Chihuahua, Chih.

No sólo son los conflictos derivados de la destrucción de las canchas de la colonia Santo Niño, -bajo la conducción, en el conflicto, de José Luévano, ex Secretario privado del gobernador Javier Corral- o la pretensión de nombrar como dirigente del PAN en Chínipas al ex alcalde Hugo Amed Schultz, ambos personajes directamente involucrados en los acontecimientos que desencadenarían en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, sino, entre otros, en el agravamiento de la crisis de inseguridad en el estado.

 

Nueva oleada de sangre sobre Chihuahua

Justo al llegar al término del mes 34 de la actual gestión el número de homicidios llegó a los 6 mil 255, cifra que proyectada y si los índices de homicidios se mantuvieran en los promedios actuales, en caso que el gobierno de Javier Corral fuese de 6 años, llegaría a poco más de los 13 mil 200 homicidios (13 mil 245), cifra que rebasaría los acaecidos en el gobierno de Reyes Baeza (12 mil 932); quedaría por debajo de los presentados en el gobierno de César Duarte (15 mil 642), pero por muy poco, frente a las expectativas, desatadas por el panista Javier Corral, cuando pretendía la gubernatura de Chihuahua.

De acuerdo con los datos de INEGI, (sitio del que se extrajeron las cifras para hacer los recuentos anteriores) el número de homicidios presentados a partir del 2004 es el siguiente:

2004, 476;

2005, 569;

2006, 648;

2007, 518;

2008, 2 mil 601;

2009, 3 mil 671;

2010, 6 mil 407;

2011, 4 mil 500;

2012, 2 mil 772;

2013, 2 mil 133;

2014,  mil 755;

2015,  mil 540;

2016, mil 788;

2017, 2 mil 248;

2018, 2 mil 957

2019, mil 533

 

Si la cifra de homicidios en el presente año se proyectaran al fin del año, es probable que termine con una cifra de alrededor de los 2 mil 660, cifra semejante a la del primer año de la ola homicida anterior, la del 2008, e inferior a la de 2018 en un 11.27%.

Sin embargo, respecto a los índices de los primeros 18 meses del gobierno de Javier Corral, la tasa de homicidios de este año, de alrededor de los 78.33 por cada 100 mil habitantes (pccmh), será superior en 50% a la de esos primeros meses, que se ubicó en promedios de 50 pccmh.

Durante el año anterior, Chihuahua se colocó en el tercer estado con más homicidios en México y avanzó tres lugares en el ranking de asesinatos a nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas de Semáforo Delictivo. (Staff, El Diario, 27 Julio 2019).

A su vez, en el período de enero a junio del 2019, en el renglón de homicidios, el primer lugar lo ocupa el estado de Guanajuato con mil 383 crímenes; seguido de Baja California con mil 257 y Chihuahua en tercer peldaño con mil 064, por lo que las cifras de homicidios desmienten al gobernador Corral pues contrario a lo previsto por el mandatario, quien declaró a fines de julio, que este mes sería menor la incidencia homicida, sin embargo, julio superó a junio en el número de asesinatos. (Staff, El Diario de Juárez, 01 Agosto 2019).

“Con una tasa de 104 homicidios por cada cien mil habitantes, en Ciudad Juárez la delincuencia organizada no da tregua y en julio dejó otras 137 víctimas. Julio de 2019 superó en Juárez al mes de junio de este año por siete homicidios y concentró el número de asesinatos de mujeres más alto de este año, con 19 víctimas”.

Apenas el 29 de julio, Corral había presumido que “en julio tendremos menos homicidios que en junio, lo cual quiere decir que también habremos avanzado en ir disminuyendo”.

No fue así.

“A nivel estatal, con 237 asesinatos registrados en julio, los homicidios en el año 2019 alcanzaron los mil 533, para un total de 6 mil 255 víctimas desde que inició la administración de Javier Corral Jurado, en octubre de 2016, de acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado”. (Ibídem).

El Fiscal César Augusto Peniche, agregó a sus explicaciones sobre el crecimiento de los homicidios que “aparte de las disputas entre disidentes de organizaciones delictivas, que arreciaron desde mayo pasado, la tendencia de homicidios en Juárez también se comprende en el surgimiento de vendedores de la droga conocida como ‘cristal’ que comenzaron a trabajar como independientes”, y ubicó al “menos una tercera parte de los asesinatos cometidos aquí durante julio fue por este motivo, por personas que se internan al sur del país para comprar ‘cristal’ y distribuirlo localmente, sin anuencia de las organizaciones criminales”.

Y dio una especie de certificación del nacimiento de una nueva organización delictiva a la que denominó “La empresa” y que ubicó como una facción de la pandilla “Los Mexicles”. Achacó al agravamiento de la inseguridad a que ahora la problemática se centra en la venta de ‘cristal’.

Pero los fenómenos preocupantes aparecen en todas las aristas de la violencia. Continuaron los asesinatos colectivos. En julio se presentaron dos de estos eventos: El de los cuatro policías de San Francisco de Conchos y el de los tres ‘bikers’ del domingo 14 de julio sobre la carretera Ahumada-Juárez, en lo que inicialmente se había dicho se trataba de la continuación de una reyerta acaecida en Parral durante las jornadas villistas.

Además, en ese mismo mes ocurrieron 18 asesinatos de mujeres.

Sin embargo, el tono de la administración ha sido el de minimizar la oleada violenta y ensalzar las acciones gubernamentales. Así, en mayo de ufanaron de haber capturado a “11 de los principales generadores de violencia en Chihuahua”, que “lidereaban” la venta y distribución de drogas en la región norte, centro y occidente de la entidad.

 

Ni con nuevo gobierno federal amaina la violencia, al contrario

Al término de junio del presente año, El Diario de Chihuahua efectuó un recuento de los primeros seis meses del gobierno de López Obrador en el que concluyó que aumentaron las ejecuciones en el estado con AMLO, lo que significó un repunte del 18% de la violencia respecto a un año antes de asumir la Presidencia. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Chihuahua, 24/VI/19).

“En los seis meses que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador, la violencia en el estado registra un incremento del 18% en el número de homicidios dolosos, que se traduce en mil 210 casos desde diciembre de 2018; mientras que un año antes, en ese mismo período se habían registrado mil 26, según la estadística oficial. En Ciudad Juárez la violencia repuntó 47 por ciento respecto al 2017, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE)”. (Ibídem).

Tal incremento llevó al presidente a aceptar en la conferencia mañanera del 8 de marzo que “En Juárez no se ha podido lograr una disminución (de homicidios)”. (Idem).

Y es que a partir de la puesta en vigor de las medidas del gobierno de la 4T la tendencia ha sido a la alza en los homicidios en el estado de Chihuahua. Cosa que cambiaría, dijo el presidente, con la llegada de la Guardia Nacional.

En mayo, los gobiernos, el federal y el estatal, pusieron en marcha el Plan Juárez que combatiría a la delincuencia en esa ciudad. Nos hablaremos de “tú a tú con el crimen organizado”, diría Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“El plan que hemos diseñado tiene un nivel de confidencialidad importante, se trata de medidas estratégicas y tácticas policíacas, operativos conjuntos, inteligencia permanente y la colaboración estrecha con autoridades de Estados Unidos”, explicaría Corral.

A pesar de todo ello, la situación se agravaría en la entidad, no obstante que en febrero de este año, el general Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la V Zona Militar, se dio  a sí mismo un plazo de dos meses para ver los resultados de los operativos.

A su vez, el delegado del Gobierno de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que el proyecto de seguridad pretende "atacar de raíz el problema de la delincuencia, generando oportunidades especialmente para los jóvenes”, pero que llevaría tiempo.

 

Cruenta ofensiva contra las policías de Chihuahua

A pesar de todas las explicaciones ofrecidas por los responsables de los organismos de seguridad pública en el estado, uno de los objetivos recurrentes de los ataques de los grupos criminales han sido los organismos policiacos, con un saldo de casi 100 policías ejecutados en el gobierno de Javier Corral. “Con los cuatro policías de San Francisco de Conchos encontrados sin vida el pasado miércoles, la cifra de agentes estatales y municipales asesinados en el estado durante el gobierno de Javier Corral se elevó a 98, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad y de la organización civil Causa en Común”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 19 julio 2019).

El año más difícil fue el del 2017, cuando 44 agentes cayeron bajo las balas de las bandas criminales. A su vez, en 2018 cayeron  28, por 20 del año en curso.

Tema recurrente de las autoridades frente a las norteamericanas es que en tanto se pone el acento en impedir el tráfico de drogas hacia los EU, en aquel país no se le pone interés alguno en otro de los factores que potencian los índices de violencia en México, esto es el tráfico de armas.

Uno de los hallazgos de la actual ola de violencia es que en el 98% de los homicidios presentados en la administración estatal actual se usaron armas recién traficadas, “de acuerdo con el titular de Distrito, Jorge Nava López, se compraron e internaron de manera ilegal a México de 30 a 90 días antes de ser aseguradas”. (Nota de Miguel Vargas/El Diario de Juárez, 23/VII/19).

Bueno, pues a pesar de ofensiva tan cruenta, con tan funestos resultados para las corporaciones y para las familias de los caídos, el gobernador Javier Corral ha actuado con una lentitud desesperante, además de una gran insensibilidad, pues en algunos casos las pensiones para las viudas de policías aún siguen pendientes de aprobarse, no obstante haber transcurrido un año de los fallecimientos de los agentes.

Así, sin la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del estado, “ocho mujeres y 12  huérfanos aún deben esperar la autorización del Congreso” para recibir la pensión. (Nota de Staff, El Diario de Chihuahua, 29/VII/19).

No es el único caso, en septiembre del año pasado, en el homenaje póstumo a cuatro agentes de la policía Estatal asesinados en el municipio de Bocoyna, “el comisionado Oscar Aparicio Avendaño afirmó ante los féretros y familiares de los policías abatidos que el crimen no quedaría impune y que los deudos tendrían todo el apoyo del Estado… A casi un año los asesinatos siguen impunes y tanto las viudas como los hijos de esos y otros policías caídos en el cumplimiento del deber aún esperan justicia y que les sean concedidas las pensiones que les corresponden”. (Ibídem).

De la desatención del gobernador del Estado, Javier Corral da cuenta el hecho de que apenas el 24 de julio presentó las “iniciativas de decreto ante el congreso local para que sean otorgadas las pensiones que corresponden a las familias de 8 policías asesinados en hechos ocurridos durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre del 2018”. (Ibídem).

Estremecen los casos, el siguiente es solo uno de ellos: “José Monserrat Portillo Torres, de 30 años era licenciado en Criminología. Tenía un año y seis meses en la Comisión Estatal de Seguridad, cuando lo ejecutaron el 3 de mayo del 2018. El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 1 de la carretera a Aldama. Sujetos armados atacaron al agente y le dispararon en repetidas ocasiones. Portillo logró manipular su vehículo y brincar el camellón en un intento de escapar, sin embargo recibió serias lesiones que terminaron con su vida mientras recibía atención médica hospitalaria. Su esposa y su hijo, aún no reciben la pensión”. (Idem).

 

Levantones al alza

Otro de los delitos que se fueron a la alza, es el de los que comúnmente se conocen como “levantones”, que no es otra cosa que el secuestro de personas.

Estremecen las cifras. En los primeros seis meses del 2019, han ocurrido casi  300 ‘levantones’ según cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 29/VII/19).

Igual ocurre con los secuestros, los que se han incrementado “al registrar 36 casos durante la administración de Javier Corral Jurado, luego de que entre los años de 2015 y 2016 se totalizaran quince… Según los datos del SESNSP, durante los primeros seis meses del 2019, se han registrado once secuestros, cifra que supera a los diez que hubo durante el 2018”. (Ibídem).

 

La tortura, mecanismo “moderno” para esclarecer delitos

De acuerdo con la versión de diversos derechohumanistas, la fiscalía de Chihuahua alienta y encubre la tortura y ya acumula 17 denuncias en el año, que el fiscal ha desestimado.

“Mandos de la Fiscalía General del Estado (FGE) permiten que sus policías investigadores torturen a detenidos en las investigaciones y han mantenido un ‘silencio encubridor’ ante ‘cientos’ de casos, a veces en colusión con agentes estatales y municipales, denunciaron Carlos Gutiérrez Casas, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); Óscar Enríquez Pérez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn), y María Elena Ramos Rodríguez, directora del Programa Compañeros”. (Nota de R. Villalpando y J. Estrada, La Jornada, 6 de junio de 2019).

El CDHPN ha contabilizado 200 casos de tratos crueles e inhumanos de 2011 a la fecha, y en al menos 42 casos los responsables son policías ministeriales, sin que las autoridades efectúen las indagatorias sobre estos casos.

 

Existen mil 388 desaparecidos en el estado

En promedio, diariamente una persona desaparece y permanece sin ser localizada, por lo que suman mil 388 de 2016 a la fecha, de acuerdo con  estadísticas de la Fiscalía General del Estado. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 25/VII/19).

A inicios de año, la FGE dio a conocer que una vez que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Chihuahua fue una de las entidades que dio cumplimiento a la creación de una comisión local.

Para Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (CEDIMAC), sostuvo que pese a estas iniciativas, “el Gobierno del Estado ha incumplido en compromisos contraídos con familias de desaparecidos desde lo más básico, como la asignación del personal suficiente para dar seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas en la presente administración estatal y los casos rezagados en Chihuahua en las últimas dos décadas”.

“De hecho, ahora hay menos agentes atendiendo los casos de desaparición y feminicidios’, dijo Mendoza, quien observa este fenómeno desde la integración de la carpeta de investigación en cada uno de los casos que CEDIMAC acompaña”. (Ibídem).

Y es que en enero, la Fiscalía aseguraba sostener trabajos de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, reuniones entre los Ministerios Públicos de las Unidades de Personas Ausentes y Delitos contra la Vida en las cuatro zonas de operación y sostenía haber conformado la Unidad de Peritaje Estratégico, (integrada por personal de la Dirección de Servicios Periciales, Agencia Estatal de Investigación, Comisión Estatal de Seguridad, Ministerios Públicos, Grupo canino K-9 y Fiscalía Especializada de la Mujer), además de haber “trabajado” en la aplicación del Protocolo Antemortem y Postmortem.

“Pese a todo esto aún hay fallas y las familias de las personas desaparecidas viven en la incertidumbre de no saber nada de su ser querido, expone Mendoza, activista en materia de desapariciones forzadas y que forma parte de la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos”. (Ibídem).

 

Chihuahua, séptimo lugar nacional en feminicidios

En el recuento del crecimiento de la violencia en el gobierno del “Nuevo Amanecer”, los feminicidios, como la mayoría de los delitos de alto impacto, van, también, a la alza.

Las cifras presentadas a lo largo de los últimos años, llevó a que la CEDH haya presentado, en conjunto con otras organizaciones derechohumanistas, la petición a fin de que sea declarada la alerta de género en el estado.

De acuerdo con datos publicados en la página de Semáforo Delictivo, Chihuahua ocupa el séptimo lugar en feminicidios a nivel nacional, con 0.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Veracruz, quien ocupa el primer sitio, duplica la tasa de Chihuahua pues la incidencia alcanzó 1.2 casos. Pero no el único sitial de los primeros lugares el ocupado por la entidad, por desgracia en contra de las mujeres pues el estado Grande se ubica en el segundo lugar en violaciones ocurridas en el primer semestre del 2019 con 15.3 casos por cada 100 mil habitantes. En este caso, Campeche es el número uno del país con 15.8 casos.

Además, nos ubicamos en el lugar número 3 en violencia familiar, con 140 casos por cada 100 mil habitantes en el primer semestre del año, cifras que se corresponden con lo ocurrido en el mes de julio en el que asesinaron  a 21 mujeres, solo en Juárez, y que suman, a lo largo de este año, la muerte de 93 mujeres, víctimas de homicidios dolosos en Juárez. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 24/VII/19).

Además, el estado se ubica en el primer lugar nacional en acoso sexual y trata de personas y en el cuarto en violencia de pareja, abuso sexual, evidencia de lo cual es el hecho de que el 35% de llamadas al 911 son por delitos contra mujeres. (Nota de David Piñón, El Diario, 28/VII/19).

“Según los reportes preliminares de este año, en el registro de llamadas de emergencia, las mayores incidencias que registra Chihuahua en el comparativo nacional, son las de acoso sexual, con 399 casos, una tasa de 20.4 por cada 100 mil mujeres, cuando la media nacional es de 4.5. La trata de personas cuenta con 29 incidencias, con una tasa de 1.48 por cada 100 mil mujeres, cuando la media nacional es 0.22 por cada 100 mil; la violencia familiar en la que Chihuahua es tercer lugar nacional, alcanza 20 mil 521 casos reportados, lo que representa una tasa de mil 47 por cada 100 mil, mientras que en el país en general es de apenas 438”. (Ibídem).

Así, en tanto no se apliquen medidas eficaces, Chihuahua se encamina a un nuevo baño de sangre, peor al del año 2007 y anteriores.

2019 se parece cada vez más al año 2008.