Chihuahua, Chih.

Mucho tiempo tenemos discutiendo el tema del entramado institucional para combatir exitosamente a la delincuencia y la violencia como expresión de ésta. Conforme han pasado los años, las instituciones no han sido capaces de resolver el flagelo, por el contrario, cada vez crece el fenómeno y los daños directos y colaterales que a la sociedad causa.

En los últimos dos sexenios, el encabezado por Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI, sin respeto alguno a la Constitución, se echó mano del ejército violentando la máxima norma que en su Artículo 129 nos dice “…en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Esta decisión generó una gran incertidumbre de las fuerzas armadas sobre la posibilidad de ser sometidos a procesos judiciales de los que evidentemente saldrían sancionados y como efecto directo de encargarle al ejército la seguridad pública se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos, tampoco se logró el objetivo de terminar con la delincuencia.

Dicen los expertos que la estrategia fue fallida debido a que las fuerzas armadas tienen como filosofía el exterminio de lo que se identifica como enemigo y a que el estado enfocó el problema de la criminalidad y la violencia como un asunto policiaco militar y no de combate a las causas que originan el fenómeno.

En el 2017, Peña Nieto, haciendo caso de las presiones de los militares que durante años exigían reformar la Constitución a efecto de legalizar las tareas de seguridad pública que cumplía el Ejército, presentó las iniciativas correspondientes de lo que se llamó la Ley de Seguridad Interior cuyo objetivo era militarizar el país. Esta iniciativa recibió innumerables críticas al interior del país de diversos actores sociales y también de organismos internacionales. La Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, solo que en su momento fue impugnada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional.

Durante años, Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios rechazaron con vehemencia el que el ejército se encargara de las tareas relativas a la Seguridad Pública, sosteniendo que de ganar la elección de 2018 lo regresaría a los cuarteles.

AMLO fue electo Presidente de la República y cambió de opinión decidiendo crear una Guardia Nacional de corte militar para enfrentar los problemas de seguridad pública. Nunca dio una explicación suficiente del por qué el cambio de estrategia.

Así, la Cámara de Diputados, como cámara de origen, recibió del Ejecutivo Federal una serie de iniciativas de reformas constitucionales para dar origen a la Guardia Nacional en integrarla con las policías de las fuerzas armadas y la Policía Federal.

En esencia, la propuesta lopezobradorista le daba al Ejército el mando operativo, el reclutamiento, el entrenamiento y todas las tareas fundamentales de la Guardia Nacional, encomendándole a la Secretaría de Seguridad Pública un débil y disminuido mando administrativo.

De inmediato, los expertos, las organizaciones civiles, los intelectuales, las organizaciones internacionales y en el Congreso el PAN, PRI, MC y PRD, se opusieron a estas iniciativas de reformas propuestas por el poder ejecutivo y apoyadas por MORENA y sus aliados.

A partir de esos posicionamientos se ha venido desarrollando un intenso debate reducido prácticamente a dos polos: militarización de la seguridad pública o no militarización. Estos dos polos, es obvio que contienen, cada uno, un sinnúmero de apartados por medio de los cuales se derivarían políticas públicas una vez tomada la decisión en uno u otro sentido.

Es muy importante señalar que sobre la propuesta presentada por el ejecutivo, varias casas encuestadoras midieron la opinión pública y en algunos de los ejercicios demoscópicos más del 80 por ciento de los encuestados se alineaba con la propuesta de militarizar el país.

El Presidente de la República asumió la posición de un activo promotor y defensor de su propuesta sobre la Guardia Nacional militarizada. En la primera fase del proceso legislativo, donde se exige una mayoría calificada de los diputados asistentes a la sesión correspondiente, Morena y sus aliados de manera holgada lograron la aprobación de las reformas constitucionales con los votos de los diputados del PRI que se sumaron a la propuesta oficial.

La creación de la Guardia Nacional fue aprobada, pero el Artículo 4º Transitorio, en el que no se establecía plazo para que la fuerzas armadas regresaran a los cuarteles, fue retirado de la propuesta original, lo que facilitó su aceptación.

La supresión del 4º Transitorio provocó la molestia de Andrés Manuel López Obrador y en una de sus conferencias mañaneras le pidió a la Cámara de Senadores que incorporara dicho artículo cuando resolvieran sobre el tema.

La correlación de fuerzas en la cámara de senadores cambió fundamentalmente porque los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC no estuvieron de acuerdo en apoyar al Presidente y plantearon como una cuestión de principios el que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de un civil; que las fuerzas armadas regresaran en un plazo de 5 años a los cuarteles a cumplir sus tareas constitucionales en tiempo de paz; que la adscripción de la Guardia Nacional fuera en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la Secretaría de la Defensa; que en el Estado Mayor de la Guardia Nacional se diera una coordinación entre sus integrantes y no de subordinación a las fuerzas armadas, dándole al Senado facultades de evaluación sobre el cumplimiento de las reglas de operación. También se planteó el plasmar en el entramado jurídico la visión de género, de respeto a los Derechos Humanos, asimismo se retomó el mandato constitucional de los gobiernos de los estados y de los municipios como corresponsables de garantizar la seguridad pública.

Los temas señalados se analizaron con una gran profundidad gracias a que se instauró como método de discusión en el interior del Senado un parlamento abierto en el que tuvieron voz los más variados actores, conocedores profundos y con visiones diversas sobre la seguridad pública.

Hasta el día miércoles en la tarde parecía que las posiciones eran irreductibles, sobre todo por las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, pero a las primeras horas de la madrugada del jueves 21 de febrero, por los medios nos enteramos de que el affaire de la Guardia Nacional había tenido, para mí y para muchos, un feliz desenlace. Se desechó prácticamente toda la visión militarista y se asumió la visión civilista.

¿Qué sucedió en esas discusiones internas a las que solo tuvieron acceso los coordinadores de las fracciones parlamentarias y tal vez algunos más? Probablemente algún día lo sepamos. No nos queda más que especular. ¿Imperó la razón entre los líderes parlamentarios de MORENA? ¿Hicieron el conteo de votos y se dieron cuenta que no podrían ganar la votación? Al día de hoy no lo sabemos. En este momento no importa. Lo importante es que México continúa transitando por la vía de los procesos civilizatorios, pero como siempre sucede en las sociedades, las leyes solas no resuelven los problemas sociales, se requiere una gran voluntad política y una intensa participación ciudadana.

No hemos logrado nada concreto para terminar con la violencia, el camino será largo, con éxitos y fracasos, pero si hemos evitado iniciar un posible camino sin retorno: la militarización en México.

Hoy, sin reticencia puedo afirmar que los senadores de la República, sin excepción alguna, estuvieron a la altura de los retos del país.