Chihuahua, Chih.

Lo ocurrido en relación a los asesinatos de los sacerdotes y dos civiles en Cerocahui y el asesinato de Ernesto Noriel Portillo “El Chueco” son la prueba palmaria del fracaso total del Estado Mexicano en el combate al crimen organizado.

No se intenta exculpar a nadie, pero hay responsabilidades compartidas por los gobernantes y la del presidente López Obrador es la mayor: Seguramente mañana, o quizá uno o dos días más, la cifra de homicidios dolosos, cometidos en el actual sexenio, habrá llegado a los 150 mil, muchos más que los presentados en los dos sexenios anteriores, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Casi al terminar la semana, seguramente una de las peores para el presidente, pues independientemente descalificaciones efectuadas por López Obrador y las controversias desatadas por ese motivo, las polémicas lo mismo abarcaron a los gobernantes norteamericanos, al Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, a los partidos de oposición, o al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova; además de las descalificaciones a los activistas derechohumanistas y periodistas, la finalizó haciendo una terrible acusación en contra del “gobierno de Chihuahua”, a propósito del hallazgo del cuerpo de El Chueco.

Acusó al gobierno de Chihuahua de condicionar la aparición de los cadáveres de los jesuitas asesinados, a cambio de que el ejército y la Guardia Nacional salieran de la zona.

AMLO no aportó más pruebas ni más datos, simplemente declaró esto:

“… Nos mandaron a decir que, si salía el Ejército, iban a entregar los cuerpos y dijimos: no. Y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer. Porque la propuesta fue: ‘Ya, entregamos los cuerpos y váyanse’, y dijimos: no. 

- ¿Quién hizo la propuesta?

AMLO: Del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua.

¿La gobernadora?
¿La fiscalía?
AMLO: Hagan ustedes también su trabajo. ¿No son mirones profesionales?
¿Qué sucedió?
AMLO: Aparecieron los cuerpos y no salió el Ejército, se mantuvo; y lo mismo la Guardia Nacional.
¿Con la muerte de ‘el Chueco’ regresa la tranquilidad de quienes viven en esa región?
AMLO: Eso es lo que nosotros queremos.
¿(inaudible) las autoridades de Chihuahua trataron de negociar con ustedes?
AMLO: No, no, es una cuestión de informe.
Pero ¿no fue (Sic) relacionados estos funcionarios con el crimen contra estos delincuentes?
AMLO: No, pero hay propuestas y uno decide si las acepta o no. Hay propuestas indecorosas siempre, ya ves cómo son las cosas…”. (Versión estenográfica de la Presidencia de la República, 24/03/23).
Y si tal cosa ocurrió ¿Acaso no estaba obligado a presentar las denuncias correspondientes ante la FGR, por la probable comisión de varios delitos, casi todos ellos de carácter federal?

Las declaraciones presidenciales fueron desmentidas por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, quien expresó, además, que en absoluto, nunca se solicitó el retiro del Ejército en Cerocahui “y hasta el momento, ha sido un aliado importantísimo en el restablecimiento de la paz en esa región. Yo creo que hay alguien que está mal informando al Presidente o que no le está pasando los datos como deben de ser”. (Comunicado gobierno de Chihuahua, 25/03/23).

El hallazgo del cadáver de El Chueco, luego de 9 meses de infructuosa búsqueda, mostró la inconmensurable incapacidad de los gobernantes en materia de seguridad pública y la de AMLO especialmente, empeñado en desmentir cualquier información y declaración que afecte a su gobierno, venga de donde venga.

Una de ellas, la del Departamento de Estado de los EU presenta su informe sobre los derechos humanos en varios países y la incidencia criminal, que incluyó la preocupante aparición de masacres, coincidió con el de la asociación civil Causa en Común que afirmó que en “el estado de Chihuahua, durante el año pasado hubo al menos 30 masacres, 113 casos de tortura, 30 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 14 fosas clandestinas, 16 mutilaciones, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 16 calcinamientos, siete asesinatos de niñas, niños y adolescentes, dos asesinatos de defensores de derechos humanos, un asesinato de personas de grupos vulnerables, dos asesinatos de actores políticos, seis asesinatos de funcionarios y actores de relevancia y un caso de terrorismo”. (Nota de Alejandra Sánchez, El Diario, 7 de febrero de 2023).

¿A qué obedeció el asesinato de El Chueco?

Cada quien podrá elaborar su propia especulación, lo cierto es que en 9 meses las fuerzas conjuntas del gobierno de Chihuahua y el gobierno federal no lo localizaron, en tanto que corrían las numerosas versiones sobre los supuestos episodios en los que El Chueco aparecía en uno y otros sitios en la sierra.

Como lo asentaron la Diócesis de la Tarahumara y la comunidad jesuita, que El Chueco apareciera muerto no es un acto de justicia, (aunque para algunos pudiera significar una justa venganza) pero no lo es, y eso lo sabemos casi todos, porque su muerte no significa que hayan cambiado las causas que generaron la aparición de El Chueco como jefe local de una de las bandas criminales -el Cártel de Sinaloa- que ahora la DEA norteamericana ha declarado como uno de los peligros más grandes para los EU.

Terco en pregonar sus verdades, no obstante que choquen con la realidad, AMLO desmintió que fuera cierto lo dicho por el funcionario norteamericano; -no, no hay zonas controladas por los narcos- y en tanto las fuerzas por él dirigidas, y las del gobierno de Chihuahua fueron exhibidas por una de esas bandas que “controlan regiones del país”.

Si solo se tratara de declaraciones lanzadas en uno y otro sentido, con tal y cuales funcionarios, si tan solo quedara en eso, no debería motivar mayor preocupación, pero ¿Cómo podrán llegar a la coordinación el gobierno de la república y el de Chihuahua, dirigido por Maru Campos, para enfrentar el grave problema que tenemos, y no solamente en la sierra? ¿Cómo arrostrarán el hecho de que, como siempre, en los últimos 20 años, la entidad se encuentre entre las 10 con mayor número de homicidios, y en la tasa de éstos por cada 100 mil habitantes, en el número 3?

¿Cómo coordinarse con el gobierno norteamericano en el combate a las bandas criminales internacionales si los gobernantes mexicanos desestiman cualquier información que sustente sus fallas y, en lugar de dialogar, insultan a sus interlocutores?

López Obrador visitará Juárez la próxima semana -a verificar el avance de las oficinas del Banco del Bienestar- ¿Llegará y no analizará, con las autoridades locales y estatales, el hecho de que Juárez se ubica en el 3o. lugar de homicidios en el país, cuya causa, dicen todas las fuentes, se ubica en el narcomenudeo? 

¿Invitará a la gobernadora a los actos presidenciales?

Y vaya que tienen temas que abordar.

En el informe de la DEA se asentó que “ha identificado a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco como las principales amenazas globales contra los Estados Unidos en la actualidad y creó equipos de contraamenazas dirigidos a estos dos cárteles, para que toda la DEA pueda trabajar sin descanso para derrotarlos”.

Por puritita casualidad esos dos grupos criminales son los responsables mayores de la violencia presente en el país, y el de Sinaloa es uno de los dos más fuertemente asentados en Chihuahua, además de que el de Jalisco se destaca por los aún más elevados índices de violencia y salvajismo. 

¿Se requiere, o no, la plena colaboración con el gobierno norteamericano y sus agencias?

Y se necesita, por añadidura, la incorporación de nuevos elementos para hacerlo, de todo tipo, no solo los relacionados con la fuerza de fuego de las instancias gubernamentales, porque, como lo señaló la Diócesis de La Tarahumara -de la iglesia católica-, la muerte de “El Chueco” no frena la violencia en la zona y “el dolor de tantas víctimas de la violencia y la situación tan difícil y preocupante que se vive en la zona de la Sierra de Chihuahua y en todo el país. Esto no es lo que nosotros esperábamos y menos queríamos. Que todo pareciera, como un ‘ajuste de cuentas’ o pensar que una persona estaba estorbando para otros intereses y por eso había que eliminarlo”.

Porque, si al paso de los días, los suficientes para que la mayoría de la sociedad olvide los asesinatos de los sacerdotes y los civiles, además de la muerte de El Chueco, sin que se cambien las condiciones de la región, estaremos, luego, frente a un proceso de recambio de las dirigencias de los grupos criminales y sin que se hubiese hecho algo para cambiar, como tanto ha recomendado la comunidad jesuita.

Se reconstituirá -con algunos cambios- la situación prevaleciente antes de tales acontecimientos y otro “Chueco” extorsionará a los habitantes de la región, patrocinará a otros equipos de beisbol, etc.

De ahí lo pertinente de las medidas propuestas por los jesuitas, avaladas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la recomendación de otorgar medidas cautelares de protección a 11 integrantes de tal comunidad, entre las que se encuentran la creación de una policía municipal sin armas en Urique, recuperar la figura de los jueces de paz y fortalecer las autoridades tradicionales; la presencia permanente, estratégica y coordinada del Ejército mexicano, Guardia Nacional y policía estatal; la instalación de cámaras, rondines, puntos de control y evaluación constante y la recuperación del derecho a elegir autoridades locales con plena libertad y sin presiones de grupos particulares; detener la deforestación de la sierra tarahumara, dándoles facultades a las autoridades locales, supervisadas por la comunidad, para controlar la tala de árboles y la reconstrucción del tejido social.

¿Será mucho pedir?

A lo mejor sí…

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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