La mala recepción que sufriera en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la propuesta de la renovación del alumbrado público en Juárez, denominada “Juárez Iluminado”, realizada por el alcalde Armando Cabada, luego de ser aprobada en el cabildo por apenas la mayoría necesaria, debiera ser un llamado de atención al modo en que los nuevos gobernantes deben actuar en el entorno local.

La decisión electoral de junio pasado va más allá del simple cambio de funcionarios, fue, en el caso de Juárez, un fenómeno todavía más profundo que el triunfo de Javier Corral en la gubernatura.

La mayoría del electorado juarense no sólo le dió la espalda al PRI y a todos los partidos, sino que resolvió apoyar a una figura pública a la que se le suponía más cercano al PRI, pero que llamó a votar en contra de los partidos porque éstos han hecho mal prácticamente todas las cosas.

Sólo basta recordar las masivas concentraciones con motivo de sus actos de campaña.

Bueno, pues eso no basta para gobernar. Ese será un problema que deberán afrontar los candidatos no emergidos de los partidos políticos, ya que muchos de sus actos de gobierno deberán ser aprobados por órganos colegiados en los que muy frecuentemente no tendrán la simpatía de esas mayorías parlamentarias, las que, también, deberán enfrentarse a sus decisiones partidarias, o de grupo parlamentario o político, con las de las voluntades ciudadanas.

Pero todos estarán obligados a actuar, no solamente con la mayor de las transparencias posibles, sino también con la difusión más amplia acerca del alcance y consecuencias de los actos de gobierno promovidos o realizados por ellos.

El proyecto de renovación del alumbrado de Juárez tiene un problema de origen, el de que la empresa realizadora del diagnóstico del alumbrado público está estrechamente relacionada con el alcalde Armando Cabada, de lo cual no se infiere corruptela alguna por parte de éste, pero sí el de la existencia de un conflicto de interés.

Ahí estriba el principal problema -aderezado por aquel áspero intercambio con el propietario de la empresa del anterior proyecto de alumbrado público, Vicente Aldape, dueño de Intelliswitch- pues no ha quedado claro si se han practicado todas las herramientas necesarias a fin de que esa empresa resolviera los problemas e insuficiencias de aquel proyecto de iluminación pública, algo que ha reclamado Aldape, quien asegura que ni siquiera se ha echado mano de las refacciones y luminarias previstas en el contrato para sustituir a las que presentaran fallas, ni tampoco se han usado las garantías contenidas en el anterior contrato.

“… les entregué focos, balastros y luminarios al director de alumbrado para que si había una falla repusieran el equipo que falló, nunca me han presentado una queja, nunca, de nada, ni de la telegestión, ni de las luminarias”, argumentó Aldape Ayala. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario, 6/V/17).

Porque no basta con afirmar que en el nuevo proyecto no se estarán poniendo en riesgo los ingresos del municipio. No es así, la garantía del crédito solicitado son las participaciones federales del ayuntamiento de Juárez durante 15 años, de ahí que deba pasar por la aprobación del Congreso del Estado, porque involucra los ingresos de las cinco nuevas administraciones municipales.

A pesar de todas las bondades del proyecto expuestas por Cabada, de acuerdo a la nueva legislación federal y local, eso es deuda, de ahí que concite preocupación y no solamente perversos “intereses políticos” de los partidos y sus representantes en el Congreso del Estado.

Así, unos y otros deberán mostrarle a la sociedad la certeza de sus argumentaciones y eso sólo se logra con la más amplia difusión del diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el alumbrado de Juárez, realizada por una empresa ajena a los intereses de los munícipes y de los partidos políticos… para que nos ilumine a todos.