Chihuahua, Chih.
Mañana martes arranca en Cd. Juárez el primer foro Por la Paz y la Justicia el cual será presidido por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero, quien ha sido propuesta a ocupar la Secretaría de Gobernación, Alfonso Durazo Montaño quien asumiría la titularidad de la renacida Secretaría de Seguridad Pública, la subdirectora de Derechos humanos de la SEGOB, Lorena Ortiz, un consejo de militares para garantizar la paz, y el gobernador del Estado Javier Corral Jurado, que espero deje de endosar culpas y asuma su responsabilidad y compromiso con la sociedad de Chihuahua.
El foro por la PAZ y LA JUSTICIA, comprende 5 ejes temáticos:
El de las víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de recuperación del daño,
Seguridad y Justicia
Dinámicas fronterizas y seguridad (Migración, tráfico de drogas y armas, trata de personas y niños de circuito).
Prevención del delito, Cohesión Comunitaria y Reconstrucción Nacional y
Construcción de la Paz.
Los temas son sin duda alguna de gran relevancia, La seguridad y la justicia en sus diversas dimensiones son ejes fundamentales de la estabilidad social y la gobernabilidad
Es oportuno y acertado que antes de asumir como Presidente de la República, AMLO convoque a este foro en la frontera del Estado de Chihuahua que durante los últimos 12 años ha sido víctima de la violencia y la inseguridad, como lo acaba de ratificar una vez mas el Inegi, quien ubica a Cd. Juárez y el Estado de Chihuahua, en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, entre los municipios y entidades federativas con tasas de 25 homicidios violentos por cada 100 mil habitantes, en 2017.
Conforme a los datos proporcionados por la Dirección de Estadística de Seguridad Pública y Justicia, el 2017 superara el índice de homicidios dolosos de 2016, al alcanzar la cifra de 31 mil 174 homicidios —esto es— 6 mil 615 más que en 2016, que registró 24 mil 559 crímenes, el 70 por ciento por armas de fuego.
Es evidente que la mal llamada “guerra contra las drogas” dejó en los dos últimos sexenios -- el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-- una estela de muerte que sobrepasa los 260 mil homicidios violentos; genera mas de 300 mil desplazados de sus viviendas y territorios y alrededor de 50 mil desaparecidos, sin mencionar los delitos colaterales que se derivan, como el secuestro, robo con violencia, la trata de personas.
Esta lógica de la violencia ha afectado severamente a las familias, el tejido y la convivencia social, la actividad productiva, la legitimidad de los gobiernos y la confianza en las instituciones de seguridad, procuración de justicia y a las fuerzas armadas.
Recuperar la Paz y la Justicia es, por donde quiere que se le vea, un proceso sumamente intrincado y prolongado, que debe abordarse desde una perspectiva de seguridad que no sea únicamente reactiva y punitiva.
La híbrida estrategia de seguridad pública y seguridad interior diseñada al amparo de la Iniciativa Mérida por EEUU y aplicada por Calderón y Peña, para detener y/o eliminar a los líderes de los cárteles de la droga, no solo es errática, sino también omisa en materia de política social, combate a la corrupción, la impunidad y respeto y defensa de los derechos humanos.
La captura y/o eliminación de los líderes de los carteles de la droga, lejos de abatir, ha incrementado el número de cárteles de la droga y desatado una auténtica guerra entre ellos por el control geográfico, político, social y hasta electoral en varias entidades federativas y regiones del país.
Ambos desgobiernos dejaron de lado, la atención de factores de índole social que alimentan la violencia y fomentan la degradación humana como son la marginación social y la pobreza extrema, caldo de cultivo de conductas antisociales como el alcoholismo, la drogadicción, delincuencia y desintegración familiar, entre otras.
La inmensa mayoría de los sicarios que ahora ejecutan a sus rivales en el narcomenudeo, forman parte de pandillas, que asesinan no solo por dinero, sino también por venganzas familiares, como ha quedado demostrado en el caso de Juárez.
En este terrorífico contexto es obligado y esencial recomponer el entramado social e impulsar políticas públicas que incentiven la prevención social del delito, la protección de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, la aplicación de la Ley Nacional de Atención a Víctimas del Delito para restituir el daño causado, reformas de fondo a la Ley de Salud en materia de adicciones y “narcomenudeo” y en su caso, la amnistía a los productores de enervantes que por necesidad y/o falta de apoyo gubernamental, son reclutados y obligados a sembrar drogas.
Es aberrante que los gringos legalicen la marihuana con fines medicinales y se opongan a que México lo haga; que nuestro país ponga los muertos y ellos traten la adicción como un problema de salud pública.
No hay que irnos con la finta. “Prohibir las drogas no reduce los índices de consumo” y a la inversa. “la regulación de las drogas no implica promover su uso”. Se trata de regularlas y con ello tratar a los adictos como enfermos bajo tutela del Estado, no como delincuentes.
El narcotráfico es un negocio trasnacional rentable y pernicioso auspiciado por la CIA en Centroamérica en 1979, para financiar la contrarrevolución en Nicaragua y el Salvador, Colombia y posteriormente en México. Les reditúa miles de millones de dólares a ellos y a los gobiernos que los amparan y protegen.
¿O acaso hay información de a qué manos va a parar todo ese dinero mal habido?
