Chihuahua, Chih.
La semana pasada, la Cámara de Diputados desechó la propuesta legislativa promovida por Morena para reducir el 50% del financiamiento público de los partidos políticos nacionales; la cual solo contó con el apoyo de la bancada del extinto PES. El resto de los diputados federales votó en contra.
La propuesta de reforma constitucional apenas obtuvo 274 votos a favor y 207 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría calificada que se exige para modificar el Pacto Federal. Ante este resultado, ni tardo ni perezoso, López Obrador expresó que habría que insistir hasta que se logre la reducción presupuestal de los partidos.
Los argumentos esgrimidos por los legisladores del PAN, del PRI y del PRD, algunos de ellos burdos pretextos, fue que la propuesta de Morena tiene como único propósito “asfixiar hasta el exterminio” a los partidos de oposición.
Por su parte, el conflictivo diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, expresó que para “visitar casa por casa” o para “realizar brigadas” se requieren de recursos económicos, por lo que consideró que una reducción de estos sería “irresponsable”.
A su vez, la postura de los legisladores del Verde fue que “la mera reducción del financiamiento público, sin un ejercicio de reingeniería legal puede ocasionar riesgos tales como la insostenibilidad de actividades permanentes, la búsqueda de financiamiento ilegal y, sobre todo, debilitar la equidad en la contienda, la cual tiene igual de importancia que el conteo de votos”
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, fue más allá: “si de verdad quieren ahorrar, si es auténtica la política de austeridad que pregonan Morena y el Presidente de la República, ¿por qué no eliminan la nómina y los gastos de operación de los servidores de la nación y sus coordinadores? Tan solo con ello, tan solo con ello se ahorrarían 3 mil 300 millones de pesos anuales”.
Al respecto, desde años atrás, he sido insistente en denunciar la perversidad de los partidos políticos. Les bastó plasmar en el Pacto Federal una fórmula aritmética para que -de manera automática- el financiamiento público ordinario federal se incremente año con año con tan solo realizar una sencilla operación aritmética: multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal por el 65% del valor diario de la UMA.
Sin embargo, el considerable ahorro que conlleva la reducción del financiamiento público de los partidos políticos, sería lo de menos. En efecto, el reclamo social no es tanto por el impúdico derroche de recursos públicos de estos entes políticos; sino más bien, por la ausencia total de representatividad política: los partidos políticos no son, en forma alguna, verdaderos representantes de la sociedad.
Para el catedrático Jorge K. Bernal, las cuestiones más conflictivas de otorgar financiamiento público a los partidos políticos deriva de su evidente desvinculación con la sociedad. Y aunado a eso, por la burocratización de estos entes de interés público; así como también, por su descarada sumisión ante el gobernante en turno que los convierte en partidos rémoras.
Por desgracia, en las últimas décadas, en México se ha impulsado una tendencia a crear más partidos políticos (que no son más que negocios lucrativos), cuyo único propósito es reducir las opciones de triunfos electorales a los partidos de oposición.
En otras palabras, el Estado les entrega recursos públicos a ciertos personajes que se traducen en un “beneficio personal absolutamente alejado de la verdadera finalidad que la Constitución les concede a estos entes públicos”. El ejemplo más vergonzoso es el del Partido Verde: un turbio negocio de la familia González Torres. En Chihuahua, el PT siempre ha sido un negocio unipersonal de Rubén Aguilar.
Así las cosas, no nos queda más que resignarnos ante esta forma de gobierno partidocrático a la que solo le interesa obtener el poder, para enquistar a sus leales en los cargos públicos. López Obrador es la prueba fehaciente de ello.
