El jueves, en la tribuna, el diputado de Morena, Pedro Torres, propuso una suspensión a la designación del ASE, para que fuera la nueva legislatura -que accede al Congreso en 6 días más- hiciera tal nombramiento, en virtud de las nuevas condiciones políticas de la entidad, pero que en el fondo planteaba la sospecha de que todo obedece a la intención del gobernador por protegerse para el futuro.

Su propuesta fue rechazada ¡¡¡Por todas las bancadas!!!!

¿Y los aliados de Morena, del PT y del PES? ¿En dónde están?

¿Y la bancada “rosa”, la del PRI? ¿Dónde, dónde andaban?

¡Ah, po’s votando a favor de lo que propuso el gobernador, no importa que Omar Bazán, su dirigente partidario, las hubiese conminado, horas antes, a ser congruentes “con la dirigencia nacional y con los 25 presidentes municipales que impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el procedimiento de designaciones de auditor y fiscal anticorrupción… sin caer en dimes y diretes, esperemos (las diputadas) que sean solidarias e institucionales. El CEN y el Comité Directivo Estatal respaldamos a los alcaldes”. (Nota de ITZEL RAMÍREZ, El Diario/Juárez, 24/VIII/18).

Pero las prisas, negadas por los gobernantes, quedaron evidenciadas por dos hechos, a cual más de contundentes:

Al inicio de la semana, el Consejo de la Judicatura, en una sesión secreta, designó a 54 jueces; luego, el Congreso designó a Acosta Félix, pero los primeros tomarán posesión de sus cargos hasta el 1o. de enero del 2019 y Acosta el 1o. de diciembre.

Si tomarían posesión de sus cargos hasta entonces ¿Cómo justifican las prisas para designarlos, en el caso del auditor, hasta en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado?

No es el único.

Desde mayo, la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado permanecía vacante.

Bueno, en otro santiamén, Olivia Franco fue designada en la misma sesión que Acosta Félix y en este caso la descobijada es peor pues el Auditor con muchas dificultades podrá ser destituido, como amenazaron dos diputados electos de Morena -Miguel Angel Colunga y Benjamín Carrera-, pero el cargo de Olivia Franco es facultad de la nueva legislatura, así que lo más probable es que lo ocupe solo unas cuantas semanas, las necesarias para que los nuevos diputados nombren a los nuevos funcionarios del Poder Legislativo.

¿Pero, para qué hacerlo, para “blindarse” ante esa nueva realidad, la de que los acuerdos que tome la siguiente legislatura van a ser producto de infinitas negociaciones, en virtud de que ninguna fuerza política tendrá mayoría por sí misma y de que el titular de ese cargo es el encargado de atender los temas legales del Congreso?

Y si todo lo anterior despierta no pocas suspicacias y hasta verdadera irritación ciudadana, la pretensión de que se apruebe un nuevo crédito por el actual Congreso, para la rehabilitación de las tratadoras de agua, no hace más que confirmarlo.

Han pasado casi dos años del gobierno de Javier Corral y la deuda del estado ha crecido, no obstante sus reiteradas promesas en sentido contrario, y ahora propone incrementarla aún más, para sumarla a la deuda directa (la contratada a pagar en el mismo año) que día a día hace revivir la preocupación de que pueda convertirse en inmanejable.

Tema central de su campaña fue el del enorme dispendio del gobierno de César Duarte y que al ajustar los gastos de la pasada administración se podría abatir el déficit presupuestario, cercano a los 5 mil millones de pesos anuales.

Tal pretensión ha quedado sepultada.

Las evidencias están a todo lo largo de la administración estatal, los conflictos por la falta de medicamentos, de la falta de personal médico, del cumplimiento de diversos programas, las continuas demoras en el pago de salarios de maestros, a trabajadores del gobierno estatal, incluidos los del personal de seguridad pública, a médicos, enfermeras, etc. nos hablan de que los ahorros presupuestarios, o no se han efectuado, o no han sido los necesarios.

Algo debe hacer el grupo gobernante, está en curso una “rebelión aldeana” (¿se acuerdan de aquella reunión, convocada por Javier Corral, en la que se gestó la alianza PAN-PRD, en la que nos convocó a dejar de hacer una política “aldeana”?) paradójicamente ha sido puesta en marcha por 25 alcaldes priistas que han presentado sendas impugnaciones, ante la SCJN, por las designaciones de jueces y auditor.

Es que podíamos pensar de ellos muchas cosas, nunca que carecieran tanto de la ética política largamente presumida.

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