Chihuahua., Chih

De no haber políticas orientadas a la generación de energías limpias, el gobierno mexicano podría enfrentar serias consecuencias.

Si el gobierno fuera suficientemente sensible a las reacciones de las empresas norteamericanas, ya estarían todas las alarmas encendidas después de las declaraciones del director general de General Motors (GM), Francisco Garza, quien señaló hace pocos días que la empresa no hará más inversiones en México si no hay una política orientada a la generación de energía limpia.

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono). … si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones de largo plazo”, dijo en la Convención del IMEF el directivo.

Desde enero de este año, Mary Barra, presidenta y directora general de General Motors a nivel mundial, definió la política de la empresa, que planea que en el año 2035 ninguno de sus nuevos vehículos ligeros emitirá CO2.

El objetivo de GM es sumarse a los esfuerzos del sector privado y de los gobiernos para lograr la descarbonización para el año 2040.

El peso de GM en Estados Unidos es hoy más grande que lo que de por sí la empresa representa, pues desde septiembre Mary Barra es la presidenta de la Business Roundtable, la agrupación de presidentes de empresa más importante de Estados Unidos.

Como aquí le comenté anteriormente, el tema vinculado con la reforma eléctrica no iba a aparecer públicamente en las reuniones que sostuvieron los líderes de México, Estados Unidos y Canadá en Washington la semana pasada. Sin embargo, sí continuaría presente en reclamos de empresas, congresistas e incluso gobernadores.

Probablemente había la percepción de que las protestas vendrían sobre todo de empresas norteamericanas del sector eléctrico afectadas por las disposiciones de la reforma, pero ahora se percibe que otro importante frente serán quienes se sientan afectados por la discriminación a las energías limpias.

La reforma establece que antes de que se despache la energía eólica o fotovoltaica, debe usarse toda la energía generada por la CFE, salvo la proveniente de carbón.

El gobierno ha argumentado que sí se continúa la política de promoción de las energías limpias debido a que la primera fuente que se despacha es la hidráulica.

Sin embargo, el argumento es poco convincente pues no existe suficiente capacidad hidroeléctrica para abastecer la demanda del país.

La narrativa de que ‘las energías limpias son negocios sucios’, que en varias ocasiones ha sido referida en las mañaneras, funciona como consigna política, pero no como argumento que pueda esgrimirse para convencer a empresas serias o a organismos multilaterales.

Apenas es el principio. No será solo GM, sino otras empresas extranjeras expresarán en su momento su rechazo a la política energética que se derivaría de la reforma.

Si hay un cabildeo serio en el Congreso, y más y más representantes presionan al gobierno de Biden, al final, éste no tendrá más remedio que transmitir esa presión al gobierno mexicano.

El presidente de Estados Unidos requiere al gobierno mexicano en sus proyectos migratorios, pero tampoco puede darle manga ancha en políticas que contradicen la filosofía con la que Biden llegó a la Casa Blanca.

Hace años, se podría ver a quienes buscaban cambios en materia ambiental como radicales y tal vez hasta extravagantes.

Hace pocos días escuché a un importante banquero decir que con cada vez mayor frecuencia se rechazaría el otorgamiento de créditos a empresas que carecieran de políticas para reducir su huella de carbono.

No es moda, ni una política de ‘fifís’, se trata de una visión del mundo que va a generalizarse y a hacerse cada vez más profunda.

Si el gobierno mexicano no lo asume, va a pagar las consecuencias, y todos nosotros con él.