Chihuahua, Chih.

“Fuero: evitar que los políticos se puedan enjuiciar por lo que dicen”: Carlos Elizondo Mayer-Serra

La víspera de ayer se aprobó el dictamen que retira, de cierta manera, la inmunidad jurídica que ha envuelto a la figura presidencial por años: el controversial fuero. Este proceso es, a mi juicio, destacado, pues entraña un avance con respecto a las concepciones que visualizaban al Presidente como el pináculo de la pirámide del poder político en México. 

Por otra parte, empero, la manera en la cual ha sido gestada la presente legislación, podría -a juicio del escribiente- poner en el filo de la navaja al ámbito ejecutivo y legislativo, en caso de que las reyertas políticas llegasen a contaminar la cámara de origen; brindando un precedente peligroso para el desarrollo del país en el futuro.

Explicaré la premisa anterior, con pelos y señales: aplaudo que, desde el seno de la bancada morenista -y, destacadamente, por la propia iniciativa presidencial- pretendan combatirse los excesos que se cometieron en el pasado (reciente y remoto), bajo el amparo del fuero. 

Aún es de recordarse aquella grabación clandestina, exhibida en la televisión nacional hace una década, en la cual el Secretario de Comunicaciones del Calderonismo (2006-2009), el priista Luis Téllez, aludía, de manera contundente, y con cierto desparpajo, que “(el ex Presidente) Salinas se robó la mitad de la partida secreta”. 

En otra nación, una declaración de esa índole hubiese detonado un terremoto político, pues, al momento de la delación, el Poder Judicial inmediatamente habría abierto una investigación para deslindar responsabilidades. Pero en el México de la época, lo único que generó la declaración de Téllez fue indignación, pues, en el remoto caso de que la PGR hubiera deseado atraer el caso, quizá no hubiese habido mucho margen de acción; pues, además de la difícil verificación de las palabras del antiguo funcionario, lograr conjeturar y comprobar la acción delictiva hubiese sido un primer reto; además, que esas acciones se encuadraran dentro de una falta, hubiese entrañado una labor titánica para el eventual demandante. 

El caso análogo puede verse en el caso de Calderón y Peña Nieto y sus esporádicas menciones en el caso Odebrecht, pues, aunque se les haya nombrado como copartícipes en un espacio-tiempo determinado, sería difícil llegar a comprobar una acción indebida de su parte; y, si esto efectivamente ocurriere, sería complejo probar que, en efecto, delinquieron. Ello porque, el consabido fuero, ha actuado como una aureola que protege a los mandatarios, no obstante que sobre ellos se deslicen acusaciones insospechadas (como los casos citados con antelación).

Bajo este contexto, me parece plausible que el Presidente López Obrador, haya decidido marcar un parteaguas y deslindarse, él mismo, del pasado reciente. 

El simple hecho de que haya mandado una iniciativa, cuya misión medular era la abolición del fuero presidencial, confirma que no tiene nada que temer, pues, en el mundo de la política, es sabido que diversos funcionarios buscan algún cargo parlamentario o ejecutivo, en aras de contar con protección gubernamental, para resguardarse de hechos del pasado. 

En el mismo tenor, encuentro destacado que haya aumentado el radio de acción para enjuiciar a los ex mandatarios, pues, de una nebulosa Traición a la Patria, se la ha añadido al mismo parágrafo que el Presidente “pueda ser juzgado por corrupción o por delitos electorales”. 

Esto es relevante, pues, en el pasado reciente, la corrupción ha sido una acusación que ha salpicado a diversas administraciones; mientras el manejo electoral del presupuesto y de los programas contra la pobreza, ha sido una acusación perenne que se le ha hecho a políticos de todos los partidos. Incluir, con todas las letras, esas causales de sanción, hará que los mandatarios sean más cuidadosos en la forma de ejercer su gestión. Por lo menos, eso esperamos.

No obstante, el peligro que le encuentro a la legislación aprobada, es el siguiente. Viendo que los Congresos (no sólo de México, sino del mundo en su conjunto) se han convertido en presas de la politización, una acusación ligera podría devenir en un resultado lamentable. 

En la coyuntura actual, ello se antoja difícil, pues, aún, MORENA (el Partido del Presidente) cuenta con mayoría legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. 

Empero, si, eventualmente, la oposición, lograra su sueño dorado de llegar a San Lázaro en 2021, podría configurarse el escenario de que alguno de sus integrantes denunciase a López Obrador de corrupción (hecho que ya se ha cristalizado, pues, recientemente, legisladores del blanquiazul lo acusaron por negligencia ante la Fiscalía de la República). 

Si esto ocurriera, eventualmente pudiese abrirse un proceso. Si esto ocurriere, con las pruebas contundentes de por medio, sin duda sería un avance democrático; pero si el Congreso se erigiese en patíbulo para derrocar a un mandatario que no es de sus afectos, podríamos comenzar a recorrer un sendero muy peligroso, motivo por el cual, la inquietante legislatura debe tomarse con pinzas, utilizando siempre la razón, más allá de los argumentos viscerales. 

Esto, porque, en democracias avanzadas, la figura de “moción de censura y de confianza” es un lugar común para ratificar o separar a gobernantes quienes han demostrado cumplir o no con sus obligaciones. Pero en sitios donde el estado de derecho no goza de cabal salud -como en nuestra nación-, pudiese dar lugar a polarizaciones y a juegos de poder perversos. 

La historia tiene muchas caras, pues, mientras, la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos, estuvo a punto de deponer a Richard Nixon por espionaje en el bochornoso “Caso Watergate”; los Congresos de Perú y Ecuador, ya han cesado mandatarios, alegando que no tenían “capacidad mental” para gobernar; enunciado que, huelga decir, resulta sumamente subjetivo -aunque válido en los sistemas constitucionales de esas naciones- y que podría resultar un dolor de cabeza, retomando el caso de “Traición a la Patria” vigente en el constitucionalismo mexicano. 

Como cereza en el pastel, me parece preocupante la visión del Senador Damián Zepeda, pues la visión que se pretende construir, impera en los estados más avanzados del mundo (en términos generales, el Legislativo es un regulador del Ejecutivo). 

Por otro lado, me parece inadmisible que se haya medido al Poder Ejecutivo y al Legislativo con distintos parámetros; ya que, mientras, con esta legislación, mientras el Presidente podrá ser imputado; los diputados quedarán exentos de esta figura. 

Esto me parece increíble pues ¿acaso los legisladores son inmunes a la corrupción parlamentaria o a prácticas infaustas? No lo creo. En un estado ideal de las cosas, se habría puesto un piso parejo para todos los poderes, y no sólo para que el que detenta la base del mismo, desde mi perspectiva.

Finalmente, me parece inaudito que la reelección de diputados, senadores y alcaldes siga existiendo, en el derrotero de la 4T. Aunque hay diversas interpretaciones al polémico asunto, creo que la reelección inmediata no debería existir, pues hace que los políticos deseen seguir en el cargo, más allá de visualizar por un correcto ejercicio de sus gestiones 

¡Por algo se luchó contra esta figura en la Revolución Mexicana¡ Empero, al calor del Pacto por México, parecieron haber olvidado este histórico precepto; e hicieron la ratificación permisiva, quizás planeando seguir medrando del presupuesto por sécula seculórum. Es posible. 

Pero me parece gravísimo que, en lugar de modificar una legislación que resulta lesiva contra la ciudadanía, la mayoría en el Congreso haya decidido ratificarla ¡corregida y aumentada! pues los diputados no sólo podrán seguir otro período más en San Lázaro, sino que ¡podrán hacer campaña, mientras siguen ocupando su curul! ¡Inaudito! 

Quizás quisieron emular a los congresistas yanquis; pero la realidad de México es diametralmente opuesta a la del vecino país del norte ¡ojalá enmendaran semejante despropósito!

En términos generales, encuentro claroscuros en la legislación aprobada. Ojalá los diputados estén a la altura de las circunstancias, y el país sea beneficiario de las mismas; y no al revés. 

Hagamos votos.