Chihuahua, Chih.

Lo dicho: el ‘Frankenstein Judicial’ está diseñado a la imagen y semejanza del ‘Robespierre Azul’. Sin pudor alguno, los Consejeros de la Judicatura asumen su papel de verdugos de magistrados y jueces, para castigar su único pecado: ser afines al ‘duartismo’. Por ello, me atrevo a afirmar que en Chihuahua estamos en presencia de una ‘Santa Inquisición’ judicial.

Muy lejos quedó la pretensión de que la Judicatura sea la institución que fortalezca la independencia judicial. La arbitraria designación de los Consejeros ‘externos’, ‘Lucha’ Castro y Joaquín Sotelo Mesta, personajes incondicionales a Javier Corral acredita la infame mutación de este órgano judicial. Del resto de los Consejeros, puede afirmarse que desde siempre han demostrado su filia panista.

Cero y van cuatro. Primero fue la separación de los dos magistrados leales al exgobernador César Duarte, después, la del Juez de Control de Jiménez; y en días pasados, la del Juez de Control de Cuauhtémoc. La pregunta obligada que se hacen todos los magistrados y jueces es: ¿Quién sigue?

De manera cotidiana, los Consejeros de la Judicatura violentan el principio del debido proceso para separar, temporalmente, con total discrecionalidad a los magistrados y jueces indeseables; pero también, lo hacen en total secrecía en sesiones subrepticias y sin que nadie conozca los asuntos a tratar.

Por si esto fuera poco, a los integrantes de la Judicatura les importa muy poco el respeto de sus obligaciones en materia información pública. Existe una total opacidad en lo relativo a la actividad de la Judicatura. Es más, ni siquiera existen ‘Estrados’ que permita darle seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se ventilan ante esta instancia judicial. Lo cual, constituye una grave violación al principio de la transparencia de la actividad judicial.

En días pasados, la Judicatura aprobó el Acuerdo mediante el cual se establecen las Bases de adecuación para desarrollar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder judicial, conforme a las reglas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), sin embargo, dichos criterios no han sido acatados en los procedimientos en contra de los jueces penales.

Así, por ejemplo, se establece que en los asuntos en que estén involucrados los Consejeros, magistrados y jueces, la propia Judicatura será el órgano autorizado para resolver las indagatorias correspondientes. En otras palabras, la queja interpuesta en contra de ´Lucha’ Castro será investigada por la propia Judicatura; o sea, que la demandada será juez y parte.

En cuanto a las medidas cautelares, en el Acuerdo se precisa que se estará a lo previsto en la LGRA. En este tópico, se establece una grave violación procedimental, consistente en que la separación temporal de los funcionarios judiciales involucrados en actos de corrupción, puede ser decretada mediante un simple acuerdo administrativo, aún antes de que se inicie al procedimiento correspondiente. Disposición legal que será utilizada, de manera reiterada y constante, por la Judicatura para suspender a cuanto magistrado y jueces que sean considerados personas non gratas.

Por otra parte, debo señalar la evidente parcialidad de la Judicatura: a 20 días de la presentación de la queja en contra de ‘Lucha’ Castro, aún no ha sido admitida. Me dicen que el trámite de la queja está en manos de la Secretaria General del TSJ y que será ella quien lo turne al órgano competente. Yo me pregunto: ¿Cuándo será suspendida la Consejera ‘Lucha’ Castro?

Así las cosas, no abrigo duda alguna de que los integrantes del ‘Frankenstein Judicial’ acatan, dócilmente, la consigna del ‘Robespierre Azul’: desterrar a todos los ‘duartistas’ incrustados en el Poder Judicial. Semejante despropósito ha convertido a varios magistrados y a un sinnúmero de jueces (penales, civiles y familiares) en personas cobardes y medrosas. ¡Bonita cosa…!