Impunidad administrativa

Impunidad administrativa 3 de febrero de 2020

Gerardo Cortinas Murra

Chihuahua, Chih.

La semana pasada se aprobó un dictamen legislativo enviado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mediante el cual se crea el “Órgano Interno de Control” del Congreso local, como un área técnica con facultades en materia de responsabilidades administrativas.

De manera por demás tardía –tres años después de haberse creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)– el Congreso decide crear el órgano interno que resuelva la responsabilidad administrativa que cometen, de manera cotidiana, los funcionarios legislativos, incluidos los propios legisladores.

En efecto, hasta en tanto no sea vigente esta reforma, los diputados y el resto de los funcionarios que laboran en el Congreso, seguirán gozando de una total impunidad administrativa, dada cuenta que, al día de hoy, no existe el órgano ni el procedimiento a través del cual puedan ser sancionados e inhabilitados.

Recordemos que, en materia de responsabilidad administrativa, en el 2015 se reformó el Pacto Federal con el propósito de crear los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción, con la finalidad de “poner freno a la creciente y lacerante impunidad”. Posteriormente, el Congreso aprobó la legislación para combatir la corrupción y con ello se implementó el SEA.

La Ley del SEA se aprobó en el 2017; al año siguiente, se expidió la Ley de Justicia Administrativa y la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Ese mismo año fue abrogada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, declarándose que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sería rectora en todo el territorio estatal.

Uno de los argumentos esgrimidos por los diputados panistas es que resulta “necesario continuar con los trabajos legislativos que permitan expedir las normas reglamentarias al SEA… toda vez que el Congreso carece de un órgano que efectúe acciones internas de control…”.

A su parecer, los Órganos Internos de Control son “uno de los mecanismos anticorrupción dotados de facultades investigadoras y substanciadoras, pero también con facultades para sancionar cuando se incurra en faltas administrativas no graves”.

Además, “asumen funciones para prevenir, corregir e investigar actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Al respecto, los diputados integrantes de la Jucopo llegan al extremo de justificar esta reforma legal, porque “es de todos conocido, el compromiso del Estado de Chihuahua en materia de combate a la corrupción. Este Poder Legislativo ha expedido diversas leyes y reformas a otros tantos cuerpos normativos con el propósito de establecer mecanismos encaminados a dicho fin”.

Así las cosas, la Jucopo consideró atendible esta iniciativa “porque se cerrará el círculo de la creación de unidades administrativas que componen o que conforman el SEA”. En otras palabras, implícitamente, los diputados aceptan que el SEA es un monstruo burocrático inútil, y sumamente costoso para los chihuahuenses.

Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo entenderán nuestros representantes políticos que para que el sistema anticorrupción sea eficaz, es necesario otorgarle todas las garantías jurídico-procesales al ciudadano? 

Ya que, de no ser así, todas las denuncias ciudadanas seguirán siendo, como hasta ahora, rechazadas por los órganos jurisdiccionales; so pretexto, de que (según el miope criterio de la ‘Tremenda Corte’) el ciudadano común carece de interés legítimo para promover amparos en contra de las resoluciones que absuelven a los funcionarios públicos corruptos.

Ya ve, amable lector, cómo la diputada panista, Georgina Bujanda, es muy dada a encubrir los actos de corrupción del gobernador y de su gabinete.