Chihuahua, Chih.

Se podrá alegar que quienes participaron en el escándalo del fondo de ahorros de los diputados de la anterior legislatura lo hicieron de manera personal, y se deberá aceptar, sin duda; pero lo que es irrefutable es que el total de los participantes son, algunos con una militancia de varias décadas, militantes del PAN y que los hechos imputados se hicieron bajo el cobijo de un gobierno emanado de ese partido.

A la luz de los hechos denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de alguien con una muy cercana relación con el ex gobernador Javier Corral, Héctor Acosta Félix, lo que le agrega mayor valor a las auditorías efectuadas con motivo de las denuncias presentadas por alrededor de ocho diputados de la anterior legislatura, quienes se presentaron como afectados, y los que se beneficiaron -todos los integrantes de la anterior legislatura- lo hicieron con base en una ilegalidad, así descrita por la ASE.

En los días posteriores a la denuncia de la ASE y al hallazgo del cadáver de René Villarreal Juárez (quien aparece como el principal operador del escándalo), tanto el salvaje asesinato de Villarreal, como los rumores de que había operado otro fraude, hicieron que el origen de estos hechos delictuosos perdiera presencia en la opinión pública.

No deberá olvidarse: Los diputados, todos, de todas las fracciones parlamentarias, incluidos los de Morena (que se precian de ser una especie de abanderados políticos y morales) también se sirvieron con la cucharada grande y engrosaron sus cuentas bancarias mediante los recursos derivados de un Fondo de Ahorro, conformado, para cada uno de los diputados, de ocho mil pesos procedentes de un fondo legislativo destinado a “apoyos de gestión” de los legisladores, el Congreso depositaba otros ocho mil pesos como “aportación patronal” a una cuenta de ahorro en Banorte.

Inobjetable, el Auditor Acosta Félix dictaminó que ese Fondo de Ahorros era -es- ilegal, por lo que los hechos delictuosos no son solamente que un grupo de funcionarios del Congreso se hubiesen quedado con el dinero correspondiente a ocho diputados -de varios partidos-, sino que el disponer de ese dinero, todos los diputados, fue un hecho ilegal.

Peor aún, todavía, hasta la fecha, la actual legislatura no ha precisado si ese fondo persiste y a cuánto asciende, en caso de existir.

El trabajo profesional de los auditores de la ASE y que para más señas su titular se le cataloga -¿catalogaba?- más cercano al blanquiazul señala que involucra a un buen número de ex funcionarios (algunos de los cuales fueron reciclados en el actual gobierno), todos militantes del PAN y que de muy extraña manera se les dio cabida en el gobierno de Maru Campos, en lugar de haberlos mantenido con la sana distancia que requería el hecho de haberse mantenido leales -y muchos de ellos muy leales- al ex gobernador Javier Corral.

La denuncia de la ASE devela, además, el desmedido apetito económico de, otra vez, todos los diputados, pues varios de ellos supieron en su momento que disponer de ese dinero, si bien no les aparecía como ilegal, sí era, por lo menos inmoral.

A pesar de ello dispusieron de él. Todo habría transcurrido “normalmente” si no es que a alguno de los implicados en el robo-jineteo del fondo de ahorros se le ocurrió que ese dinero podría usarse transitoriamente y luego devolverlo. Y resulta que no lo devolvieron a tiempo.

Pero no hay problema, a algunos de los “jefes” se les dió cabida en la nueva administración estatal lo que podría generar la necesaria impunidad.

Pues no fue así. Preocupados, algunos de los exdiputados (hay varios que repitieron en la actual legislatura) denunciaron que no les habían “caído” los dineros, y ahí ardió Troya.

Los exdiputados a quienes se les debe parte de su ahorro son Blanca Gámez, Francisco Mendoza, Jorge Soto, Humberto Chávez, René Frías y los actuales diputados Marisela Terrazas y Gustavo de la Rosa y algunos de ellos aún no tienen fecha para recibir “su” dinero.

Y si hicieran falta elementos que acreditaran la realización de los hechos delictuosos, ahí está la devolución que hiciera el ex administrador del Congreso, Jorge Issa, quien devolvió 3 millones de pesos y aún debe, dicen varias fuentes, 1 mdp al Congreso. (Nota de César Lozano T./El Diario de Chihuahua, 17/II/22).

Bueno, pues aún falta otro desfalco. 

El ex diputado René Frías, de Nueva Alianza, dio a conocer que desde octubre del año pasado le pidió a la presidenta del Congreso, Georgina Bujanda, que se constatara si se había aplicado la cantidad que se les descontó desde marzo hasta diciembre de 2019 por 16 mil pesos mensuales, como “aportación voluntaria” de cada legislador al Plan Emergente instrumentado por el Gobierno de Corral para atender la contingencia sanitaria y económica en la entidad a consecuencia de la pandemia de Covid-19; para que, en caso de no ser así, también les fuera devuelto.

Es la danza de las cifras milenarias que no conoce fronteras partidarias; lo mismo las reciben los legisladores de la “mafia del poder”, que los nuevos abanderados de la 4T, confirmando que el dinero no tiene fronteras, ni límites partidarios.

Y por si hicieran falta elementos en abono a la incertidumbre y al escepticismo, así como a la impunidad, ahí están las noticias que primero hablaban de que el cuerpo de Villarreal había sido incinerado -contrario la legalidad vigente- y luego el hecho de que todavía hasta el 18 de febrero no había acta de defunción de exfuncionario.

No es el único hecho “oscuro” en el asesinato de Villarreal. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 9 de febrero, identificado por un familiar y entregado al día siguiente a los deudos. Pero su desaparición fue desde el 18 de enero, y asesinado entre el 19 y 20 de enero del presente año.

Fue “visto por última vez el 18 de enero, cuando fue con uno de sus hermanos para pedirle dinero. Ese mismo día se recibió en el 911 una llamada de una persona desconocida que avisó que Villarreal se encontraba desaparecido, pero nadie acudió ante el Ministerio Público para levantar un reporte de ausencia”.

Villarreal Pérez fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de malversar recursos del fondo de ahorro del Congreso del Estado a través de su esposa, Alejandra Montañez Olivier, además de ser acusado públicamente por defraudar a trabajadores del organismo descentralizado del Gobierno estatal. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 16/II/22).

Roberto Lara, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, director, a su vez, en tiempos de los hechos denunciados, de la Junta Municipal de Aguas, renunció a su cargo, para que fluyeran las investigaciones, pero uno de los presumiblemente mayormente involucrados, Fernando Álvarez Monje, coordinador de la bancada panista en el último trienio de Corral, y actualmente Director del Instituto de la Vivienda del Gobierno estatal, se deslindó de los hechos en una declaración pública, en la que afirmó que las “funciones que un servidor tenía en el Congreso del Estado no tiene (sic) manera de incidir por disposición legal normativa en la forma en que se trabajó en el Congreso”. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 18/II/22).

Esa declaración va en sentido contrario a lo que sucedía en el Congreso en ese trienio. Jorge Issa, Secretario Administrativo del Congreso, Manuel Soledad, tesorero, y Alvarez Monje eran un equipo muy bien aceitado, en el que el coordinador tenía la voz cantante.

No solo eso, muchas de las decisiones administrativas del Congreso no solo pasaban por el arbitrio del entonces diputado, sino, también, del gobernador Corral; como por ejemplo el otorgarle, o no, una camioneta al coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga. 

“Dales todo lo que pidan, pero manténlos controlados (a los de Morena)”, le habría dicho el gobernador al líder congresual.

No se puede afirmar, con sustento, que el gobernador estuviese al tanto de los movimientos del Fondo de Ahorros de los legisladores, pero sí del hecho de su aprobación, de su origen y de los recursos que aportaría el Congreso de su propio presupuesto.

Así que, siguiendo la lógica de las declaraciones de la gobernadora Campos, en las que afirma que el ex mandatario está involucrado en peculado y fraude, con la existencia de investigaciones penales y administrativas contra él, no sería nada raro que en las indagatorias del fondo de ahorros de los diputados, apareciera el nombre del ex gobernante atribuyéndole alguna orden.

Al dar a conocer lo anterior, la gobernadora hizo su aportación a la picaresca de la clase política mexicana al denominar a Javier Corral como “el gran simulador”.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)