Chihuahua., Chih

El acuerdo entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, anunciado el viernes por la gobernadora Maru Campos y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es el primer paso en la construcción del necesario clima de distensión entre ambas instancias de gobierno y, además, pretende poner punto final a la grave y durísima confrontación entre el gobierno federal y los usuarios de los distritos de riego.

Es, también, una de las primeras manifestaciones, en concreto, del establecimiento de relaciones en buenos términos entre el gobierno federal y el de Chihuahua, que previamente sólo habían consistido en cordiales expresiones verbales, tanto del presidente López Obrador, como de la gobernadora Maru Campos.

Deberá celebrarse y más, en cuanto se concreten algunos de los aspectos del acuerdo alcanzado, a cuyos términos aún no accedemos y en el que participaron varios de los dirigentes de los productores, entre ellos el dirigente estatal de los usuarios de riego, Salvador Alcántar, y los alcaldes de Delicias y Camargo.

Temas centrales, para la resolución del conflicto, los constituyen la inmediata liberación, sin condicionamiento alguno, de los productores Andrés Valles (uno de los 3 o 4 dirigentes más destacados en la defensa del agua de las presas, a la sazón dirigente de unos de los módulos); y de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, (productores del municipio de La Cruz que habían participado en las protestas); además de los compromisos federales de incluir en el presupuesto del próximo año partidas dirigidas a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red hidrológica, y otros aspectos concomitantes, así como el de no comprometer el agua de las presas en el futuro.

A cambio, y se realizó ayer sábado, de la inmediata liberación de las instalaciones de la emblemática presa chihuahuense de La Boquilla, en poder de los agricultores desde el 8 de septiembre del año pasado.

No hay margen para la duda, el conflicto se generó a partir de una irracional, ilegal e inexplicable medida dictada por el gobierno federal, preocupado por los avisos admonitorios del gobierno de los Estados Unidos, el que se hizo eco de los reclamos de los agricultores texanos, que exigían el pago adelantado y por fuera de las normas del CILA, del agua de las presas, que están bajo las reglas del tratado de 1944.

No solo existió tal antecedente, sino también el mentiroso manejo de la información realizado por diversas instancias y funcionarios federales, incluido el mismísimo presidente, en el que usaron, en uno de sus episodios, el argumento de que los agricultores chihuahuenses debían ser “solidarios y compartirle el agua” a nuestros “hermanos” de Tamaulipas.

Se podría decir que tal actitud presidencial le costó a Morena la posibilidad de disputar la gubernatura de Chihuahua (cuyo desenlace, es obvio, de darse ese otro escenario, caería en el terreno de lo hipotético) pues una buena cantidad de electores (y no solo de la región centro-sur del estado) ante ello decidieron -o ratificaron- votar por la ahora gobernadora.

Quizá lo anterior explique la ausencia -probablemente también en las discusiones previas al acuerdo que ahora se festina- del ex candidato morenista y ahora re-nombrado delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, quien, suponemos, debiera ser el principal operador federal del cumplimiento del acuerdo, así como principal conducto (como suponemos lo ha sido a lo largo de su gestión y, especialmente, durante el conflicto) de información sobre Chihuahua al presidente.

Loera informó al escribiente que desde su regreso a la diputación federal, estuvo “impulsando la reconciliación” y que, luego, “en una plática con Cesar Jáuregui, ya como delegado y él como Secretario de Gobierno, quedamos de plantear cada quien desde su ámbito buscar que las personas  (los 4 detenidos) tuvieran su proceso en libertad”.

El conflicto se dio, también, además en el marco de una continua disminución -de varios años- de los presupuestos asignados a la rehabilitación y mejoramiento de la redes de distribución del agua de los distritos de riego de todo el país y de los distritos del centro sur del estado. 

Las consecuencias de esas decisiones, -aún las estamos viviendo-  agravadas por la persistencia de la sequía en el Estado, llevó a que la principal presa del estado de Chihuahua, La Boquilla, tenga porcentajes inferiores al 40% de su captación, lo que avizora, también, un difícil año 2023, (sí, 2023) si se piensa en el ciclo agrícola, cuyos montos hídricos deberán dictaminarse en el mes de diciembre y que muy probablemente se fijen en alrededor del 30% de las superficies a regar, lo que agravará, de por sí, la grave crisis económica de la región, que depende, en alrededor del 70% de las actividades agropecuarias, generadas por el riego del agua de esa presa. 

El conflicto cursó con una muy extendida oleada de descalificaciones procedentes de los círculos cercanos a Morena, y al gobierno federal (y sus seguidores), en las que ponían el acento en que los beneficiarios de las aguas de las presas eran los “ricos latifundistas, productores de nogal”, que se “beneficiaban” de las aguas del Conchos.

Además, eran los tiempos preelectorales, cosa que de manera natural impregnó al evidente conflicto social.

Pero las acusaciones contra los productores no tenían sustento. Los usuarios de las presas son propietarios, en promedio, de alrededor de 7 has. y un buen número de ellos son propietarios de 1 o 2 has. Prácticamente  sobreviven en base a esa escasa extensión de tierra y dependen de la dotación de agua de las presas a la que pueden acceder. 

Por ello es aplaudible que los dos gobiernos, el estatal y el federal, se hayan puesto de acuerdo para dar curso curso a diversos proyectos e inversiones en esa región, tan necesarios para sustituir las graves carencias que aquí hemos relatado.

Otro tema, también fundamental, es el del asesinato de Jessica Silva y el de la reparación de los daños infringidos a su esposo, Jaime Torres, a causa de la balacera desatada por elementos de la Guardia Nacional en su contra, en la noche de la batalla de La Boquilla, reparación que debe incluir a los hijos del matrimonio, así como el infringido a las familias de los cuatro agricultores detenidos por la prolongada e injustificada detención.

Por otra parte, la procuración de justicia estará incompleta si en el proceso seguido en contra de los agresores de Jessica y Jaime solo se incluye a los elementos de la tropa y no a los mandos bajo cuya dirección y supervisión actuaron ese día.

No deja de llamar la atención que los liderazgos morenistas de la entidad -dirigencia partidaria, líder parlamentario y delegado federal- no hayan emitido su beneplácito -o que, quienes lo hicieron, trataron por todos los medios de minimizar el protagonismo de la gobernadora Campos en la obtención del acuerdo, lo que es, a todas luces, totalmente contrario a la actitud del secretario López Hernández: 

“La Secretaría de Gobernación reconoce la apertura, disposición y sensibilidad de María Eugenia Campos Galván, quien comparte la visión del Ejecutivo federal y busca un acercamiento para dialogar y articular acciones entre ambos gobiernos, con el fin de lograr la construcción de un país con bienestar, construyendo una nueva relación de colaboración basada en la confianza mutua y diálogo honesto, transparente y constructivo”. (Comunicado de la Secretaría de Gobernación, 21/X/21).

Es un viraje absoluto el del gobierno federal, pues Adán López Hernández afirmó que “tanto la gobernadora como los productores de Chihuahua, son los defensores de este acuerdo logrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”, además reconoció que esta defensa “es en pro de su modo vida y la autenticidad de este movimiento social suscitado en la región centro-sur y en honor a ello, como representante de la Federación, se comprometió con los productores a brindar todas las facilidades para la solución de conflictos”.

¡Vóytelas!

¿Estaremos frente a una nueva relación del gobierno de Chihuahua y el federal?

Ojalá.

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Citas hemerográficas recopiladas por: Información Procesada (INPRO)