Chihuahua, Chih.
En el México de hoy, neoliberal, capitalista, republicano, con división de poderes, con la existencia de una poderosa clase empresarial; país en medio de la globalización y sujeto a los vaivenes de los EU y cuyo rumbo, de los últimos 70 años ha estado marcado por una continua tendencia hacia la cada vez mayor integración a la economía norteamericana, ha cobrado una mayor importancia el protagonismo y fuerza del Poder Judicial, a fuerza de estar en la obligación -cuando puede- de resolver los cada vez más frecuentes y multimillonarios litigios, con los cuales las empresas asentadas en México pretenden resolver los problemas derivados de la gestión económica.
Esa orientación le dieron a la reforma energética del peñanietismo y que fue plasmada en el nuevo tratado comercial de América del Norte -el TMEC- confirmado, además, por el equipo de López Obrador, justo unas semanas antes de tomar posesión como presidente de México.
Precisamente ese entramado -en lo interno, por la injerencia del Poder Judicial, en lo externo, por el peso de los intereses norteamericanos asentados aquí- es el que se encuentra en el fondo de la disputa eléctrica, exacerbada a partir de la aprobación de la reforma a la ley eléctrica propuesta por López Obrador, aprobada sin cambiarle una sola coma, como ordenó el tabasqueño.
El problema es que el Poder Judicial deberá resolver si las modificaciones no violan el marco constitucional de la reforma de Peña Nieto, que dieron pie a la firma de infinidad de contratos con las más poderosas empresas eléctricas del mundo.
Y eso es lo que empezaron a efectuar varios jueces federales, cuyas resoluciones se encuadran en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el marco legal existente.
Mal hace el presidente si por hacer su trabajo pretende que sean investigados y enjuiciados, por el supuesto que arguye el presidente, de servir a los intereses de particulares, o del extranjero, o ser comparsa de los monopolios extranjeros de la industria eléctrica.
Pero nada dijo del modo y los argumentos que opondrá para hacerlos valer en el juicio de amparo otorgado a los industriales. Nada por fuera de la ley, ha expresado reiteradamente, este es el momento, justamente cuando deba presentar una razón jurídica para que el Poder Judicial de la Federación le otorgue la razón -si es que la tiene- y, si no, ajustarse al marco jurídico que juró respetar.
La respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, si bien aparentemente cortés, en realidad le marca distancia pues los jueces, le dijo, actúan con independencia y autonomía, además de señalarle, claramente, la ruta: “… los fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
El presidente, antes de pedir una investigación -en el ejercicio de una muy clara acción intimidatoria- a un juez ¡Sólo porque extendió una suspensión provisional, a fin de que posteriormente se estudie el fondo del problema, en lo que es una resolución que los jueces federales efectúan regularmente!, lo que debió hacer es ordenarle a su equipo jurídico que atienda el asunto y lo defienda en los tribunales.
Y sólo hasta entonces, luego de tener en la mano elementos que le hagan presumir una conducta ilegal del juez, entonces exigir la investigación referida, no antes, lo que da pie a que sus adversarios tengan a la mano más argumentos -otorgados por la conducta presidencial- de estar construyendo un gobierno autoritario, sin el respeto al estado de Derecho a que está obligado.
¿Y ahora qué va a hacer si otros jueces ya resolvieron del mismo modo que el primero, al grado de que en estos momentos se han emitido alrededor de ¡27 suspensiones otorgadas por jueces contra la reforma energética, publicada el pasado 9 de marzo!
¿Va a ordenar la investigación de todos los jueces que fallen en sentido contrario al de sus deseos?
Eso le pasa por exigir lealtad a ciegas pues le impide recibir las opiniones de quienes, estando de su lado, no coinciden con ellas. Ahí están los resultados, eso pasa por exigirle a los legisladores que no le “cambien ni una coma” a su propuesta de ley.
¡Qué bárbaro!
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