No puede ser coincidencia. Más bien pareciera ser una obra en dos actos.

La mayoría parlamentaria del Congreso del Estado, primero, aprobó la derogación de un artículo transitorio de la reforma constitucional que obligaba al gobierno de Chihuahua a saldar toda la deuda de corto plazo tres meses antes del término de la gestión; luego, sin que se tuviesen antecedentes, en modo fast track, elaboró, envió y logró que se aprobara la "monetización" de los remanentes del fideicomiso carretero, hasta por un monto de 6 mil millones de pesos, acto que requería la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes y que provocó una indignación generalizada debido a la enorme opacidad usada para informar del destino de tales recursos que, tiene razón el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, fueron aprobados en lo general en diciembre del año anterior en la Ley de Ingresos, para ser usados en el presupuesto de egresos de este año.

"En la Ley de Ingresos para el año 2016, aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, se contemplaba una partida de 'Aprovechamientos de Capital', dentro el rubro 'Aprovechamientos', por una suma de 6 mil 161 millones de pesos". (Nota de Alejandro Salmón, www.ahoramismo.mx, 17/VI/16).

Y es que el 23 de junio del 2011, fue aprobada por el Congreso de la Unión la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos, con el objeto de armonizar los conceptos utilizados por las distintas administraciones en las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos.

Uno de ellos, el de los “Aprovechamientos de Capital”, se definió así: “Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de los aprovechamientos que generen sus inversiones en bienes tangibles de su patrimonio”, lo que le permitió al gobierno de Chihuahua utilizar lenguaje tan rebuscado para sustentar lo que ahora deploramos.

Cuando en diciembre del año pasado se aprobó la ley de ingresos del gobierno de Chihuahua, ya estaba contemplado el concepto de "Aprovechamientos de capital", que abarca rubros como el de la mentada bursatilización, o el de la monetización -que los tecnócratas están reservando para los dineros fruto de empresas como Fibra Chihuahua-. Se antoja increíble que nadie hubiese reparado en que una décima parte del presupuesto del gobierno de Chihuahua estuviese soportado en ese concepto.

Tema central de la campaña electoral recientemente concluida, el de la deuda, ha ocupado, hasta el último minuto, la atención del Gobernador Duarte y el de la ciudadanía; esa fue la razón por la que su gobierno decidió no “subir”, durante la campaña electoral, al Congreso del Estado, las iniciativas en concreto para aprobar la obtención de aquella cantidad, por el desgaste electoral, como afirmara a distintos medios el Secretario Herrera, "ya que prevalecía el temor de que un tema 'eminentemente financiero' se convirtiera en una discusión electoral". (Ibídem).

Inicialmente, la propuesta consistía en la bursatilización o “monetización” del 25 por ciento de los recursos federales procedentes del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cosa que permite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya vigencia pospusieron los diputados priistas y sus aliados en Chihuahua.

El otro instrumento contemplado era el de la utilización de 3 mil mdp de los remanentes del fideicomiso carretero. Estos dos rubros garantizaban los 6 mmdp mencionados.

Sin embargo, ante la oposición del gobernador electo, Javier Corral, en un acto que elogiamos, esas iniciativas fueron "bajadas" de la discusión en el Congreso del Estado por el Gobernador Duarte, sólo para que días después y una vez superado el obstáculo del transitorio de la Ley de Disciplina Financiera, sin ningún aviso, sin hacerlo del conocimiento (por lo menos, sin que tengamos a la mano información en contrario) del Gobernador electo, el Gobernador Duarte envió la iniciativa, la que fue aprobada inmediatamente.

Dicha iniciativa fue entregada a las 11.20 Hrs. del 5 de Julio al Grupo Parlamentario del PAN, esto es, apenas 24 horas antes de su aprobación. Menos de un día para que los diputados del blanquiazul y sus especialistas en materia financiera pudieran hacer el análisis correspondiente a una iniciativa tan compleja desde el punto de vista financiero, y eso que se trataba de la representación de la fuerza política más importante en la entidad y el municipio.

En este asunto la coalición gobernante se comportó como sus similares de Veracruz y Quintana Roo, los procedimientos fueron los mismos para aprobar cosas que han merecido desaprobación generalizada.

El grupo gobernante actuó en este asunto como si el 5 de junio no hubiese ocurrido nada, como si el hecho de que 7 de cada 10 electores no hubiesen descalificado su gestión fuera algo que podían desestimar y, encima, usar el mismo discurso previo a las elecciones.

Esa es la nueva realidad de Chihuahua, les guste o no, y a esa realidad deben atender, porque, además, y esa es una frase que se repiten entre sí los políticos, especialmente los priistas, ninguna derrota es para siempre.

Y deberán recordarlo frecuentemente; estamos, en la práctica, a un año del inicio del siguiente proceso electoral, que abarcará la elección de alcaldes, diputados, síndicos, diputados federales, senadores y presidente de la república ¿Cómo enfrentar la siguiente elección si sus actos de hoy le acarrean más desprestigio que el mostrado por la voluntad ciudadana en las urnas?

Y ese es uno de los problemas del priismo derrotado en Chihuahua, que los actos de su gobierno le acarrean más críticas de los chihuahuenses, incluidos muchos priistas, lo que les ocasionará enfrentar en condiciones de verdadera desventaja tal elección.

Ante esos actos y decisiones, la aparición de comentarios y actitudes críticas, como los de los ex gobernadores Patricio Martínez (El buen general debe saber como llevar en orden a su ejército en la retirada) y de Reyes Baeza (colaboraré con el gobernador Corral) y los que infinidad de priistas hacen, preocupados por el futuro inmediato de su partido, son normales y reflejan la enorme distancia existente, en este momento, entre César Duarte y la mayoría de sus compañeros de partido.

Porque más allá de la argumentación del Gobernador Duarte y del Secretario Herrera de que la bursatilización o la monetización de los peajes carreteros no es deuda, lo cierto es que la percepción popular, y la de crecientes sectores del PRI, es de que la actual administración fincó su actuación en la utilización de los recursos futuros, generados por el peaje carretero, de las siguientes cinco administraciones, para solventar el déficit presupuestario, que en promedio ronda los 6 mil mdp anuales, y que, por lo menos para el 2016, ese fue el presupuestado, porque, sí, se aprobaron esos “aprovechamientos de capital” por 6 mil 161 mdp, que en la práctica son deuda o compromisos financieros de Chihuahua y que formaban parte del presupuesto de egresos para el presente año.

Pero la medida deja abiertas una gran cantidad de interrogantes, entre ellas la de que la mitad de la “monetización” se destinará al pago de una deuda de 3 mil millones de pesos “dedicados a inversión productiva”, dice la propuesta de Duarte, y la otra mitad al pago de inversión productiva, lo que para la diputación del PAN no es otra cosa que el pago a proveedores, cuya lista le fue solicitada al gobierno por los dirigentes de los empresarios de la capital, sin que hayan recibido respuesta.

Y ese es uno de los problemas de la transición gubernamental, el de que los actuales gobernantes deberán aceptar que las decisiones trascendentales ya debieran ser responsabilidad de la siguiente administración, que, sí, están obligados a respetar la ley y asumir las responsabilidades inherentes, pero que en aras de la gobernabilidad -que tanto ha presumido el Gobernador Duarte- lo conducente es que decisiones como la que ahora nos ocupa, o como la de la manera de enfrentar el problema del transporte urbano de la capital, debieran consensuarse con el equipo de Corral, por más animosidad que se guarden y por más enfrentados políticamente que se encuentren.

Una prueba de que existe realmente esa disposición sería la de que se hiciera del conocimiento de los entrantes -y, por supuesto, de la sociedad- los recursos económicos que encontrarán y las necesidades a cubrir, así como la explicación del porqué de la premura en la aprobación de los 6 mmdp.

Y este es un asunto clave. Jaime Herrera aseguró (Entrevista en Aserto Radio, de Antena 102.5 FM, 1/VII/16) que, debido a los tiempos necesarios para procesar la bursatilización, el plazo, ya derogado, de los 3 meses antes del término de la gestión habían hecho inviable concretarla.

Si esto es así, entonces ¿Por qué el apresuramiento? La nueva administración bien podía, al entrar, analizar si ese nuevo compromiso financiero lo asumía o, si por el contrario, decidía no utilizarlo.

Hoy todo eso contribuye al encono y a la irritación popular.