Chihuahua., Chih
En el marco del aniversario de la victoria electoral del 2018, donde más de 30 millones de electores le permitieron a Andrés Manuel López Obrador ser el primer presidente populista de la izquierda mexicana, asunto que refrendó el liderazgo del presidente por los resultados que obtuvo Morena y sus partidos coaligados en las elecciones del 6 de junio pasado; en esta inflexión politica será conveniente que las organizaciones progresistas del Sector de la Economía Social Rural (Sector) adherentes y no adherentes al presidente, hagan un cambio de timón en la estrategia de interlocución con el Estado, afín de que exista una correa de transmisión efectiva entre dichas organizaciones y el Estado, por lo que las mismas deberán organizarse por sistema-producto para ser vinculantes con el poder legislativo para participar en el diagnóstico de las demandas y derechos socioeconómicos de los diversos sectores de los trabajadores del campo; cuestión que también deberá hacerse extensiva en relación con las políticas públicas de la administración de la Cuarta Transformación (4T).
Dichas organizaciones adherentes al presidente están entre otras, el Movimiento Campesino “Plan de Ayala Siglo XXI” que es una alianza de 12 organizaciones nacionales y 78 organizaciones regionales y estatales, pero donde existe una desatención gubernamental que se traduce en acciones de tortuguismo e ineficacia hacia el movimiento referido, un ejemplo emblemático es la inoportuna distribución en tiempo y forma de los fertilizantes en el estado de Guerrero.
Respecto al citado movimiento, está la interrogante ¿del porqué se ha permitido la desatención referida? una primera explicación es porque algunos dirigentes del mismo han sido beneficiados por el palomeo de “ya sabes quién”, como es el caso de José Narro Céspedes, Ex-Secretario General de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Víctor Suárez Carrera, Ex-Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo; respecto al primero es Senador de la república y el segundo se desempeña como Subsecretario de Alimentación y Competitividad; en este sentido las organizaciones aludidas tienen que ceder en tiempo y forma a lo que dicta la tramitología burocrática, por lo que el movimiento tiene que ¡aguantar vara!
Asimismo dichas organizaciones están convencidas que el presidente “busca para el medio rural que el campesinado sea la base de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria”, sin embargo esto “suena hueco” porque la 4T en el ejercicio 2021 ha desaparecido los programas de desarrollo rural, crédito a la palabra, fomento a la ganadería...; extinción que afecta a un total estimado de 1.8 millones de unidades económicas rurales (UER) que corresponden al 33 por ciento de un total de 5.4 millones de UER; castigan al Presupuesto de Egresos de la Federación a otros 11 programas con recortes de -5% a -22.8%; hay 3 sin cambios y aumentan fondos a 8 ligados a entrega de recursos”. (según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, septiembre de 2020).
Respecto a las organizaciones no adherentes al presidente y que son las “que ni los oyen, ni los ven”, está el Frente Auténtico del Campo, integrado por 4 organizaciones y donde destaca la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; también se señala al Congreso Agrario Permanente que es una alianza de 10 organizaciones nacionales de productores que corresponden (entre otras) a la Central Campesina Cardenista, Confederación Nacional Campesina, y la Unión General de Obreros y Campesinos de Mexico “Jacinto López”.
Por otra parte, están las fuerzas conservadoras “Va por México” que es una coalición opositora hasta el 2024 en el poder legislativo e integrada por el PAN, PRI y PRD, las cuales están vinculadas al Consejo Coordinador Empresarial y a su vez dicho Consejo tiene adscrito al Consejo Nacional Agropecuario cuyas organizaciones gremiales están integradas básicamente por las medianas y grandes empresas agropecuarias, asimismo sus dirigencias “con dientes afilados” defienden los intereses capitalistas mediante el camuflaje de los rasgos neoliberales, como fue el eslogan utilizado en el calderonato de “Vivir mejor” y así “caer en el garlito” de cumplir dicha promesa.
Desde que se asumió el poder el presidente y hasta la fecha se reconoce que la administración de la 4T ha realizado cambios significativos positivos en la gobernanza, los resultados de avance de sus programas han sido ya puestos ante la opinión pública, (Tercer informe de gobierno, 1 de julio de 2021); sin embargo es necesario por ley un examen objetivo, que trascienda “los análisis superficiales y autoelogios” para con ello validar los objetivos y metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y asimismo evaluar los cambios que se han dado en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En esto tiene la palabra con independencia y neutralidad la Auditoria Superior de la Federación.
En este contexto, es irrefutable la amplia carga de contrastes negativos en relación a los resabios e inercias clientelares y populistas que presenta el modelo económico del país, asunto que obliga desechar el argumento de dar “cristiana sepultura” al neoliberalismo (desde marzo del 2020) en vista de la profundidad de la desigualdad social e inequidad económica que se tiene en el país, es decir se ha caído en el síndrome pobreza-hambre-desempleo cuya dimensión alcanza la exorbitante cobertura de 52.4 millones de mexicanos que representan el 41.9 por ciento de los habitantes del país y de entre ellos también se incluye al estrato de los 21.1 millones de mexicanos en pobreza extrema, que son los que eventualmente cubren su canasta básica alimentaria.
En términos llanos significa “que de cada 4 mexicanos, 2 son pobres y de esos 2, uno de ellos vive en pobreza extrema”. ¿Cruda realidad? (Datos fuente del Coneval, junio de 2020).
Sobre algunas propuestas provisorias, será necesario en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, pueda “establecer los programas especiales, sectoriales y especiales concurrentes que así lo justifiquen”. Respecto a esta figura del Consejo Mexicano es donde podrá participar la señalada economía social rural.
Además se requiere que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se consideren solucionar algunos de los problemas torales en relación con la ineficacia de “gestión del conocimiento e innovación”; y lo débil de la organización económica, gremial e interdisciplinaria de los actores agrícolas y donde se adolece de un “sistema financiero cooperativo” rural a fin de que se atiendan los factores de “ahorro, crédito, seguro, arrendamiento, factoraje, capital semilla y de riesgo y la cobertura comercial”.
Asimismo, subsanar que el sector cuente con un mecanismo para la tranversalidad y concurrencia institucional de los objetivos planteados en el PND y cuyo resultado proporcionaría un eficiente acompañamiento y seguimiento de los programas de extensionismo previstos
Es necesario por tanto que las organizaciones del Sector se involucren en las políticas públicas, pues les corresponde por ley el impulsar conjuntamente con el congreso y la administración de la 4T la redirección de la gobernanza en materia de políticas rurales, y cuya tarea principal sería el ser coadyuvante para lograr la soberanía y autosuficiencia alimentaria y por tanto construir la democracia que hasta hoy las fuerzas oligárquicas han estorbando; asunto (reitero) que obligaría a que los movimientos mencionados debieran organizarse por sistema-producto y con ello vincularse con el Estado al presentar sus demandas y derechos y el participar en el seguimiento-evaluación de las políticas públicas.
Revisemos algunos referentes conectados con el modelo económico actual; el mismo no genera condiciones internas para el crecimiento y el bienestar de las mayorías, pues depende de capitales externos, las remesas, etc., mientras favorece al sector financiero y no al productivo; la economía no crece a niveles permisibles, pues no promueve la equidad; al contrario, se observa una polarización de la sociedad.
Se nos dice el país será una de las grandes "naciones mundiales”; sin embargo, el modelo que tenemos dista mucho de avanzar en esa dirección; el territorio nos pertenece cada vez menos; la banca, la industria, los centros comerciales son controlados en forma exponencial por oligopolios transnacionales que procuran objetivos contrarios al interés nacional.
En suma, en México es apremiante redireccionar el modelo económico y así evitar que el desajuste estructural conduzca a un mayor subdesarrollo.
Por ejemplo ¿Un pacto que resuelva los problemas del campo, no? Pues hasta el momento y más de un tercio del sexenio se ha incumplido en avanzar en lograr la soberanía alimentaria, objetivo que fue asumido por López Obrador como candidato a la presidencia ante el Movimiento Plan de Ayala en Jerez, Zacatecas, el 10 de abril de 2018.
Asia es inconcebible sin arroz y Europa sin trigo; pero en México, nos estamos quedando sin maíz; en los últimos 10 años el precio de la tortilla se ha duplicado. Esto obedece a que desde hace 25 años los gobiernos neoliberales dejaron de fomentar la milpa argumentando que importar era más barato, pero a más de un tercio del sexenio la 4T también es corresponsable; por lo que no debiéramos comprar maíz externo y a precios altos; esta situación es resultado de un modelo con fuertes inercias neoliberales que beneficia en lo particular los intereses de las empresas agroalimentarias transnacionales; por lo que si queremos comer, necesitamos importar arriba de 150 mil millones de pesos por año en alimentos, sobresaliendo entre ellos el 30 por ciento del maíz.
¿Entonces si antes fuimos autosuficientes, porque tenemos una dependencia alimentaria? La respuesta está en que tenemos un modelo impuesto agroalimentario que privilegia las importaciones agroalimentarias vía "ventajas comparativas” y con ello se renuncia a la soberanía alimentaria.
Conclusión, la economía social rural debe disponer de eficacia política para apoyar en alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, esto se traduce en hacer política y hacerla bien, es decir buscar por una parte la unidad con las distintas fuerzas de la Economía Social Rural para concretar los objetivos y no derrocharlos, sino que conservarlos y ampliarlos y donde el Sector deberá de manera organizada conjuntamente con el Estado priorizar la atención a los desatendidos y vapuleados en los procesos de producción y comercialización agropecuaria, cuestión que implica ir más allá de articular lo ideológico y afín de reivindicar al Sector respecto a las oportunidades, las libertades, las diferencias y las prerrogativas que por su contribución al país hace por más del 20% del producto interno bruto agroalimentario.