Chihuahua, Chih.
La diputada priista Georgina Zapata Lucero que no brilla por merecimiento político propio a pesar de haber sido diputada federal con anterioridad, sino por ser hija de quien es y que le construyó su carrera política, una “nepo baby” y a pesar de que hoy se manifiesta “aliada de las causas de las mujeres”, ha propuesto una reforma al Código Penal del Estado que versa:
“ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 238 TER, al Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:
Se aplicará prisión de 5 a 10 años de prisión y de 1000 a 2000 días multa, al que por cualquier medio cause destrucción, daño o deterioro, incendio, inundación o explosión de un monumento arqueológico, artístico, histórico, aquellos espacios declarados como patrimonio cultural, o a algún edificio público.
Cuando el daño no sea intencional, se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste.”
En su exposición de motivos la diputada pretende resaltar el supuesto “resguardo del pasado para trasladar un mensaje al presente…que se conserve un sentido vigente en el ahora, con adición de una estética inherente, haciendo que las piedras y metales transmitan la idea de belleza y aleccionen a la sociedad sobre el pasado.”
O sea que, de forma intrínseca, defiende que se mantengan limpios para que se vean bonitos, porque dudo que la legisladora utilice en sentido amplio el concepto filosófico de estética que define contextos bajo momentos históricos contingentes, es decir, el razonamiento lógico que definen los principios fundamentales de la humanidad.
Es difícil considerar que los esfuerzos de la parlamentaria por nepotismo tienen otra motivación distinta a la criminalización de la protesta social ya que, en su exposición de motivos lo menciona: “Como un fenómeno globalizado, en tiempos recientes, y cada vez con más frecuencia y con mayor difusión, se suscita la agresión a bienes patrimoniales, particularmente a monumentos históricos o edificios públicos, como parte de actos de protesta…Entendemos la frustración y la desesperación por ser escuchados, el deseo de justicia y el estado de derecho, sin embargo, también es preponderante conservar el orden social y el respeto a las instituciones…” esta parte resulta interesante por dos cuestiones básicas: su clara alusión al movimiento feminista y la ponderación sobre la vida y la seguridad de las mujeres y el respeto que exige para las instituciones que no se las garantizan.
La alusión a la que hace referencia son las pintas que en un contexto de manifestación pública se llama iconoclasia y en nuestro país la motiva casi 4 mil feminicidios en el último año según cifras del INEGI, violaciones, violencia familiar y doméstica, todo tipo de agresiones de tipo sexual en el hogar por familiares, las escuelas, universidades, instituciones públicas, la búsqueda permanente de rutas para el acceso a la justicia, la reparación del daño y la implementación de medidas de no repetición, miles y miles de mujeres víctimas y que son revictimizadas en sus denuncias han buscado sin éxito, alternativas efectivas para manifestarse sin lograr la atención de las autoridades.
Por eso es que la iconoclasia es relevante como forma de protesta, ya que al intervenir el patrimonio histórico con las exigencias que motivan las marchas es la única forma que se ha encontrado como viable para obtener algún tipo de respuesta de la autoridad.
Aunque resulte lamentable que la única sea el estigma y la criminalización.
Este fenómeno colectivo y social tiene sus primeros precedentes en el siglo XVIII cuando las sufragistas dinamitaban edificios públicos para exigir su derecho al voto. Miles fueron encarceladas, condenadas al destierro y a otras tantas, sus familias les fueron arrebatadas sin posibilidad de recuperar a sus hijos e hijas.
En estricto sentido, la diputada Zapata no tendría una curul si no hubiera habido mujeres que corrieron los riesgos que corren las que ahora pretende encarcelar. Sin iconoclasia no hubiera habido revolución francesa porque no se habría tomado la Bastilla, justo, porque la práctica a través de su visibilización pretende motivar conciencia social.
Hay una serie de preguntas pertinentes, puesto que para la diputada es válido encarcelar manifestantes que denuncian delitos, imponer sanciones más altas de las que se les dan a los violadores y agresores cuando por casi excepcionalidad, logran sentencia; sin embargo, ¿quién definirá las penas? ¿cómo las ejecutaran? ¿van a encarcelarnos a todas? ¿llenarán las cárceles de mujeres ya agraviadas por el Estado por no procurarles su vida y seguridad en vez de feminicidas y agresores sexuales?
La iniciativa solo busca un efecto político sobre los grupos y sectores que pretenden obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres y las niñas y es importante mencionar: NO procederá por violentar una base amplia de derechos ya constitucionalmente garantizados.
Cientos de monumentos y piezas históricas relevantes a la identidad chihuahuense han sido demolidas, removidas y extraviadas por capricho o en nombre del “progreso” por gobernantes priistas: el Reloj Palestino-Libanés de la Ocampo y 20 de noviembre, los óleos del Hotel Apolo, la desaparecida fuente del patio central de Palacio de Gobierno, entre muchas otras que no son consideradas agravios porque son cometidas por quien ostenta la representación del poder; pero no sean mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas, madres con hijas desaparecidas o víctimas de feminicidio, porque entonces ellas si merecen prisión, en el criterio de la privilegiada heredera Zapata.
En tanto no se resuelvan los crímenes contra las mujeres y las niñas, los muros y los edificios públicos seguirán hablando lo que ella ahora desde el Congreso del estado, pretende acallar.
@MarieLouSalomé
