Chihuahua, Chih.

Inmersos en una vertiginosa oleada de acontecimientos, se hace imposible la correcta asimilación, la debida discusión y reflexión sobre ellos.

Hay asuntos que, por mucho que queden rebasados por los acontecimientos posteriores, deben abordarse, por la dimensión, por la gravedad de las faltas, por las negativas consecuencias que acarrean.

El Poder Judicial era, como muy frecuentemente ha ocurrido, coto del titular del Poder Ejecutivo. El gobernador César Duarte llegó al extremo. Quizá lo hizo sin la intención de protegerse a futuro pues nunca, ni el día de las elecciones, creyó que su candidato y partido perderían las elecciones.

O tal vez sí.

Hizo cera y pabilo del Tribunal Superior de Justicia. El problema es que el nuevo grupo gobernante tiene prácticas semejantes, realizadas bajo el sambenito que lo hace para “sanear” al Poder Judicial y que bien valen la pena dos o tres irregularidades cometidas pues, finalmente, el fin justifica los medios.

No bien terminaban de apagarse los comentarios alrededor de la suspensión de los magistrados Gabriel Sepúlveda (ex presidente del TSJ en tiempos de Duarte) y de Jorge Ramírez, dos de los magistrados impulsados por el ex gobernador, a pesar de no cumplir con los requisitos para ello, cuando la diputada Nadia Siqueiros desataba un nuevo escándalo al dar a conocer los mensajes enviados a su celular por la Consejera de la Judicatura, Lucha Castro.

En ellos, debido a la postura crítica de Siqueiros en la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, la Consejera advierte a Siqueiros de las dificultades que tendrá para recibir los apoyos políticos para su reelección, le señala que “la soberbia es mala consejera” y le advierte que “estamos para apoyar los esfuerzos del Ejecutivo y sus colaboradores y no para denostar su trabajo. Eso se lo dejamos a los priístas, no?”. (Nota de O. Chávez/M. Chavarría, El Diario de Chihuahua, 16/XII/17).

Ante denuncia tan contundente, la respuesta de la Consejera Castro ha sido el silencio. La del Secretario Quintana, deslindarse, “es problema de ellas”; la del presidente del PAN, “es un tema personal del PAN, la Consejera (Castro) ni siquiera pertenece al partido”. El Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, se ríe y dice que los mensajes entre ellas le causan “ternura”; la presidenta del comité directivo municipal (Chihuahua) del PAN, Paloma Aguirre Serna, dijo que la reelección de los diputados le correspondía a la Comisión Permanente del Comité Estatal.

¿Son ciertos los mensajes? ¿Y, entonces, a quién le corresponde aclarar, deslindar responsabilidades, delimitar funciones, airear el tema frente a la sociedad? ¿A nadie, mejor dejar pasar los días, que se olvide y, luego, llegados los tiempos, apretar tuercas en lo oscurito?

Lo preocupante es que el grupo gobernante, y todos los mencionados, independientemente de los cargos ocupados ahora, forman parte de un equipo que pidió la confianza de los chihuahuenses. Se les olvidó.

Ahora, ante las pifias y encontronazos de dos de los integrantes se deslindan y mandan el desalentador mensaje -mientras no sea en mi parcela, no tengo nada que ver- de no tener responsabilidades en este asunto y en otros.

Lo primero que debe aclararse es si efectivamente Lucha Castro es la autora de los mensajes. De ser así, la intromisión es, además de grosera, probablemente violatoria, por lo menos, de normas administrativas pues una elevada funcionaria del Poder Judicial increpa políticamente a una legisladora y, además, lo hace, quizá no a nombre del gobernador, pero sí al de un grupo que impulsa candidaturas y cuyo reclamo es “apoyar al Ejecutivo”.

¡Híjole, mayor intromisión no puede haber! Estamos hablando del intento de sujeción, salvaje, burda, de los otros poderes al gobernador Corral.

¡Y nadie dice nada!

¿Por qué reclamar esa conducta?

Pues porque al grupo gobernante “no le cae el veinte” que llegaron al gobierno, no solamente por el elevado rechazo a César Duarte, al grupo gobernante de entonces y al PRI, sino que los ciudadanos creyeron que al criticar al duartismo, los nuevos gobernantes evitarían incurrir en aquellos excesos, de abuso en el ejercicio del poder, que se comete, no solamente sustrayendo los recursos públicos sino, también, violentando el marco legal.

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