No obstante la inmediata aprehensión y aplicación de la prisión preventiva a dos de los supuestos responsables del secuestro y homicidio de la maestra Matilde Gil Herrera, esposa del dirigente del Partido del Trabajo y actual diputado local, Rubén Aguilar Jiménez, las declaraciones y textos de los hijos de la pareja concitan, una vez más, la preocupación acerca de las actuaciones de los funcionarios y mandos de la Fiscalía General del Estado.

Es un auténtico hoyo negro en la procuración de justicia en Chihuahua. Probablemente no toda la culpa se le pueda achacar al titular, pero lo ocurrido en el presente caso, denunciado por Rubén Aguilar y sus hijos en una publicación difundida ayer en la prensa de la ciudad de Chihuahua, concita una honda preocupación.

La principal de las quejas de una de ellas -Lilia- es la de “soportar constantes maltratos por parte de la Unidad Antisecuestros (UECS) de Chihuahua” y deplorar que a pesar de que “Hicimos todo lo que una familia podía hacer, buscar, aportar pruebas sin descanso, buscarla en toda la medida de nuestras posibilidades; y al ver la ineficacia de la UECS de chihuahua, (intentar) lograr que la PGR y la PF la buscaran y nos trajeran de vuelta a casa, a quien la sostenía, a mi ¡jefa!”.

Más descriptivas de este aspecto de la procuración de justicia son las expresiones de América, quien afirma que “Fueron 19 días de angustia, desesperación, impotencia, saber que la vida de mi madre y toda la familia estábamos en manos de un grupo de personas insensibles, incompetentes, irresponsables, de políticos, poco serios y comprometidos con el dolor de estos ciudadanos, nosotros, víctimas de la pérdida de uno de los miembros más importantes de la familia. Una y otra vez llevamos evidencias a la fiscalía, una y otra vez, les pedimos que se pusieran a trabajar para encontrar a mi jefa, una y otra vez, nos insultaron, minimizaron el secuestro de mi madre, una y otra vez nos revictimizaron, nos ignoraron.

Y el día 24 de abril del 2017 al final, cerraron con broche de oro, nos dieron la peor noticia que he recibido en mi vida: Habían encontrado a mi jefa muerta, enterrada en el despoblado, con un balazo en el cuerpo”.

No menos preocupantes son las expresiones de Rubén Aguilar Jiménez: “Investigamos, informamos a la autoridad y logramos que detuvieran al principal promotor de la traición que conjuntamente con otras 10 personas aproximadamente ejecutaron acciones para el secuestro y el asesinato de mi esposa.

Pero el gobierno desairadamente, seguramente con mala voluntad, dejó investigaciones de lado, dejó sin actos elementales de persecución del delito, soltó a dos o tres principales delincuentes de esta banda, y después nos dijo que ‘se les pelaron’. Ahora nos queda decir cuando desenterraron 19 días después, a mi esposa, a mi compañera, que se les pelaron como testigos pero que eran realmente implicados en el crimen. ¡Exigimos justicia para Matilde! y llamamos a la sociedad a que siga exigiendo justicia con tanto crimen que lesiona a las personas en los tiempos actuales”.

A ello, la Fiscalía General del Estado respondió que el presunto autor intelectual, cuando fue detenido, “no era sospechoso en el secuestro y homicidio”, a pesar de, según lo refieren hoy las autoridades, incurrió en varias contradicciones en sus declaraciones y de que, otra vez presumiblemente, lo dejaron ir para que los “llevara” hasta el lugar en el que se encontrara la maestra, pero se les escapó.

¡Qué casualidad!

¿Se acuerdan de la “discreta” vigilancia que la Fiscalía ejercía en su momento sobre Marisela Escobedo? Tan discreta fue que la mataron a las puertas de Palacio de Gobierno.

Así ahora, dejan ir a un presunto homicida y secuestrador “para seguirlo” y éste desaparece.

Bueno, pues todo lo relatado no le aconteció a una familia cualquiera, se trata de una en la que 5 de sus integrantes han sido, o son, legisladores locales y dos de ellos, federales, es decir, miembros de la clase política local y ese trato recibieron ¿Cuál podrían recibir los chihuahuenses que no tienen las relaciones de la familia Aguilar Gil.

De ahí la preocupación, además de la indignación por los hechos y la forma de encarar, por las autoridades prejudiciales, el secuestro de una persona, cualquiera que fueran los títulos de esta.

Tenemos graves, muy graves problemas en esa dependencia, afrontarlos de inmediato no debería ser tarea postergable.

Reciba la familia Aguilar Gil nuestro más sentido pésame.

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