Chihuahua, Chih.

Una certidumbre abarcó a la totalidad de la clase política mexicana: La de su fracaso en el combate a la violencia y la preservación de la seguridad pública.

Esa podría ser la mejor síntesis de las motivaciones que llevaron, primero, al presidente López Obrador, a cambiar radicalmente su postura electoral, de regresar a los militares a los cuarteles, para pasar a la actual, la de proponer la creación de la Guardia Nacional (GN), bajo un esquema de absoluta militarización; y, segundo, a los partidos de la oposición a aceptarla, pero bajo una serie de candados que acotarían seriamente la conducción de la GN por las fuerzas armadas.

Paradójicamente, los recién estrenados partidos de la oposición realmente existente en el país -PRI y PAN- apelaron a los argumentos usados por los organismos de la sociedad civil y de los derechohumanistas, nacionales e internacionales (y no sólo extranjeros, sino organizaciones multinacionales) que habían desdeñado cuando tuvieron la responsabilidad del gobierno.

En lo que pudiera ser una réplica del mundo al revés, las fuerzas morenistas asumieron el rol de panistas y priistas del pasado, cuando defendían a capa y espada las bondades de las fuerzas armadas y las de la izquierda, no sólo morenistas, apelaban a la necesidad de que la autoridad civil asumiera sus responsabilidades, que no dejara -por abulia o incapacidad- en manos de los mílites ese tema y se abocara a la verdadera creación de las fuerzas policiacas, que hicieran frente a la masacre desatada en el país y, además, realizaran los programas sociales necesarios para combatir la insoportable desigualdad.

Los papeles se cambiaron drásticamente en las semanas previas.

Una cosa es cierta.

Luego de aquella reunión sostenida por López Obrador con la cúpula castrense, el discurso del tabasqueño cambió. A partir de ahí acrecentó su insistencia en la creación de la GN, con mandos, formación y capacidad operativa militar, además de la práctica sustitución de las autoridades estatales y municipales en la responsabilidad de la seguridad pública y la desaparición de la Policía Federal.

¿Qué panorama tan aterrador le presentaron a AMLO los militares? ¿Le hicieron saber que sólo bajo su conducción se preservaría la seguridad pública?

¿Le plantearon el hecho de que no había remedio, que la seguridad pública era prácticamente inalcanzable bajo mandos civiles, de ahí la terquedad de AMLO de mantener los mandos militares, todavía hasta el viernes cuando, ya aprobada por el senado, insistió en que un militar en activo pudiera ser el titular de la GN?

Durante meses ha circulado la especie que el morenista había recibido un ultimátum de la jerarquía militar, so pena de ser desbancado.

No hay elementos para sostener tal especulación. Por varias razones, la principal, y quizá la determinante, será la reciedumbre del ahora presidente, se le podrá acusar de muchas cosas, pero es verdaderamente inflexible en algunos temas, éste en particular, el de la dignidad de la figura presidencial, es uno en el que no cede -ni cedería- un ápice.

Como fuere, ahora está enfrentado al que será, sin duda, el mayor de los retos de la 4T, la seguridad pública, que supera, por las dimensiones de la matazón, a la de la enorme desigualdad social, la que tanto se comprometió combatir.

No hay garantía que la creación de la GN sea la llave mágica, más cuando, para hacer un análisis sobre la solidez de las posturas del gobierno de AMLO en materia de seguridad pública no hay más elementos que los contenidos de manera general en el “Proyecto de Nación”, el Plan de Paz y Seguridad y ahora en las discusiones sobre la GN, ya que durante años su postura no fue más allá de plantear que la inseguridad y la violencia derivaban de la desigualdad social y la pobreza extrema existente, sin que ahondara mayormente en varios de los aspectos centrales del tráfico de drogas y el papel del país en ese multimillonario negocio, entre ellos el de la legalización del tráfico, así fuera gradualmente, todos ellos causas centrales de la inmensa degradación de la vida social e institucional.

El reto es mayúsculo.

Los múltiples diagnósticos acerca de la situación de las policías son increíblemente desoladores, aunque tampoco deberá exagerarse en ello, más cuando se usa el sambenito de que “cientos de municipios no cuentan con policía eficaz, ni el número de elementos necesarios”, pues la verdad es que en la inmensa mayoría de esos municipios, por su cuantía poblacional, no son plazas atractivas para las bandas criminales, salvo que por su ubicación geográfica sí lo sean, lo que, en todos los casos, sería responsabilidad de las corporaciones estatales y/o federales, enfrentarlas.

Otra es la violencia existente en los centros urbanos, tanto la generada por el crimen organizado, como la ajena a éste, cuya cuantía e importancia en muchos casos es mayor a la primera, a la que, necesariamente, se debe enfrentar no sólo con la cuantía de los efectivos destinados a combatirla.

Por ello se advierte positivamente que la GN vaya a tener todas las características de una corporación civil, independientemente del carácter de quienes la conformarán mayoritariamente, con un mando civil (más allá de la chabacanería argüida por los defensores de la propuesta de AMLO, en el sentido que el presidente “es el jefe de las fuerzas armadas”); que en cinco años los militares deben retornar a los cuarteles, después de que se les haya empleado en el combate al crimen organizado, bajo parámetros de convencionalidad establecidos por organismos internacionales de derechos humanos.; que el Presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberán rendirle cuentas al Congreso de la Unión.

Se eliminó la figura de junta de jefes de estado mayor, en la que participaban las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).

No habrá continuidad de las estrategias anteriores, con Calderón y Peña Nieto y ese es el principal riesgo del gobierno de la 4T. La presencia de la GN en los estados será a petición de los gobernadores.

Tendrá un control parlamentario mediante una institución acorde con los tratados internacionales de derechos humanos, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) tendrá la obligación de rendir cuentas de su labor a la Cámara de Senadores.

Los miembros de la Guardia Nacional, aun quienes provengan del Ejército y la Marina, se sujetarán a la competencia de la jurisdicción civil. No habrá fuero militar para ellos.

No terminaban de asimilarse los efectos positivos de la aprobación de las reformas, cuando el presidente López Obrador soltó un nuevo tema controversial al sostener que al tener la facultad de nombrar al titular de la Guardia podía hacerlo en la persona de un militar en activo o en retiro, cosa que se puede hacer sin problema en el segundo caso, pero de ninguna manera en el de los militares en activo, salvo que éstos solicitaran su licencia en los términos de la ley militar, para que de esa manera se mantenga el carácter civil de la nueva corporación, están obligados a no realizar simulación alguna.

Ahora bien, nadie tiene la certeza de que la GN pueda ser la fuerza policíaca que mejore la seguridad, sólo el grupo gobernante y sus seguidores la mantienen, tiene, eso sí, algunos aspectos que podrían llevar a un más que moderado optimismo, entre ellos el de que las fuerzas federales elevarían sustancialmente sus efectivos sin que se elevara sustancialmente el gasto del gobierno federal.

López Obrador se juega el resto -también el país entero- ya que lo aprobado es, en esencia, cosa semejante a lo intentado en el pasado -con errores, con múltiples deficiencias e infinidad de corruptelas, además de la rampante impunidad en la violación de derechos humanos cometidos por todas las fuerzas policiales y militares.

Luego de la aprobación cundió un más que justificado optimismo, sobre todo en las élites. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró los acuerdos que “eliminaron algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas” por el representante en México de la ONU-DH Jan Jarab.

Del mismo modo, la Coparmex, al celebrarlo, insistió en que “la función de la GN debe ser integral e ir acompañada de otros elementos para el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio, y que tanto éste como la primera requieren y requerirán una evaluación permanente para tener un funcionamiento óptimo”.

El factor principal para la aprobación fue el hecho de que Morena y aliados no tuvieron mayoría calificada, lo que potenció a la oposición y obligó al grupo gobernante a ceder en el eje central de las reformas constitucionales, pero deberá justipreciarse la apertura de Morena para realizar el “parlamento abierto”, que permitió la presentación de las opiniones de las organizaciones de la “sociedad civil”, analistas, académicos y funcionarios de los organismos internacionales de derechos humanos.

Por último, es probable que luego de las palabras aprobatorias de López Obrador, ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, de lo contrario, la propuesta recorrería el mismo camino recién concluido, y si todavía no, hasta el siguiente período de sesiones.

No sería sensato.

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