Chihuahua, Chih.

La excarcelación del ex alcalde capitalino, Javier Garfio Pacheco, a cambio de aceptar su responsabilidad en la compra de unos terrenos a menor precio del valor de mercado, en los momentos en que ejercía el cargo de Secretario de Obras Públicas del gobierno de César Duarte, se volverá -es, ya- motivo de desencadenadas reacciones de rechazo y crítica al gobierno de Javier Corral.

El problema radica en la generalizada percepción popular de que Garfio fue culpable de muchas de las tropelías achacadas al ex gobernador César Duarte, independientemente de si fue partícipe o no, lo que es otro reflejo de la incultura jurídica prevaleciente, cultivada, además, por los elevados índices de corrupción e impunidad alrededor del desempeño de los funcionarios públicos.

El mismo delito por el que fue sentenciado Javier Garfio es una viva muestra de ello. El peculado no es considerado delito grave, siendo éste uno de los delitos en que quienes se dedican a la función pública . Sabedores de esto y pretendiendo aplicar los menores castigos a quienes delinquen desde un cargo público, los legisladores, integrantes también de la clase política, de todas las épocas y partidos, han decidido no cambiar tal estado de cosas.

Así, si un ciudadano común y corriente se roba una bicicleta, deberá cursar una penalidad mayor que quienes lo hacen desde los puestos de gobierno.

Y ese es el momento por el que pasa Garfio. El delito por el que fue acusado es de los considerados como no graves, razón por la que debió cursar el juicio en libertad. No soportó el cautiverio y optó por negociar su salida de la cárcel, para enfrentar una sanción menor -tres años-, en libertad condicionada, con la obligación de acudir a la Fiscalía a firmar cada semana; a permanecer en la ciudad de Chihuahua, pagar una multa de casi medio millón de pesos, así como devolver al erario estatal más de 300 millones de pesos y no ejercer cargos públicos por los mismos tres años.

De este modo pagará -ha pagado- haber formado parte del equipo del ex gobernador César Duarte y de haber aspirado a ser el candidato al gobierno de Chihuahua por su partido, el PRI, que en ese sexenio fue dirigido, hasta el detalle, por el ballezano.

Quedará la duda de su culpabilidad sobre el delito que se le imputó. Tal duda permanecerá en tanto otros ex funcionarios, participantes como Garfio de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), no hayan sido acusados del mismo delito, la desincorporación del dominio público y posterior venta de la reserva territorial “Labor de Terrazas” a favor del Grupo Industrial y Constructor S. A. de C. V.: Son, el exconsejero jurídico Mario Trevizo Salazar, el exsecretario de Fomento Social, Rafael Servando Portillo; el exdirector del Instituto de la Vivienda (hoy Coesvi), Ricardo Yáñez Herrera y el exgobernador César Duarte.

Además, firmaron esa venta, como testigos, “otros cinco exfuncionarios de segundo nivel de la Coesvi, Oswaldo Martínez Rempening, Óscar Raúl Herrera, Lourdes Josefina Juárez, Federico Lafón y Guadalupe Loo Rascón, quienes eran en esas fechas directores de asuntos jurídicos, de infraestructura, de administración, de planeación y de programas sociales, respectivamente”. (Nota de El Diario de Chihuahua, 23/X/17).

En la dinámica de tales ventas de terrenos y propiedades estatales, estos últimos funcionarios, de menor rango, son los responsables de presentar los estudios y dictámenes que justifican la venta y los montos de ella.

¿Por qué razón no se les fincaron los mismos cargos si sus niveles de responsabilidades eran semejantes e, incluso, la del ex gobernador, mayor?

¿Acaso tienen razón quienes especulan que la detención de Garfio, por lo menos la aceleración de ella, tuvo que ver con el asesinato de Miroslava Breach, ocurrido apenas cuatro días antes?

Que Garfio no sabía del proceso en su contra, habla el hecho que no esperaba su detención, cosa confirmada porque en la primera audiencia, el día de la detención, no contó con defensor privado, sino que fue uno público.

Pero para la comprensión popular, los vericuetos jurídicos no cuentan, Garfio es, para la mayoría de los ciudadanos, culpable, y el gobierno de Corral no está cumpliendo con su promesa de llevarlos a todos a la cárcel, empezando con Duarte, poco importa demostrar que sean culpables o no, el veredicto popular ya fue dado, lo son.