La posposición de la resolución sobre el amparo solicitado -y obtenido de manera provisional- por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos del remanente del Fideicomiso carretero, así como la determinación del Comité Nacional del PRI, de atacar la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que había declarado legal la elección de Javier Corral, ha llevado a la máxima tensión a los actores políticos de la entidad.

Además, con los apretones financieros del Gobierno del Estado, con evidencias plenas en varias actividades de los entes públicos, han llevado a que la transición gubernamental que, a pesar de los diferendos de los gobernadores, el actual, César Duarte y el electo, Javier Corral, transcurría dentro de parámetros “normales”, se haya desbarrancado.

Lo decíamos el jueves pasado, -cuando apelábamos a la más famosa frase del ya fallecido Mario Ruiz Massieu- el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza desató todos los demonios.

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, si otorga el amparo, pero en un nuevo escenario, diferente al de apenas 3-4 días atrás, en el que las expresiones de Duarte y Corral subieron de tono y las manifestaciones del “apretón” aplicado por la Secretaría de Hacienda a varios de los gastos de la administración estatal, entre los que destacan el de la compra de diesel para el Vive Bus de la ciudad de Chihuahua, la gasolina para vehículos de varias dependencias, la disminución de los gastos en las oficinas del Gobierno del Estado en Juárez, y el pago a proveedores de los penales, mientras crecen los rumores acerca de los enormes problemas financieros del gobierno de Duarte para enfrentar los pagos al personal para la primera quincena de agosto, y los de que antes de la presentación del amparo contra la bursatilización, había acuerdos entre los equipos de los gobernadores, acerca del modo en que ejercerían esos recursos.

Todo eso cambió. Nos quieren poner “una zancadilla”, dice César Duarte en relación al amparo; en tanto que Corral afirma que “es un absurdo”, la nueva impugnación del PRI, al tiempo que anunció su propósito de pagar a los proveedores del gobierno, pero a los que demuestren no haberse excedido en las cotizaciones de los bienes y servicios prestados al gobierno de Duarte y que éste no haya saldado, para evitar, dijo, que el actual mandatario le pague a sus amigos y favoritos.

El juicio de revisión constitucional presentado por el PRI en contra de la resolución del TEE sí entorpece los trabajos de la transición gubernamental. Corral afirmó que “actores con los que hoy mismo podríamos estar sentados trabajando, platicando, tengan como pretexto o argumento la impugnación del PRI”.

De todos modos, con los recursos de la bursatilización, o sin ellos, sostuvo, habrá problemas financieros al tomar posesión del gobierno.

Además, el juez precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua violó la prohibición al contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”, o, si por el contrario, le concede la razón al Gobierno de Chihuahua, quien arguye que el párrafo constitucional de marras se refiere solamente a la “deuda de corto plazo”, lo que no se aplica, sostiene, a los recursos obtenidos por la “monetización”, ya que, dicen, “no son deuda”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés legítimo” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Recuperado el discurso previo a las elecciones, el Gobernador Duarte sostuvo que con la presentación del amparo, lo que se busca es “meternos el pie para tratar de impedir que el Gobierno cierre de mejor forma, porque no se puede entender una acción de impedir el acceso a un recurso que se tiene presupuestado desde el año pasado, un recurso que se tiene contemplado en la Ley de Ingresos… Es un interés de meter el pie, de meter zancadillas, de distraer las capacidades del Estado en contra del reloj y naturalmente que esto afecta a Juárez en los recursos que hemos convenido y compartido para obras comunes, que hemos construido y muchas de ellas por los tres niveles de gobierno”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 6/VIII/16).

En este sentido, las declaraciones del titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Sergio Belmonte, acerca de que parte de los recursos de la bursatilización serían destinados a la liquidación de personal, una vez que entrara en funciones el nuevo gobierno, levanta marejadas (es que estamos en temporada vacacional, de ahí el lenguaje) de preocupación, pues la ley no contempla el pago de liquidaciones al personal de confianza, como lo son quienes participaron en los primeros niveles de la administración, para los que, incluso, existe un ordenamiento legal, aprobado en el gobierno de Patricio Martínez, que prohibe hacerlo. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 6/VIII/16).

“Por ahora no hay gasolina ni para transporte urbano, ni para unidades de la Fiscalía General del Estado”, reconoció Belmonte. (Ibídem).

Tales informaciones motivan la preocupación.

Vamos aceptando que los 6 mmdp de la bursatilización fueron aprobados en diciembre del año anterior como parte de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2016; eso no explica que en agosto se diera un problema de falta de liquidez del gobierno pues, en todo caso, los 6 mmdp harían falta, si se aplicara esa lógica, en los meses de noviembre y diciembre.

En agosto deberían de estarse ejerciendo los recursos de este mes y de los anteriores, pero de ninguna manera los del fin de año, por ello no se explican los “apretones presupuestarios del momento”, y en todo caso haría falta que a la sociedad chihuahuense se le informara -por supuesto, también al equipo del gobernador electo- detalladamente del momento financiero que vive el gobierno estatal, pues podría haber nuevos elementos que lo justificaran, pero que al no hacerlo se da pie a la especulación, en momentos en los que la actual administración estatal pasa por uno de los peores momentos de credibilidad.

De ahí que se antoje inexplicable la determinación de la dirigencia nacional priista al insistir, ante el máximo tribunal en materia electoral, en impugnar la elección y, ahora, de acusar a los organismos electorales, tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Instituto Estatal Electoral, de haber violado normas constitucionales por haber aprobado diversas regulaciones de carácter operativo para las elecciones del 5 de junio y que hasta haya aparecido el ex candidato, Enrique Serrano, reclamando su derecho a ser postulado, nuevamente, en el caso de que anularan las elecciones.

¿Es que acaso las dirigencias reales del PRI no sopesan la realidad? ¿No efectúan mediciones de preferencias y simpatías político-electorales? ¿No se dan cuenta que si se realizaran nuevas elecciones -dejando de lado, en este alegato, la legalidad o no de las elecciones del pasado junio, teniendo presente, el escribidor, que fueron legales- sufrirían una más aplastante derrota, percepción que comparten infinidad de priistas?

Eso es lo que está en el fondo en las expresiones de los ex gobernadores Patricio Martínez -un buen mariscal sabe retirar a tiempo sus fuerzas- y Reyes Baeza -le daré todo mi apoyo al gobernador electo-, de la del ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada y del coordinador de los diputados federales chihuahuenses priistas, Alejandro Domínguez, cuando expresó que “Lo que urge en el PRI es restablecer el diálogo interno de todos los actores políticos, no sólo de quienes encabezan la dirigencia o de quienes gobiernan porque el partido somos todos y tenemos obligación para recomponer la circunstancia en la que nos encontramos”. (Nota de la redacción, tiempo.com, 2/VIII/16).

Esas son las expresiones públicas, las que hacen muchos de los militantes de ese partido en privado son increíblemente duras para quienes ejercieron el gobierno en la actual administración y que, en el supuesto de la anulación de las elecciones -lo que parece muy lejos de la realidad-, serían los que cargaran con la mayor parte del trabajo de la campaña, en condiciones extraordinariamente desventajosas.

Y es que nunca habíamos apreciado tan grande desgaste de un gobernante. Hacia allá llevó a su partido; pocos lo acompañarían en una nueva aventura electoral.

Necesitarán varios meses, y mucha sabiduría política, para ser competencia en la siguiente elección.

Se ve muy difícil que lo sean.

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