Chihuahua, Chih.

La verdadera vocación de Javier Corral Jurado es la propaganda política. Le gusta ventilar su propia imagen, ya para figurar en el liderazgo nacional de su propio partido, combatir los de otros o mantenerla a salvo del deterioro que en dos años la administración del estado le ha traído y que parece anunciarle el final de su larga y refulgente carrera parlamentaria en la que lució sus dotes oratorias, pero nublada y cuestionada de principio a fin en la crudeza de las tareas de la gobernanza, que lo aleja de su aspiración máxima de arribar a la Presidencia de la república. 
Frente a las cámaras televisivas, micrófono en mano, ante auditorios amigables, que es el entorno que propicia su destreza, cuanto expone es referente nacional, promisorio y nunca visto. Con sonoridad y seguridad asume posturas de redentor y con aplomo escoge los blancos de sus arengas entre los pesos completos de la vida política nacional, desde connotados dirigentes partidistas de otros institutos hasta presidentes salientes o electos, como si con el filo de sus discursos rebanase de sus trayectorias la sustancia para alimentar la grandeza de la suya. Los demás le son irrelevantes.
Por el contrario, ante el acontecer y en la solución de los ríspidos e incómodos problemas de gobierno, suele eludir a los afectados, rehúye a periodistas insumisos que lo cuestionan en ruedas de prensa que no alaben su esfuerzo por los chihuahuenses, que en su ingratitud e incomprensión quisieran verlo tripular las patrullas de la policía para darles seguridad. En este terreno muestra el reverso de su osado egocentrismo declamatorio; la menor crítica a su gobierno le irrita y lo lleva a buscar escudo en renombres o prestigios ajenos. Igual que ataca a otros políticos relevantes para alzar su figura a nivel nacional, usa el reconocimiento intelectual de otros para disimular, disminuir, o al menos distraer a la opinión pública de sus yerros, omisiones o errores de sus colaboradores cercanos, trayéndolos a eventos culturales publicitados con exageración y jornadas extenuantes, en el último de los cuales, la pléyade de invitados sobresalientes pudieron advertir los altibajos de su simpatía popular en las expresiones de repudio de grupos menospreciados por “irrelevantes”, a los que impidió aprovechar las charlas de los expositores, negándoles acceso a los recintos de gobierno en que impartieron sus conferencias.
Bastó con que la prensa publicara casos concretos de posible corrupción de funcionarios de su gobierno para que erigiera a Chihuahua en la “capital nacional del combate a la corrupción” y organizara un panel de académicos que disertaron del 11 al 13 de octubre sobre diversos temas de sus especialidades. En la jornada que empezó desde el día 9 con otras actividades culturales, se destacó el programa “Justicia para Chihuahua”, referente “nacional” en la materia y el abatimiento del “pacto de impunidad”, en los que el “perdón y olvido” de la política del presidente electo quedaron desterrados. En la jerga del billar, hizo una carambola de tres bandas: trató de impedir las críticas a la corrupción visible desde el comienzo de su gobierno; intentó apoderarse de la bandera anticorrupción de López Obrador, pero sobre todo, buscó colocarse como líder de esa corriente al ungirse en su principal opositor, que en la próxima contienda permita sustituirlo. Para eso utiliza al gobierno y los recursos de Chihuahua. 
Sin embargo, olvida que la corrupción, como fenómeno sociopolítico, no se combate con pláticas o conferencias, dicho sea con absoluto respeto para todos los invitados participantes a los que admiro. Tampoco, en mi opinión, se reduce a lo teórico, ni puede sujetarse a reglas generales por no ser sus efectos ineluctables, al tratarse de una manifestación de origen multifactorial que generalmente está –pero no siempre– ligado al ejercicio del poder público. Es, por tanto, refractario a la sistematización, pues tampoco son únicos o clasificables y, en consecuencia, puede disertarse sobre experiencias determinadas, sus consecuencias y soluciones, pero sus causas y efectos no son extensivas o aplicables a otros casos. Su circunstancialidad les permite variar en el tiempo y lugar, y en iguales condiciones puede o no existir la corrupción. 
En otras palabras, si la corrupción consiste en un entramado de prácticas nocivas a las instituciones públicas, ha de combatirse sometiendo a sus autores al irrestricto apego a la ley. Ambas posiciones entrañan una contienda permanente de actitudes: las de los que la combaten contra las de los que la cometen. Y desafortunadamente en los distintos niveles de gobierno, incluyendo al de Chihuahua, no existen los equipos con los elementos humanos suficientes, técnicamente preparados y la indeclinable convicción de arrostrar los riesgos que implica enfrentar esas conductas deshonestas de los servidores públicos desleales y sus cómplices externos. 
Pero sucede que desde los que ocupan los cargos de la cúspide de la jerarquía administrativa (los que deben diseñar y poner en ejecución un sistema efectivo anticorrupción que arroje resultados política y socialmente visibles y concretos, no estadísticos, no discursivos, ni reflejo de medidores de eficiencia como suelen presentarlos) hasta los empleados más modestos, prefieren la comodidad de soportar distorsión funcional que les permita mantener su puesto o escalar otro de mayor nivel, antes de exponerse al riesgo de perderlo o a sufrir consecuencias mayores.
En la realidad mexicana, las funciones de control interno son puente o conducto para arribar a puestos de mayor relieve y lograr la estabilidad, comodidad y holgada jubilación de la alta burocracia, lo que produce el relajamiento de supervisión que propicia tanta corrupción, pues ejercerla en sus estrictos términos generalmente produce fricciones y enemistades que obstruyen la anhelada posición privilegiada. Y si la mera posibilidad de obtenerla no es atractivo suficiente para mediatizar a los encargados del control interno, queda a los corruptores el remedio extremo: la represión contra el servidor honesto que se oponga a sus fechorías.
La lucha contra la corrupción produce antagonismos con grupos económicos y políticos ligados a prácticas indebidas en la administración pública, de las que obtienen pingües ganancias o poder político, que ante la reducción de sus prebendas o el riesgo de inhabilitación de sus empresas, devoluciones de dineros mal obtenidos o castigos de otra índole, se confabulan con los servidores deshonestos para hacer frente común y minimizar al adversario. De ahí que falten quienes verdaderamente tengan convicción y el compromiso de atacar la corrupción sin importar el resultado político de su gestión. 
Se requiere que en esta tarea se prescinda de políticos profesionales que usan el cargo para lucir galas o mantenerse en el tablado, sin tener la energía que la función fiscalizadora exige, como igualmente es indispensable que a quienes se encargue esta lucha se les apoye hasta las últimas consecuencias, fuera de las componendas que se han hecho en este gobierno y en la segunda parte del anterior. 
En el actual no se conocen perfiles de esa talla. Muchos de sus funcionarios tienen antecedentes de haber incurrido en actos de corrupción, y algunos, recién nombrados, durante años se han desempeñado en la fiscalización administrativa sin haber tenido jamás un roce desagradable con la corrupción; pero sí han intervenido para destituir a los integrantes de órganos internos completos que efectivamente la combatieron, lo que les permitió escalar la posición que ahora tienen, sin jamás haberla enfrentado. Son “veteranos” de la lucha que preconizan, pero siempre han estado de su lado, por ello han sobrevivido dentro del sistema. 
Por lo que toca al programa “Justicia para Chihuahua” –farsa de tan elevado trato en esas cumbres académicas– por su configuración está destinada a fracasar, porque pervive del enemigo que tiene en casa, y los que lo conducen carecen de los elementos que le permitan actuar sin la ayuda de los que persiguen desde el megáfono.