Chihuahua, Chih.

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, además de abrir otro debate sobre las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas en el país, y la manera de enfrentarlas, ayudó a develar, también, la pobreza de la capacidad de debate de una buena parte de la sociedad.

No bien terminaba de presentar la renuncia y ya merecía, por parte de sectores de los simpatizantes del presidente López Obrador, descalificaciones muy severas, sin que se discutiera, en esencia, lo planteado por el renunciante, tema que merece una profunda discusión y que debe ser, sin duda, uno de los aspectos más controvertidos en el seno del equipo gobernante: Las medidas que se deben aplicar, en los recortes presupuestales; los porcentajes a recortar, las áreas en que se harán y los paliativos para enfrentar las consecuencias.

Lo realizado en el país llevó a una drástica disminución en la creación de empleos formales; al crecimiento del empleo informal, a la aguda disminución de los salarios, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, entre otras consecuencias, pero todas estas a la baja recaudación de cuotas obrero-patronales, a lo largo de las casi últimas cuatro décadas.

Lo esgrimido por Martínez es contundente.

En primer lugar, dice, y le llama la atención a todos los gobernantes de que deberán respetar los marcos regulatorios, el IMSS, al recibir recursos de origen tripartita, no podrán manejarse como si fueran recursos, sólo, del gobierno federal.

La acusación, o dicho más aterciopeladamente, el señalamiento es muy serio: “… algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social… algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo”.

Va al fondo de otra discusión, no abordada a profundidad, todavía, la de la conducción de los asuntos del gobierno, y en esto, el de la injerencia y/o autoridad de la Secretaría de Hacienda.

Hasta el gobierno de Peña Nieto, Hacienda era el verdadero y único ejecutor de las tareas de gobierno.

Quizá a eso se refiere Martínez Cázares cuando dice que “La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”, para luego arremeter y sostener que… algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Y luego relata el lastimoso estado del Seguro Social: “… muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.

Ese es el fondo de la discusión, tema, indudablemente, de numerosas sesiones con los funcionarios de Hacienda y, seguramente, con el presidente, pero en el que tiene razón el renunciante: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”.

Y pone ejemplos: “El IMSS-BIENESTAR que otorga medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, porque le deben más de mil millones de pesos…”. ¿Qué se puede decir ante lo anterior?

Además, acusa a Hacienda de creer “que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines”, cosa contraria a sus normas internas.

Se queja, además, del despido de empleados eventuales, necesario para “realizar notificaciones, certificaciones, cálculos y cobranza”.

La respuesta del presidente a la renuncia ya forma parte de la picaresca nacional al negar que existiera un despido de enfermeras y médicos eventuales: "No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que 'la calumnia cuando no mancha, tizna’".

Y es que al recortar el gasto superfluo y las “aviadurías”, así como las contrataciones indebidas y todas las corruptelas imaginables, -cosa positiva- deberá ejecutarse en los mejores términos, cuidando en no afectar las tareas sustantivas de las instituciones de salud.

Al parecer, lo que se hizo con el recorte fue lo contrario, pues los directores de once institutos de salud, además de los directores del Hospital Infantil de México y del Hospital General, denunciaron los recortes presupuestales de 2 mil 300 millones de pesos.

Entonces ya no fue la mafia del periodismo, sino funcionarios con responsabilidades concretas en la atención a miles de pacientes en el país; directores, además, de institutos, la mayor parte de ellos con muy altas calificaciones profesionales y académicas en el continente americano, quienes han revelado las desastrosas consecuencias de aplicar un recorte a rajatabla.

Los daños son serios: “Se han diferido consultas y cirugías y está en riesgo la continuidad de procedimientos de alta especialidad, como los trasplantes de órganos que se realizan en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). (Ibídem).

Ante ellos, ni más ni menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, debieron asumirse como gestores de una urgente reunión con los funcionarios de Salud y con el presidente López Obrador.

No son la única evidencia del recorte salvaje, indiscriminado, en estas instituciones.

En el reporte realizado por los directores, se asienta que, si bien no hay despidos, la cancelación de contratos por honorarios ya afectó los servicios de salud pues muchos médicos y enfermeras trabajan mediante ese rubro, el de eventuales o suplentes. (Nota de Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 24 de mayo de 2019).

Precisamente, aplicando las recetas de la doctrina neoliberal, los gobiernos anteriores, con el fin de escatimarles prestaciones laborales a un buen sector de los trabajadores del gobierno federal, los contrataron bajo la modalidad de eventuales y por honorarios, para que ocuparan las “guardias” y las suplencias.

A la llegada del gobierno de la 4T los cancelaron, sin una revisión más puntual, no sólo sobre el carácter de los contratos (los cuales podían esconder, y escondían, innumerables corruptelas), sino sobre las funciones de los empleados contratados bajo esa modalidad.

Bueno, pues ahora los directores se están quejando por la falta de esos empleados, a los que se les pagaba con recursos fuera de los presupuestados ya que requieren asignaciones adicionales.

De la naturaleza de una parte de estos trabajadores, que ya no fueron contratados, dan cuenta las deficiencias aparecidas. Según el mismo reporte, es que aumentan las “en asuntos básicos como la limpieza, la recolección de basura y residuos biológico infecciosos, lo cual aumenta el riesgo de que los pacientes adquieran infecciones intrahospitalarias”. (Ibídem).

No puede haber un “vamos a ver”. “El informe indica que en el HIMFG se reducirán cirugías de alta especialidad, la atención a niños con cáncer, prematuros y con malformaciones congénitas. Además, a partir de este mes y en junio se tendrá que limitar el número de trasplantes renales, médula ósea, hígado, córneas y corazón, lo que aumentará la necesidad de tratamientos sustitutivos en el caso de niños con insuficiencia renal y riesgo de muerte”.

A su vez, otros institutos plantean situaciones semejantes. El Instituto Nacional de Cancerología (Incan), lo padece severamente pues sufrió una retención presupuestal de casi 226 millones de pesos, y cuyos equipos, de tecnología de punta, requieren de insumos para funcionar y producir sustancias radioactivas con las que se combaten algunas neoplasias, las que ahora están en riesgo por el recorte presupuestal.

Ante la importancia del problema y las repercusiones alcanzadas, el viernes, el gobierno federal adelantó 800 millones de pesos, de los 2 mil 600 que había retenido.

El colofón: No bien terminaba de tomar posesión el nuevo director, Zoé Robledo, cuando ya afirmaba cosas semejantes a las de la renuncia de Martínez Cázares:

“No gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser el fracaso de una acción de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción” (Nota de Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Viernes 24 de mayo de 2019); además de afirmar la existencia de la concentración en pocas empresas de las compras consolidadas; de compras a precios elevados y una priorización “equivocada” sobre los suministros y medicamentos que más se requieren.

Orale.

Ojalá lo escucharan los funcionarios de Hacienda….. y el presidente.

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