Chihuahua, Chih.

Apenas diez días atrás afirmaba que estábamos a merced de la agenda electoral de los gobernantes de México y Estados Unidos.

Hoy se ratifica. 

Indudablemente las urgencias electorales son las que les impiden a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Greg Abott -y probablemente, y solo probablemente, Maru Campos-   actuar en función del gravísimo problema de la migración y no de sus intereses personales-políticos.

Hasta aquellos días el énfasis, en el caso del entorpecimiento del cruce de mercancías transportadas en trailers, se ubicaba en señalar al gobernador texano, Greg Abbot, como único responsable del «atorón» de mercancías; que llegaba, hasta el viernes, a la pérdida de más de dos mil millones de dólares.

Ante el flujo de migrantes, el gobierno de Biden cerró pasos fronterizos para la carga, primero por horas y luego por días, para movilizar al personal del Customs and Border Protection (CBP) -Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU- para que atendieran a los miles de migrantes llegados a la frontera.

Y como no tenían suficiente personal para ello, recurrieron a la medida que ahora deploramos, sumándose, en la práctica, a las medidas dilatorias ordenadas por el gobernador Abbot.

Así, el presidente Biden, ante la presión político-electoral ha cedido ante el creciente malestar en EU por el incremento del flujo migratorio.

No sólo cedió en esta medida; presionado, ordenó se ejecutara un presupuesto, aprobado en los años de Donald Trump, para que se extendiera la construcción de 32 kilómetros del muro fronterizo.

Para llevar al cabo las labores de construcción, que tendrán lugar en el condado de Starr, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eximió del cumplimiento de más de una veintena de leyes, incluyendo regulaciones en materia de protección ambiental, de salud pública y de conservación cultural, en un esfuerzo por acelerar la construcción, debido a la «necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas», en un viraje de 180 grados respecto de su postura anterior.

Así, las operaciones gubernamentales de Biden y Abbot han llevado a que las filas de trailers sumen casi 23 mil detenidos en los puertos fronterizos.

Hasta el viernes las pérdidas superaban los dos mil millones de dólares, de acuerdo a los cálculos del Gobierno del Estado, que en pocos días puede llevar al «paro técnico» a varias empresas y, con ello, afectar los ingresos salariales de miles de trabajadores fronterizos y sus familias.

Frente a crisis tan mayúscula, hay una absoluta falta de atención del gobierno mexicano. Se deplora la ausencia de la búsqueda de acuerdos con los gobernantes de Texas y EU.

De acuerdo a la versión de la gobernadora Maru Campos, ni siquiera la secretaria de Gobernación le ha contestado el teléfono.

«Luisa María Alcalde no ha tenido a bien contestar las comunicaciones por parte del Gobierno del Estado, ni una, específicamente de la gobernadora, ni tampoco las de la industria de la exportación, entonces, pues, yo estoy sola en esto y tú sabes que esto no es una crisis migratoria, es una crisis de democracia, una crisis de política», “sostuvo Campos”. (Nota de la redacción, Radio Fórmula, entrevista con Ciro Gómez Leyva, 11/10/23).

«La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reconoció que en la crisis migrante que asola a su entidad, así como en otras cuestiones, la Federación la ha abandonado a tal grado que en la Secretaría de Gobernación no le contestan el teléfono ni a las organizaciones de exportadores, afectados por el cierre de puentes internacionales con Texas». (Ibídem).

En entrevista en el programa “Ciro Gómez Leyva Por La Mañana”, «la mandataria estatal reconoció que no tiene las capacidades para contener a las oleadas de migrantes que llegan al estado desde el sur del país y que han provocado que las autoridades estadounidenses apliquen medidas de contención que afectan a la economía local». (Ibídem).

Es de tal magnitud que «Texas (ha frenado), en menos de un mes, 3% de exportaciones anuales por Juárez…». (Título de nota de El Diario, 14/10/23)

«Hasta el jueves pasado sumaron 22 mil 468 cargas varadas en los puertos fronterizos con mercancías con un valor de 2 mil 500 millones de dólares, lo que equivale al 3.17% de los 78 mil 813 millones 920 mil 210 dólares que se exportaron en 2022, de acuerdo con los datos del INEGI». (Nota de Brenda Gaytán, El Diario, 14/10/23).

Si a las pérdidas ocasionadas por las medidas restrictivas se suma la disminución de la actividad económica de los EU, pues de acuerdo con los reportes de Inegi «los envíos a Estados Unidos por esta frontera ya sumaban tres meses a la baja», tenemos un muy sombrío panorama. (Ibídem).

Hasta julio de 2023 habían cruzado mercancías «por un valor de 5 mil 934 millones 521 mil dólares, que son 13.35% menos que los 6 mil 849 millones 205 mil de julio del año pasado». (Ibídem). 

Lo repetimos ¿A quién pedirle que ordene la agilización del transporte de mercancías a EU, tan necesitadas de ser trasladadas, como de ser recibidas por las empresas allende el río?

¿A quién? ¿A quién? («Nudo fronterizo», LJValero, El Diario, 5/10/23).

Por ello asombra gratamente la decisión del cabildo de El Paso de extender la emergencia migratoria, adoptada por unanimidad, que le permite a los empleados municipales «desplegarse en organizaciones sin fines de lucro y la Ciudad sea libre de brindar refugio a los migrantes según sea necesario… El Concejo (las había aprobado) originalmente el 8 de mayo de 2023». (Nota de Jaime Torres/El Diario de El Paso, 11/10/23).

Tal medida humanitaria fue puesta en vigor debido a que el CBP, al retener a más de 7 mil migrantes, «en libertad condicional o con avisos de comparecer ante un tribunal federal de inmigración en una fecha posterior» (Ibídem), cifra más allá de sus capacidades en los albergues propios, liberó a miles, a los que el gobierno de El Paso apoya con vivienda y alimentos transitoriamente.

No es poca cosa, en septiembre ayudaron a 16 mil migrantes, lo que, «a diferencia de otras grandes ciudades fronterizas y estadounidenses, esta vez en El Paso no se liberó a ningún migrante bajo custodia de la CBP directamente a las calles. O acudieron a organizaciones sin fines de lucro, o la Ciudad les proporcionó habitaciones de hotel o espacio en la vieja escuela, declaró el alcalde Oscar Leeser». (Ibídem).

¡Vaya que hay manera de tratar la crisis migratoria!

En tanto, los migrantes se quejan que el personal del Instituto Nacional de Migración se ha puesto como tarea el impedirles cruzar la frontera, actuando casi como si fueran la Border Patrol de EU.

¡Qué cosas!

-o-

— Libros de texto gratuitos, centro de la discordia

Hay una cosa que los gobernantes no debieran olvidar: Después de la reforma constitucional del artículo 1o, del 2011 y la consecuente modificación de la Ley de Amparo, los ciudadanos y las organizaciones tienen una mayor posibilidad de acogerse a tal derecho, mediante el cual todos los actos de gobierno pueden recusarse.

Por tanto, los gobernantes deberán ajustarse a lo establecido en las leyes, para evitar que ocurran casos como el que ahora sufrimos.

En 2018, una mayoría electoral le entregó la administración federal a Andrés Manuel López Obrador, pero solo eso; éste tenía -tiene- la obligación de ejercerla conforme a derecho.

Debió tomar nota de que un importante sector de la población no aprueba su gobierno; por ello, reformas tan trascendentales como la educativa debió someterla al mayor escrutinio posible -y a la transparentización- para evitar que cualquier ciudadano pudiera argüir, como es el caso, que su elaboración y ejecución no se hicieron conforme al marco legal y acudir a quien puede resolver tal conflicto, el Poder Judicial de la Federación.

Porque el asunto de fondo no se circunscribe a los libros de texto, sino al modelo educativo aprobado y, por tanto, a los planes y programas de estudio, que debieron consultarse -lo que no implica aceptar a rajatabla los puntos de vista de los consultados- a los gobiernos estatales, especialistas, académicos y agrupaciones de padres de familia, cuyas evidencias no existen, hasta ahora.

Asombra que, a la fecha, ningún gobierno estatal morenista haya publicado evidencia alguna de que sus autoridades educativas fueron consultadas en el proceso de elaboración de los planes y programas educativos.

Por eso estamos como estamos. 

Ahora, estamos ante la posibilidad de un paro de labores magisteriales en la entidad, como medida de presión para que los tribunales fallen en el sentido de los protestantes.

Es la regresión absoluta.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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