Chihuahua, Chih.

En el año 2013, en una colaboración editorial (Adiós a la peor Legislatura) señalé que durante la Legislatura 2010-2013 el Poder Legislativo local quedó convertido en una ‘Oficialía Legislativa’; y la figura del Presidente del Congreso, reducido al papel del ‘edecán legislativo’ del “vulgar ladrón”.

“En el ámbito legislativo, el peor ejemplo de los efectos nocivos del compadrazgo político lo es el diputado Enrique Serrano. Quien al inicio de su gestión -en un acto de despotismo- trató de ejercer un inusitado control de los medios informativos que cubren las notas del Congreso. En aquella ocasión, los medios le endilgaron, con justa razón, el apodo de ‘Enrique VIII’... Desde entonces, el desempeño de la actual Legislatura ha sido mísero y sumiso”.

Un año después, en otra colaboración editorial (Legislaturas perversas), precisé: “Cuando todo apuntaba para que la anterior Legislatura del Congreso pasara a la historia como la peor de todas, la actual -aún sin cumplir el primer año de ejercicio- parece estar destinada a superar el pésimo desempeño de su predecesora… el actual coordinador priista, Rodrigo de la Rosa, en su papel de ‘vocero oficial’ del Congreso (en un indebido remplazo de la Presidenta de la Diputación Permanente) ha hecho pública la intención de dilatar al máximo la nulidad del nombramiento de las consejeras de transparencia”.

Hoy en día, a escasos dos meses de que concluya la actual Legislatura, integrada con una mayoría de diputados panistas y su incondicional aliado del PES, nos otorga la certeza de que la función legislativa en Chihuahua va en ‘caída libre’. De la peor, pasamos a la más peor; y de ésta, pasamos a la más inepta y perversa.

En efecto, a pesar de que ya ha transcurrido casi un año de haberse aprobado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Congreso ha sido omiso en designar al nuevo Auditor Superior, el cargo de Secretario de Asuntos Interinstitucionales sigue vacante; y lo peor del caso, es que el propio Congreso ha sido omiso en establecer los órganos internos para sancionar a los servidores públicos legislativos.

En efecto, con motivo de la reforma a la Constitución Local en la que se incorpora el SEA, se establecen nuevas atribuciones a favor del Congreso, entre ellas, la de expedir la ley de competencias entre los órganos de gobierno, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran; así como procedimientos para su aplicación; y la de expedir la Ley de Justicia Administrativa para el Estado.

Para tal efecto, se consigna que la Administración Pública Estatal tendrá órganos internos de control, con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría encargada del Control Interno del Ejecutivo, “con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.

Acreditemos la descarada y cínica auto-impunidad administrativa de los actuales diputados: La Ley Orgánica del Congreso establece que las denuncias por faltas administrativas en contra de servidores públicos del Congreso, serán presentadas ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales; una vez ratificadas las denuncias, las turnará a la Presidencia de la Mesa Directiva, con el objeto de que se substancie el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LRSP).

Sin embargo, hace un par de semanas, el Pleno del Congreso aprobó un decreto mediante el cual se declara que “quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en el marco jurídico local que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Yo me pregunto: ¿Se derogó, tácitamente, la LRSP? ¿Y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado? ¿Y los órganos de control internos del Congreso? Ni modo, a cantarles la canción de JuanGa: ¡Qué cinismo, ya ni vergüenza tienen…!





¿Y LOS JUICIOS POLÍTICOS?

A más de dos semanas que fueron presentados los juicios políticos en contra del gobernador Javier Corral y la Judicatura del TSJ, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso no han sesionado para admitir las demandas y para nombrar otra Comisión Jurisdiccional.

Lo anterior acredita a plenitud la excesiva discrecionalidad que el procedimiento -aprobado por la mayoría de los diputados panistas- les confiere a los órganos legislativos competentes para substanciar los juicios políticos. Resulta reprochable que prevalezca el oportunismo político-electoral sobre el principio del debido proceso.