Chihuahua, Chih.

En los últimos tiempos, el concepto de autonomía ha estado en el ojo del huracán y en tela de juicio, por parte de columnistas y politólogos. Mientras algunos esgrimen que se trata de una construcción artificial de la realidad; otros señalan que es un buen propósito, pues, de esa manera, se evita la politización que, sea dicho, suele colonizar a muchas instituciones, al calor del ejercicio del poder.

De tal suerte que, si hace algunas semanas, estuvieron los organismos autónomos (INE, INEGI, CONEVAL, COFECE, et.al) en el centro del debate nacional; los últimos días, ocupó los titulares locales, una reforma que presuntamente se estaría cocinando: la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entidad que es garante del correcto discurrir de la justicia en el estado y la cual, a contrapelo de lo que ocurre en otras entidades  (destacadamente, la Ciudad de México) y a nivel federal (con la extinta PGR que se transformó en Fiscalía General de la República), aún no ha alcanzado este grado autonómico. 

De hecho, la mecánica que se sigue para nombrar al Fiscal del Estado es similar a la que se seguía con los antiguos titulares de la PGR: el gobernador del estado propone un titular y el Congreso del Estado lo ratifica. 

La titularidad del encargo se mantiene hasta que el gobernador decida su remoción o cese; cosa que no ha ocurrido en la presente administración, pues, César Augusto Peniche, a la sazón Fiscal estatal, ha despachado desde los inicios de la gestión de Javier Corral, en octubre del 2016. 

En otras entidades ya se ha modificado ese mecanismo, pues, al momento de realizar las nominaciones, se establece que los fiscales deberán durar un determinado número de años en su cargo, el cual puede oscilar entre los 4 y los 9 años, según la entidad federativa de la cual se trate. 

El debate acerca de si la autonomía funciona para tener un mejor sistema de justicia, resulta, aún, un dilema sin resolver. Esto porque, durante años, algunos analistas vislumbraban en un ente autonómico, la posibilidad de contar con un organismo que garantizara la aplicación de la justicia, más allá de veleidades políticas. 

En el pasado (remoto y reciente) las procuradurías (descritos por Lorenzo Meyer como resabios de la época colonial, cuyo fin era -como dice su nombre- procurar la justicia, en lugar de consumarla -fin que sí tienen, por lo menos en papel, sus sucesoras, las fiscalías-) eran oficinas al servicio del ejecutivo en turno, sea cual fuere su signo partidario. 

Esto porque, si bien, la mayoría de los procuradores del estado fueron priistas; en el sexenio de Francisco Barrio se replicó la medida, pues los encargados de ser los abogados del estado eran sendos militantes del partido blanquiazul. 

La misma tendencia se repitió en los estados gobernados por el PRD, pues, aunque llegó a haber “procuradores de izquierda” (Bernardo Bátiz, en el Distrito Federal; David Sotelo, en Guerrero), los mecanismos de procuración de justicia siguieron intactos en toda la república, cambiando, únicamente, las piezas del ajedrez, mas no el mecanismo, el cual, de acuerdo a diversos actores, ya mostraba un serio desgaste.

Fue ahí donde, luego de un largo y accidentado proceso, no exento de reticencias, se empujó, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la desaparición de la Procuraduría General de la República, y la creación de la Fiscalía General de la República, que tendría carácter de autónoma -es decir, ya no sería una dependencia del gabinete, sino independiente de la misma-, buscando, así, una asignatura pendiente de larga data: la profesionalización de la justicia en México, así como al combate a la impunidad y la corrupción. 

Cabe mencionar, los estados de la república fueron siguiendo, poco a poco, la tendencia nacional. 

De hecho, Chihuahua fue de los primeros estados en contar con una Fiscalía General. 

En la actualidad, casi todas las entidades cuentan con esta dependencia en su organigrama, con la notable excepción de Baja California Sur, entidad que, a contrapelo de lo ocurrido a nivel nacional, sigue manteniendo vigente su antigua Procuraduría.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. En el camino, algunos gobernantes, cobijados bajo el manto autonómico, han tratado de enquistar a sus alfiles para contar, así, con una impunidad transexenal. 

Fue el caso de Veracruz, donde ¡dos gobernantes consecutivos! trataron de utilizar el mismo mecanismo: Javier Duarte y su sucesor, Miguel Ángel Yunes. 

El primero, dejó como fiscal a  Luis Ángel Bravo (quien acabaría destituido); mientras Yunes impulsó a su abogado, Jorge Winckler, para que fuera el abogado estatal. Debido a que era un alfil de Yunes incrustado en el aparato estatal, el actual gobierno de Veracruz promovió su destitución; sin embargo, se había hecho una legislación con tantas cerraduras, que removerlo del cargo era casi una misión imposible. 

Empero, buscando los recovecos de la ley, Cuitláhuac García (actual gobernador de Veracruz), contando con el apoyo de los legisladores de MORENA, logró consumar el cese del incómodo fiscal. Pero, la paradoja del asunto es que, para sustituirlo ¡impulsó a quien era la Consejera Jurídica de su administración! ¡La historia repetida como farsa, según enunció Carlos Marx, se repitió de manera consecutiva!

Cabe resaltar, el mismo patrón se generó en Morelos, donde Graco Ramírez dejó a de Fiscal a un personero suyo. Sin embargo, el gobierno actual no pudo removerlo, pues se dio una división en la coalición gobernante (MORENA y PT votaron separadamente); pasando, así, de la división al colaboracionismo. 

En tanto, en la Ciudad de México la actual administración aprobó la creación de la Fiscalía de la Ciudad de México, sitio donde Ernestina Godoy fue ratificada (ya despachaba como procuradora desde diciembre del 2018). 

Aquí se siguió un patrón interesante, pues, aunque Godoy es militante de MORENA y fue, efímeramente, diputada del partido guinda en la CDMX, cuenta con una trayectoria que la respalda, pues llegó a ser abogada de usuarios de la banca y de diversos colectivos demandantes de justicia. 

Su llegada rompió con la tendencia de que abogados cercanos al establishment ocupasen las instituciones, para así romper con el estado de las cosas preexistente. 

No obstante, en Baja California se siguió el mismo mal ejemplo de otras entidades, pues el actual encargado de la justicia en dicho estado norteño, no es un distinguido defensor de causas sociales sino ¡un abogado cercano al gobernador! De tal suerte que, la separación de poderes y la autonomía, es sólo una palabra en este lugar; pues la supeditación sigue existiendo en el fondo, aunque formalmente exista separación.

Como podemos ver, la consumación de las autonomías en las fiscalías puede ser muy buena en papel; pero en la praxis puede llegar a tener múltiples aristas. 

Tan sólo a nivel federal, el ex Presidente Enrique Peña Nieto intentó dejar como Fiscal al ex Procurador Raúl Cervantes (allegado suyo); pero las protestas del colectivo “Por una fiscalía que sirva” se lo impidieron. 

Ora que, en la actualidad, Alejandro Gertz Manero, si bien cuenta con la venia del Presidente López Obrador, pareciera actuar -en ocasiones- como alguien más cercano a los usos y costumbres del pasado, aunque trate de tener correlato con lo que sucede en la actualidad, a pesar de los esfuerzos que realiza.

Dicho lo anterior, considero una buena propuesta que se proponga la autonomía de la Fiscalía General del Estado. 

Empero, coincido con lo planteado por los diputados Miguel Colunga (MORENA) y Rocío González (PAN): si van a realizar dicha acción, que se plantee al inicio de la próxima legislatura, y no en la actualidad, cuando, al calor de un proceso electoral, y al final de una gestión y de un término del Congreso, abona más al sospechosismo que a una acción legítima y progresista (como, considero, lo es). 

Coincido: si el gobernador Corral deseaba la autonomía de la Fiscalía Estatal, debió plantearla en octubre del 2016, en lugar de enero del 2021. 

Gran tarea para la próxima legislatura y gestión ¡Pero que no debe cristalizarse en este complejo momento!