Chihuahua, Chih.

A muchos chihuahuenses el solo hecho de plantear la posibilidad los enerva: Al ex gobernador César Duarte sí lo van a traer a México, pero podría seguir su proceso en libertad.

¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo, si todos fuimos testigos-víctimas de su mal gobierno, claman en todos los tonos los ciudadanos abordados con ese tema?

Y de los cuestionamientos se pasa a las exclamaciones de desesperanza, que crecen cuando se discute, también, que el ex gobernador Javier Corral enfrente la posibilidad de caer preso -N’ombre, si todos son igual y ninguno va a quedarse en la cárcel.

Por desgracia, frente a tales posturas se alza la certera posibilidad de que tan sombríos pronósticos pudieran convertirse en realidades. Para ello deberían darse un sinnúmero de concatenaciones que, desafortunadamente, son de lo más frecuentes en el ámbito judicial del país.

Si faltara un ejemplo que sirviera para ilustrar lo anterior, ahí está el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su litigio personal con la familia de su fallecido hermano, que sólo la Suprema Corte de Justicia -gracias al impacto social despertado- detuvo para darle la razón a la contraparte de Gertz, quien usó toda su influencia y poder para ganar el caso.

A pesar de ello, el fiscal Gertz y un numeroso grupo de funcionarios prejudiciales y del Poder Judicial -federal y local de la CdMx- siguen en sus puestos.

El caso de César Duarte es paradigmático de lo que la clase política -la del pasado, la de antes que llegara la aportada por la 4T- había construido para preservarse y evitar que fueran castigadas sus tropelías.

¿Cómo podríamos siquiera soñar que esa clase política se daría un balazo en el pie y legislar para que el peculado -el robo de recursos públicos- fuera considerado como un delito grave?

Esto dice al respecto Google: “El peculado es el nombre que recibe el delito de malversación de caudales públicos en América y que está tipificado en el código penal. Es un delito que consiste en la apropiación del dinero público, que pertenece al Estado, por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos”.

Y como no tiene aquella calidad, la legislación mexicana establecía que los imputados pudieran transitar su juicio en libertad. 

Es decir, solo los gobernantes pueden cometerlo, por ello, varios de los exfuncionarios duartistas que fueron sentenciados como culpables de la comisión de ese delito, están siendo procesados en libertad. 

Estuvieron encarcelados merced a la terquedad del ex gobernador Corral, que contó con la anuencia de numerosos integrantes del Poder Judicial, además de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Estuvieron violando la ley flagrantemente, a sabiendas, y esa conducta dió pie a la hora de los carniceros de ayer.

Eso cambió a partir del 2019 gracias a una iniciativa del presidente López Obrador -de las cosas rescatables de la actual administración federal- y ahora, junto con los delitos electorales y algunas causas más, son consideradas como delitos graves.

En tanto, la extradición de César Duarte es inminente y todo lleva a concluir que su juicio lo llevará en libertad. 

Tal aserto lo afirman, no sólo los abogados defensores, sino prácticamente todos los juristas consultados por el escribiente y que, para Ripley, la más contenta de la inminencia de la extradición resultó serlo la defensa del ex gobernador Duarte, al conocer que se había dictaminado en su contra el último recurso jurídico que le quedaba al ballezano para evitar su extradición. 

¿Sabrán algo que no sabemos?

El problema, para el gobierno de Maru Campos, es que hay una extendida percepción de que sería la responsable de que Duarte saliera libre, si así ocurriera, aunque esa condición sólo se le puede atribuir a los integrantes del Poder Judicial del Estado en quienes recaiga la realización del juicio al que será sometido el ex gobernante y, eventualmente, a los del Poder Judicial de la Federación, que hasta allá puede llegar tan polémico y esperado juicio.

El caso Duarte ya no está bajo la responsabilidad o atribuciones de la titular del Poder Ejecutivo, la que, acaso preocupada por aquella percepción, ha expresado que no sería liberado al llegar a México. No lo podría asegurar.

Hay más. 

Contrariamente a la versión de la vocera de la Fiscalía General del Estado, Sahira Castro, quien afirmó que “Efectivamente, la extradición está solicitada por una sola causa penal; sin embargo, existen diversas carpetas iniciadas en contra del exfuncionario público por la posible comisión de delitos, las cuales, una vez que se encuentre aquí, tendrá que enfrentar… de ninguna manera implica que se quede impune por las otras carpetas iniciadas en su contra”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 31/III/22).

Pues no es así. El Tratado de Extradición entre México-EU establece claramente que el extraditado sólo podrá ser enjuiciado por los delitos que le fueron imputados en esa causa y por ningún otro.

Como casi todos los tratados internacionales, el comentado aquí está dotado de un lenguaje preciso, para no dar pie a diversas interpretaciones. Esto dice en lo referente en el tema a discusión:

“Artículo 17.- Regla de la Especialidad 

1.- Una persona extraditada conforme al presente Tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado…”.

Duarte será extraditado merced a la causa penal contenida en la carpeta de investigación 3041/2019, con la acusación de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos que fue presentada ante la Corte federal de Miami para la solicitud de extradición.

Y ante los dichos de la FGE de Chihuahua, el defensor de Duarte, Juan Carlos Mendoza, adujo que, “Si bien es cierto que aquí se le abrieron en el estado de Chihuahua otras 19 carpetas, ninguna de ellas procedió ante la Fiscalía General de la República (FGR), que era el primer filtro, para luego dirigirse con la Dirección de Asuntos Jurídicos de Secretaría de Relaciones Exteriores y poder solicitar la extradición; ninguna de ellas procedió”. (Ibídem).

Lo que en términos llanos significa que el gobierno de Javier Corral no tuvo la capacidad para elaborar bien las acusaciones contra Duarte, a tal grado tan defectuosas que el gobierno federal, al que tan obsecuente fue en la parte final de su administración, no le pudieron ayudar a hacer la tarea, la única por la que se comprometió al llegar al gobierno.

No pudo llevar a la cárcel al “vulgar ladrón”. 

Sí lo está en este momento, pero se trataba de que le fincaran bien los cargos, que los sustentaran adecuadamente para que, de ser ciertas las acusaciones, en todas las instancias judiciales el ex gobernador fuera declarado culpable de los delitos imputados y no ocurriera lo que ahora, que en días veremos, que el mayor endeudador del estado vaya a ser enjuiciado ¡En libertad!

No es todo.

En caso de que Duarte fuera recluido en una prisión, debería ser una estatal pues, aducen sus defensores y muy probablemente tengan razón, es señalado por una investigación que le siguen las autoridades estatales y no existe un proceso en el fuero federal de tal manera que la resolución sobre la extradición también contendrá este aspecto.

¿O podría darse el caso de que el Poder Judicial Federal atrajera el caso y ser encarcelado en una prisión federal?

De ese modo, toda la parafernalia publicitaria realizada por el gobernante del “Nuevo Amanecer” chihuahuense fue inútil. 

Ni la caravana desplegada por medio país, ni el engaño de los expedientes X, ni la carretilla con la documentación de las supuestas investigaciones que Javier Corral llevó a la Fiscalía General de la República sirvieron para algo.

Acaso la única acusación que tenía sustento para proceder fue la efectuada por Jaime García Chávez. Corral la desechó, no sin antes lanzarle un edulcorado discurso y calificarla de “robusta denuncia”. Nunca la tomó en cuenta.

Se los adelantamos en pleno corralato: Los carniceros de hoy serán las reses de mañana.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)