Chihuahua, Chih.

Pudiera darse un giro a la determinación del grupo gobernante en las deliberaciones iniciadas ayer en el marco del período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, convocado para discutir las propuestas de reforma constitucional para transformar a la Guardia Nacional, pero aparentemente insistirá en una modalidad “mixta” en el mando que tendría el nuevo aparato policial.

Lo delineó, de modo muy grueso, el presidente López Obrador un día antes. Especificó que el aspecto administrativo tendría un mando civil y que, en cambio, el aspecto operativo recaería en un mando militar, lo que simplemente reafirmó lo que fue la propuesta original del grupo gobernante encabezado por el tabasqueño.

Al momento de redactar las presentes líneas aún estaba en el aire la aprobación de un nuevo dictamen, que según la presidenta de la Comisión, Miroslava Carrillo, recogía las expresiones de los distintos actores, vertidas durante las sesiones de las audiencias realizadas previamente con ese motivo.

El apresuramiento es tanto que la propuesta de nuevo dictamen apenas fue conocido al inicio de la sesión y la mayoría rechazó la propuesta de hacer una moción suspensiva a fin de conocer el nuevo dictamen.

Una cosa quedó en claro. Durante las sesiones realizadas la semana anterior, las posturas mayoritarias expresadas en el curso de las deliberaciones previas fueron unánimes en un aspecto: Que exista un mando civil sobre la Guardia Nacional y que ésta fuera una corporación claramente policial, de contenido y mando civil.

Destacan en ese sentido distintas voces, tanto del ámbito nacional, como internacional y entre aquellas las de un organismo empresarial que ha impulsado en las últimas tres décadas a distintas organizaciones de la sociedad civil , con el fin de darle seguimiento al grave problema de la inseguridad, la Coparmex.

El sindicato patronal avaló la creación de la Guardia Nacional, pero bajo un mando e integración de orden civil; que dependa de la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “así como tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, respetando en todo momento el pacto nacional”.

El rechazo de los dirigentes empresariales no abarca a la totalidad de la estrategia anunciada por el gobierno federal, por el contrario, alaba la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues la considera “crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el clima de inseguridad en diversas regiones del país”.

Más aún, insiste en una estrategia, en la que, durante varios lustros, la totalidad de las organizaciones civiles -inspiradas o alentadas por ese organismo empresarial y otras agrupaciones afines, y también las que no tienen puntos de contacto con las anteriores- han insistido en que implicar la participación de las fuerzas militares acarrea consecuencias más negativas que las pretendidas en combatir, pero la Coparmex, al igual que la totalidad de los gobernadores, insistieron en el establecimiento de “un marco jurídico adecuado que regule de manera clara la intervención del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada de manera estructurada y que a la vez exista un fortalecimiento de las agrupaciones policiales estatales y municipales coordinadas con un esquema que permita una actuación eficaz”.

Y sostiene que esa intervención, al igual que casi todas las voces escuchadas en las audiencias parlamentarias, se realice con apego a los derechos humanos y de forma temporal, con una regulación precisa, que la haga, sin duda ni subterfugio alguno, depender de la autoridad civil.

Las experiencias, es una regla universal, pero más en la administración pública, no deben desdeñarse.

Chihuahua ya tuvo la propia en esta disyuntiva sobre las características del mando sobre las fuerzas policiacas.

Durante la puesta en vigor de la “Operación Coordinada Chihuahua”, en una reunión de los gobernantes de ese momento, encabezados por Reyes Baeza, con los empresarios y los jefes militares, el Gral. Juárez Loera dijo lo siguiente: “Le decía el otro día al señor gobernador que tengo una orden de cateo y se llama marro. No sé si alguna autoridad me lo facilite…”. (Nota de Javier H. Contreras O., El Heraldo de Chihuahua, 8 de abril de 2008).

Nadie lo refutó, estaba claro que había un mando sobre aquella operación, las consecuencias fueron funestas.

Hoy pretende constitucionalizarse.

¡Qué bárbaros!

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