Chihuahua, Chih.

Fruto de una negociación destinada a perder, los miembros de la delegación mexicana negociadora con el gobierno de EU, regresaron con un agregado mayor al que ya tenía el país, antes del episodio de la amenaza arancelaria, lanzada por el presidente Trump: La de que en la práctica, México se convirtió en el “Tercer país seguro”.

No es una figura literaria, ni es una estratagema publicitaria, no. En virtud de los acuerdos, ahora México recibirá a los alrededor de 60 mil migrantes deportados por los vecinos en los próximos meses, los que hubieren ingresado a territorio estadounidense y hubiesen solicitado asilo. Acá estarán en tanto EU resuelve si otorga o no el asilo.

De golpe y porrazo nos convirtieron en el albergue de la Border Patrol de Estados Unidos y la dependencia encargada de la inmigración del Departamento de Estado de ese país.

No se requiere mayor explicación, eso es ser el “3o. país seguro”. De ese modo, el gobierno norteamericano se desentendió de cualquier responsabilidad en el origen, flujo y contención de la oleada migratoria existente en Centro América y nuestro país.

Este problema es uno más, añadido al de la contención del flujo migratorio y al de la regulación del mismo, compromisos adquiridos por la delegación mexicana en las negociaciones culminadas el viernes anterior.

No es cualquier cosa, a pesar del elevado porcentaje de migrantes que desisten del proceso de asilo, pues deciden, muchos de ellos, insistir en los esfuerzos de ingresar a EU de manera indocumentada. Sin embargo, por lo pronto las ciudades fronterizas -sobre todo las de mayor población y, por tanto, las de mayor y mejor infraestructura urbana, como Juárez y Tijuana- deberán prepararse a alojar durante algunas semanas, y quizá meses, a miles de deportados que esperarán la fecha de sus audiencias, la mayor parte de ellas programadas para fines de 2020.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), suman 4 mil 500 centroamericanos devueltos por EU a esta frontera, “con citas para ir a la Corte hasta 2020 y sin un plan de acción para atenderlos por parte del Gobierno de México”, la cifra alcanzada en Juárez inició apenas el 26 de marzo. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 11 de junio de 2019).

A esas cifras deben sumarse las reportadas por la Patrulla Fronteriza-Sector El Paso, consistentes en que, de octubre pasado a la fecha, fueron detenidas 104 mil 131 familias y 13 mil 284 menores no acompañados, lo que significa que fueron detenidas alrededor de 300 mil personas ¡Más de mil 200 diariamente! Cifras que crecieron 25 veces más que en el mismo lapso del año anterior.

Bueno, pues todo esto repercutirá de manera directa en los presupuestos municipales y estatales de las ciudades involucradas, los que deberán reasignar los recursos económicos a las áreas encargadas de la atención a este otro tipo de migrante, el deportado-solicitante de asilo, y, además, a los migrantes, tanto los deportados, como los que transitan por el país.

Es una inmensa presión a las depauperadas finanzas nacionales, en las que deberá efectuarse una reasignación del presupuesto federal.

Y, por si fuera poco, estamos sometidos a la revisión del gobierno norteamericano, en 45 días, a la abrupta disminución del flujo migratorio en territorio nacional, cosa que sólo se podrá hacer mediante la aplicación de medidas draconianas.

No hay de otra, porque apostarle a erradicar las causas de la migración, como sostuvo el presidente López Obrador el miércoles, en ese pequeñísimo lapso, es imposible.

De ese modo, la delegación mexicana acudió a negociar aranceles y salió proponiendo medidas migratorias -Marcelo Ebrard así lo afirmó- contrarias a su postura inicial y, también, al marco legal existente.

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